En estos días, distintas resoluciones judiciales colocan al Gobierno en serio entredicho en vistas de las elecciones de medio término de este año.
El fiscal Alberto Nisman presentó un documento de 500 fojas que, en medio de la fuerte polémica por el acuerdo del Gobierno con el régimen iraní sobre la causa AMIA, pone en jaque ese memorándum firmado por el Ejecutivo argentino y el presidente Mahmoud Ahmadinejad. Nisman sostiene en su presentación que Teherán instaló “estaciones de inteligencia” en Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam con el fin de “cometer, fomentar y patrocinar actos terroristas, en consonancia con sus postulados de exportación de la revolución iraní”.
En otra resolución judicial que impacta la línea de flotación gubernamental, la Cámara Federal porteña ordenó reabrir una causa contra Alejandra Gils Carbó por nombramientos irregulares de fiscales ad hoc o subrogantes, en tanto que un fiscal pidió investigar a la Procuradora General de la Nación y al juez federal Sebastián Casanello por el supuesto encubrimiento del empresario Lázaro Báez en la investigación por lavado de dinero. La decisión de reabrir la causa contra Gils Carbó fue resuelta por la Sala I de la Cámara Federal al revocar una decisión del juez federal Casanello, quien había considerado que los nombramientos de la Procuradora no constituían delito, en el marco, además, de una denuncia previa realizada por el senador de la UCR Mario Cimadevilla. Precisamente Cimadevilla señaló esta semana a este medio que hay delitos de “lesa corrupción” (sic) que deben ser investigados.
Pero el detalle de mayor impacto para el Gobierno puede venir de un caso que la Corte ha tomado por propio requerimiento: la causa Nores, así llamada por ser José Manuel Moyano Nores el querellante en contra del Estado nacional ante la negativa de venderle dólares para pagar la hipoteca de su vivienda. La Corte Suprema de Justicia solicitó a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que le remita el expediente de un deudor hipotecario que le pidió a la Justicia que se le permita comprar dólares en el mercado oficial para cancelar un crédito oportunamente contraído en esa moneda. El pedido confirma que el máximo tribunal se apresta a analizar un caso relacionado con los efectos que el cepo cambiario tiene sobre la economía.
Tal vez por ello la información sobre el pedido estuvo envuelta en tanta confusión. Una fuente de la Corte filtró a algunos medios periodísticos que ese tribunal había solicitado a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que se ocupe de dictaminar sobre la cuestión. Horas más tarde, el Centro de Información Judicial (CIJ) rectificó la especie, y aclaró que sólo había pedido acceder al expediente.
Se trata de la causa M.237.XLIX “Moyano Nores, José Manuel c/ Estado Nacional – AFIP s/ amparo ley 16.986”, iniciada por ese particular por la presentación de un amparo para poder comprar dólares. Moyano Nores tomó un crédito en moneda extranjera para vivienda con garantía hipotecaria y recurrió al amparo para poder comprar divisas tras argumentar que su acreedor “se niega” a recibir pagos en pesos. Insólitamente, tanto en primera como en segunda instancia le negaron legitimidad procesal, aduciendo que no había agotado la vía administrativa y no había probado el daño.
Notable: un ciudadano toma deuda en moneda extranjera ajustado a derecho; la ley que norma la situación no ha cambiado, pero sí la política sobre acceso a monedas de terceros países. Al negar la compra por indicación de la AFIP, quien busca adquirir debería comprar en el mercado paralelo, ilegal para la ley argentina, pagar en pesos -lo cual su acreedor no acepta- o caer en mora. Difícil pensar que no está acreditado el daño.
De la decisión de la Corte en este caso se desprenderán factores políticos y sociales que van a marcar la agenda del segundo semestre, por encima aun de la elección de octubre.