El Consejo Escolar local es responsable de casi todos los males que aquejan al sistema educativo marplatense, que se cae a pedazos. Entre otras cosas, lo es de la construcción clandestina de un Jardín de Infantes, en un lote que ya tenía dueño. Para los involucrados y las víctimas, el consejo siempre es el peor ejemplo: connivencia y estafa.
El sistema educativo local dependiente de la provincia de Buenos Aires está en uno de sus peores momentos. De hecho, en esta semana se realizó una jornada en el Concejo Deliberante, donde todos los actores del problema presentaron sus pedidos desesperados de solución a problemas de infraestructura, que siguen en punto cero porque la provincia no paga nada.
Hay escuelas que se vienen abajo. Sí, literalmente, como sucede con la histórica Escuela Piloto1, que también organizó un acto público para denunciar ante la ciudadanía el estado en el que se encuentra el edificio, sin que a ninguno de los estamentos de la administración provincial parezca importarle, más que para dar una palmada en el hombro y decir: qué macana.
Lo mismo parecen decir cuando se habla de la escuela que persiste funcionando en cercanías del basural, que constituye prácticamente el ejemplo más deteriorado de las condiciones en las que un alumno toma clases, sin que a los funcionarios parezca quitarles el sueño.
Las escuelas de la provincia no tienen baños suficientes, y por eso pequeños y adolescentes se encuentran allí sin poder delimitar su uso; las instalaciones eléctricas se caen a pedazos, y hay incendios reiterados en tableros y cables, que son sofocados por el personal auxiliar cuando son alertados por los cables que comienzan a humear, en sitios que —por supuesto— no tienen salidas de emergencias ni escaleras exteriores. El gremio de ATE a veces se planta y levanta actas sobre las condiciones de trabajo de su personal. Las actas se archivan, y otro gremialista dice: “qué macana…”
Las escuelas que implementaron recientemente el sexto año de secundaria obligatoria tuvieron el crecimiento vegetativo normal, es decir, el que implica la escolarización obligatoria; pero nadie pensó dónde iban a funcionar. O sea que se dio la orden de creación de tales divisiones, se ofrecieron los cargos, los profesores se postularon para ellos en asambleas, pero nadie pensó en las aulas: al día de hoy, los sextos años no funcionan con normalidad en varios servicios educativos. Es decir que todas las resoluciones educativas, incluidas la Nueva Ley de Educación, son simples expresiones de deseo, porque nadie se ocupó de que se hicieran efectivos los recursos materiales para que representen una realidad.
La Escuela Técnica 1, por ejemplo, requiere arreglos en su edificio, cuyos materiales están pagos y arrumbados desde hace tiempo: la mano de obra no llega, y a nadie le importa. Las escuelas especiales en algunos casos no han podido comenzar las clases por falta de transportes, y recordemos que se trata de chicos que —en muchos casos— no pueden ir al colegio por sus propios medios. Tampoco es posible pensar que las familias que envían a sus hijos a las escuelas especiales de la provincia cuenten siempre con transporte propio para el traslado de chicos con dificultades físicas o mentales.
Y si no pueden ir porque no hay colectivos, el funcionario de turno dice: “qué macana…”. Y sucede que el Ministerio de Educación sigue pidiendo que se dicten 190 días de clases: cuando no se puede, simplemente pone el inicio del ciclo lectivo en mitad del verano como una muestra de la eficiencia matemática que resulta casi cínica frente a tanta miseria.
La tierra propia
Pero tal es el desmadre de la provincia, que las personas se mueren cuando llueve porque nadie se ocupó de planear por dónde se iba a ir el agua. Mal podríamos pedirles a los funcionarios que se ocupen de que se dicten clases en las escuelas. Ellos solamente se ocupan de que los papeles que dicen que se dictan clases efectivamente estén hechos, y que las fotos estén prolijamente publicadas cada vez que logran comprar cuatro sillas para un salón; cosa que este año no han podido siquiera concretar. La escuela 41 de Punta Mogotes —por ejemplo— está trabajando con turnos rotativos de alumnos, que en algunos casos han concurrido a estudiar dos veces por semana en los últimos dos meses, simplemente porque no tienen sillas.
Pero el caso que hoy da motivo a esta nota es digno de una novela, más que de la realidad tangible, y ocurrió en pleno Partido de General Pueyrredón. Eduardo De Loof es propietario de un terreno en la calle Brandsen al 9922, y recibió una multa de $900 por una construcción clandestina que se llevaba a cabo en el lote mencionado. Preocupado por el error innegable, ya que él no estaba construyendo nada, comenzó a realizar las averiguaciones del caso, y encontró que en el predio de su propiedad se construía —sin permiso alguno— un jardín de infantes provincial, el 944, que luego se llamaría Virgen de Luján por encontrarse dentro del barrio del mismo nombre.
En jardín se levantaba allí, en el marco de la licitación 063/06, en el Programa Nacional 700 escuelas, según el cual es la provincia la que licita después de realizar un convenio con el gobierno nacional, y con un préstamo del BID. Para eso, el terreno elegido debe ser necesariamente de dominio provincial, sin cuyo requisito no se encontraría dentro de las condiciones de elegibilidad que contempla el pliego. De Loof se enteraba de todas estas condiciones a la vez que trataba de comunicar en su primera denuncia al Ministerio de Planificación Federal: les decía que el terreno era suyo, y que por lo tanto la obra era clandestina.
Efectivamente, la provincia había firmado con el propietario un boleto de compra venta años atrás. Pero no se había presentado en la escribanía a concretar el proceso de escrituración, ni le había pagado a él la cifra convenida a los 30 días. Es decir que la titularidad del lote jamás se modificó. Según la denuncia, en aquel momento los funcionarios del Consejo Escolar eran Sergio Pérez Casanoves, Ana María Irigoyen y Amalia Encarnación Fulco, quienes cumplían respectivamente los roles de presidente, tesorera y secretaria del Consejo Escolar local. Ellos suscribieron la documentación con cuyo pago la provincia no cumplió, el 4 de noviembre de 1997.
Luego de eso, y mientras se ejecutaba la construcción clandestina, el titular del lote denunció repetidas veces la situación, solicitó la paralización de la obra y la clausura de la institución una vez que se hubo inaugurado, ya que -más allá del deterioro de su patrimonio- todas las mejoras realizadas en cuanto a la red de agua, de gas natural y de cloacas generarían deudas a su nombre, pues en catastro el predio figura como un lote baldío que aun le pertenece a De Loof.
El camino de la queja
Poco pudo hacer, ya que el jardín de infantes se construyó sin ningún control y sin ningún problema, por más que las notas y denuncias se repitieron, no solamente ante los actores locales sino también ante el Ministerio de Planificación y diversos funcionarios de ese sector de infraestructura, que se esmeraron en dar detalles técnicos, y comunicaban al dueño que la responsabilidad no les competía: que fue el Ministerio de Educación quien dijo haber comprado el terreno, y sanseacabó.
Pero De Loof insistía en plantear que es a su criterio llamativo que nadie, ningún estamento del gobierno , haya realizado ningún control sobre el curso de las obras, ya que el jardín no solamente no tiene habilitación municipal sino que se realizó trasgrediendo el Reglamento General de Construcciones del Partido de General Pueyrredón. Y se realizó nomás.
Parece que nadie vio nada. Por eso se pregunta el propietario, si los requerimientos y controles no les caben a todos, sean funcionarios o no, y si no será posible que estemos ante un caso de connivencia entre autoridades municipales y del Consejo Escolar, que se cubran unos a otros simplemente por comunión de intereses políticos. Puede ser.
Su última nota de respuesta está firmada por Pablo Miguel Abal Medina, Coordinador General Adjunto de la Unidad de Programas y Proyectos del Ministerio de Planificación Federal, que le dice simplemente que le reclame a la Dirección General de Cultura y Educación, porque el problema no le corresponde a su ministerio. Como si un ciudadano común tuviera que conocer todo el organigrama de la provincia de Buenos Aires para que le devuelvan un terreno que le pertenece, y que en este momento es sitio de una construcción fuera de regla que seguramente no generará más que problemas, y de los que él será, frente a la ley, el único responsable.
El ciudadano está solo frente a esta administración provincial. Pero también esta solo ante la desidia con la que su municipio no controla nada, ni vela por la seguridad de sus vecinos y solamente sigue su propia conveniencia. Por eso es que parece que en las fotos, todos ellos miran las injusticas con la misma cara con que miraban los botes que sacaban a la gente de La Plata en el momento en que el agua les llegaba hasta el cuello. Parecían decirle: “Qué macana, che. Cómo llueve…”
La impunidad del funcionario parece no tener límites, y la destreza política lo lleva a salir ileso cuando sabe de qué manera eludir las responsabilidades echándole la culpa a la fatalidad, o a otro ministerio. Recuerda la metáfora a los titulares de un balneario privado de la costa atlántica, que empujaban hacia la costa el cadáver putrefacto de un enorme lobo marino. Llegado el borde del agua, cuando el olor era insoportable y las moscas se amontonaban, dijeron a coro: ahora ya es problema de Prefectura.