Corrupción policial | Más de un año después del pedido de elevación a juicio de los policías implicados en los hechos de corrupción que rodearon el homicidio de Dardo Molina, nada importante ha pasado. Los actos están probados, pero los uniformados siguen en funciones, y hasta han ascendido. La abogada pide que los detengan.
Del asesinato del comerciante Dardo Molina devinieron una serie de investigaciones paralelas que no han terminado, aunque sí recibieron condena los autores materiales del hecho. Desde la fiscalía 10 de Delitos Económicos, los fiscales Lorena Hirigoyen, Javier Pizzo y David Bruna solicitaron la detención de los policías corruptos que están vinculados con la causa, un año después de que se pidió la elevación a juicio de estas investigaciones. Liliana Pérez, abogada de la familia de Molina, indicó en entrevista con la 99.9: “Es una instrucción paralela que tuvo muchas dificultades en su investigación. El fiscal Moyano la ordenó en febrero de 2011, poco tiempo después del esclarecimiento de la causa de Dardo Molina. Estuvo trabada mucho tiempo. Se la derivó a la Dra. Hirigoyen, y hubo dificultades de todo tipo que no permitieron que estuviera terminada para el inicio del juicio oral”. Luego aclaró: “Se hicieron investigaciones de llamadas telefónicas, se tomaron declaraciones y se ordenó el procesamiento de todos los policías. Son siete más los que están procesados. Comenzarán en breve a tomarles declaración”. Los siete policías investigados son el oficial Pedro González, oficial principal Juan Pablo Velázquez, oficial inspector Miguel Horacio Carchio, subteniente Claudio Daniel Cacciacarro, subteniente Carlos Alberto Rivero, sargento Marcos Romero y sargento Luciano Spina. Sobre ellos, Pérez aseguró: “Están en función aún hoy. Incluso, algunos han sido ascendidos”.
La cuestión es más o menos la siguiente: la causa madre es la que se instruyó para la investigación del homicidio criminis causa de Dardo Molina, un comerciante de un barrio periférico de Mar del Plata, asesinado en un intento de robo a su polirrubro en septiembre de 2010. Dardo Molina fue herido de bala en su quiosco ubicado en la esquina de avenida Luro y 190, pero murió tres meses después del hecho en el Hospital Interzonal Carlos Bocalandro de Tres de Febrero, al que había sido trasladado por iniciativa del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, debido al grave cuadro de salud que presentaba por las heridas recibidas. Los imputados en esta investigación resultaron ser Juan Sebastián Santucho, de 25 años, como autor material del crimen, y un menor apodado “Flogger”. Pero también resultaron acusados los policías Jorge Luis Camargo y Miguel Rolando Parrad, quienes habían detenido a Santucho minutos antes del homicidio cuando estaba armado, pero lo habían dejado continuar tras cobrarle una coima de 280 pesos.
Oportunamente, el Tribunal Nº 3 de Mar del Plata, compuesto por los jueces Oscar Alemano, Juan Manuel Sueyro y Daniel Peralta, fue responsable de dictar la sentencia en el caso. Se acusaba a los imputados de homicidio agravado en ocasión de robo y cohecho activo en el caso de Santucho, y peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado en el caso de los dos uniformados. En cuanto al menor de 17 años acusado, el tribunal de menores compuesto por los magistrados Silvina Darmandrail, Néstor Sala y Patricia Gutiérrez, lo condenó pero en carácter de cómplice. Antes de la sentencia, él escapó del Centro de Contención donde estuvo retenido hasta diciembre de 2010, y fue recapturado a mediados de enero de 2011 durante un allanamiento en el barrio La Herradura.
Los truchos
La cuestión que tiene que ver con la policía de la provincia de Buenos Aires alrededor de este caso resonante apunta directamente a una serie de efectivos, que dependen de las seccionales sexta y duodécima, y la estructura sólida de falsedades que se ordenó inmediatamente para encontrar culpables que ofrecer a la justicia, aunque hubieran sido inventados. Con toda impunidad, los efectivos armaron la escena necesaria para hacer aparecer como culpables del crimen a personas que no habían participado del hecho: Daniel Martín Aguirre y Martín Barría, a quienes generaron un padecimiento enorme, que pudo haber terminado en una condena injusta.
Los hechos sucedieron así:
El caso de Dardo había movilizado a la opinión pública de una manera escandalosa, tras lo cual la sociedad en masa comenzó a hacer reclamos pidiéndole a la policía que trabajara en el tema de la inseguridad. Además, a esta altura estaba cantado que la persona a la que Camargo y Parrado habían coimeado para no detenerlo por tener un arma y una moto robada, había terminado matando al comerciante. A partir de aquí, personal de la Bonaerense se puso a trabajar como si se tratara de una verdadera organización delictiva. Los implicados son hoy acusados de falsedad ideológica de instrumento público, falso testimonio agravado, allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad agravada, falsificación de instrumento público agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
¿Cómo lo hicieron? Más o menos así. El 24 de septiembre, Pedro González inventó haber recibido una llamada anónima que acusaba a dos personas por el asesinato de Dardo Molina. Dijo que se los mencionaba a través de sus apodos, pero que eran Aguirre y Barría. También dijo que la voz denunciante había dado un domicilio de los nombrados. El policía aseguraba que, por los nervios de la situación, se había olvidado de asentar el llamado en el libro de guardia correspondiente, pero que sí se lo había comunicado a todos los jefes presentes en la unidad.
A la hora de la investigación, todas las empresas telefónicas presentaron pruebas de que esa llamada al número de la comisaría nunca se realizó, al menos no a las 16: 25 de ese día como dijo González.
Lo que sí sucedió es que los policías Velázquez, Carchio, Cacciacarro, Rivero, Romero y Spina, que se conocían entre sí y se desempeñaban en los Gabinetes de Prevención de las comisarías sexta y duodécima, se encontraron con sus autos particulares y entraron a la fuerza en el domicilio de Falkner al 8500 donde vivía Aguirre, a quien pretendían adjudicarle el crimen. Lo hicieron cuando el hombre estaba durmiendo, lo sacaron de allí a patadas, según aseguró uno de los policías, y sin darle tiempo siquiera a vestirse. Al costado de la casa había una moto, pero no roja como la que se buscaba en el caso Molina, sino azul.
Sin límites
Pero eso no es todo: ese mismo día redactaron un acta falsa de esa detención. En ella hicieron constar que el procedimiento se había producido tras una persecución policial, que casualmente todos ellos se habían dado cita en la zona por la investigación del episodio del robo a Molina. Que habían visto a Aguirre en la moto que buscaban. Que le habían gritado “¡alto policía!”, y que el joven, en lugar de hacerles caso, había sacado del bolsillo un arma de fuego. Dijeron que allí se había iniciado la persecución que terminó en el interior de la vivienda de calle Falkner.
Nada de esto pasó en realidad, pero es lo que impunemente los policías acordaron decir para dar regularidad a una detención ilegal. Con estas mentiras lograron por supuesto engañar a las autoridades judiciales, y sobre todo a los fiscales y al juez de garantías, que por supuesto firmó una autorización para un allanamiento que no correspondía.
Ese mismo día, todos los policías nombrados daban testimonio en el marco de la investigación, y ratificaban un acta de procedimiento totalmente falsa.
Ahora ya tenían la orden de allanamiento firmada por el juez Errandonea. Entonces, Carchio, Cacciacarro, Spina y Romero, de la seccional 12, redactaron un acta de ese allanamiento, también falsa, en la que hicieron constar que en un mueble de la cocina de la casa de Aguirre habían encontrado una pistola Bersa 22, la que se había usado para balear a Molina. Todos ellos sabían que esa Bersa había sido incautada el día 22 a Santucho, y que lo habían hecho los policías Parrado y Camargo. Los policías pusieron la pistola allí antes para justificar una detención injustificable. El mismo día 27 prestaban declaración en la seccional, y decían que lo que había sucedido era exactamente eso que decía el acta.
El juez de garantías Roberto Errandorena fue sin embargo quien creyó que no era necesario apresar a todos los policías nombrados. “La cantidad de personas y el tipo de hecho han provocado que los fiscales consideren la detención (…) Acá hubo una resistencia a la instrucción y, por lo que pude ver, tampoco desde Asuntos Internos se le ha dado la relevancia que en su momento se pidió”, dijo la abogada Pérez.
Todavía hoy, después de tanto tiempo, los agujeros en el sistema siguen existiendo y hay causas que parecen perdidas: “las órdenes, por lo que yo entiendo, van al Ministerio de Seguridad para que se tomen las medidas correspondientes para la investigación. Puede ser que las causas estén en algún lugar y no nos hayamos enterado. Si se hubiera ordenado la investigación, tendría que tenerla la Fiscalía de Delitos Económicos, pero no me he enterado de nada cuando averigüé”, agregó Pérez.
En medio de todo esto, está el dolor de la familia de Dardo Molina, que quiere llegar hasta el final en todo esto. “Esta causa para la familia es el último eslabón del calvario. La familia es como que no termina nunca con esto. Si lo que declararon en su momento Parrado y Camargo es verdad, algunos de los que serán juzgados ahora son los que le dieron la orden de liberar a Santucho, están involucrados en el hecho”, resaltó.
Habitualmente, cuando los funcionarios policiales son investigados, suelen no volver a sus puestos. Pero en este caso, todavía no se entiende por qué siguen desarrollando sus tareas normalmente: “Costó mucho la obtención de los legajos, los han ascendido, cambiado de lugar. No sabemos por qué en otros casos, cuando están investigados, los ponen a disponibilidad, y en este, no. Nos llamó la atención que los fiscales hayan tomado la determinación de considerar que la detención es importante y no les hayan prestado atención”.
Terror. La única sensación que produce saber que quieres son capaces de adjudicarle un asesinato a cualquiera siguen con uniforme y con cargo jerárquico. Verdadero terror de la gente simple.