Abogados que representan al país solicitarán que se aplique el “Discovery Process”. Mostrará supuestas vinculaciones de la nacionalización con causas locales de corrupción. Será el jueves 11-J en la primera audiencia del caso, luego del fallo negativo de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
El Gobierno decidió cruzar el juicio que los fondos Burford y Eton mantienen contra Argentina en los tribunales de Loretta Preska en Estados Unidos por la reestatización de YPF, con las causas de corrupción que se investigan en el país. Y así, en consecuencia, reclamarle a la jueza del Distrito Sur de Nueva York que la causa debe continuar en Buenos Aires y abandonar ese tribunal. La intención oficial es que Preska conozca la situación del ex ministro de Infraestructura, Julio de Vido, uno de los dos responsables directos de la operación de la petrolera en 2012; y su potencial responsabilidad en el caso por el cual el país deberá pagar hasta u$s3.000 millones si es encontrada culpable. Y como el exfuncionario de las tres gestiones del gobierno kirchnerista no puede salir del país, sólo podría declarar en Buenos Aires. El argumento para convencer a la jueza, es que el testimonio de De Vido podría hacer caer la demanda del fondo Burford, sobre el que se basa la causa. El planteo de los abogados del estudio Cravath, Swaine & Moore (CS&M) que representan al país, incluyó este razonamiento como el contenido más importante del reclamo de “Discovery”, en el texto que el miércoles fue enviado a Preska. Ahora la jueza tendrá hasta el jueves 11 de julio para leer y analizar el documento, para ese día escuchar directamente las explicaciones de la acusación y la defensa en la primera audiencia sobre la causa a la que llamó Preska luego del fallo de junio de la Corte Suprema de EE.UU., donde se rechazó el primer planteo de la Argentina de mudar el caso al país.
En la línea del Discovery, la intención de CS&M es que también tengan que declarar el exministro de Economía Axel Kicillof (principal ejecutor de la reestatización de la petrolera) y el resto de los funcionarios nacionales y directores de la compañía que intervinieron en ese proceso.
Según el especialista Sebastián Maril, las posibilidades de que se dé el cambio de juzgado bajo estos argumentos es complicada. El director de FinGuru afirmó que “el Discovery abre un proceso en el cual ambas partes pueden pedir cualquier información relacionada con el caso para probar culpabilidad o desestimar la demanda”. En este caso “la Argentina seguramente quiere mostrar a Preska que las empresas Petersen compraron el 25% del paquete accionario de YPF de manera irregular, motivo por el cual la demanda debe ser desestimada” y “si Preska accede y la Argentina proporciona esas pruebas, podría salir ilesa”. Las dudas que surgen ante el argumento elaborado por los abogados que defienden a la Argentina son dos. En primer lugar, Preska puede cuestionar porque estas pruebas no fueron presentadas antes. Además puede requerir esas pruebas las que, por lo que se conoce en Buenos Aires, no habrían sido obtenidas aún y estarían en el terreno de las sospechas. No hay causas abiertas, y menos avanzadas que investiguen lo que argumenta el país, sobre que la operación de compra de Petersen de las acciones de YPF fuer irregular.
Hay un argumento aún más fuerte. La causa está siendo iniciada por el fondo de inversión Burford Capital, que compró el caso en los tribunales españoles meses después de haberse presentado Peterser Energía y Petersen Energía Inversora en quiebra ante los jueces comerciales de Madrid, luego de la reestatización de la petrolera, y cuando la gestión que encabezó Kicillof prohibió distribuir dividendos. Lo que figura en la quiebra en Madrid es que para pagar su ingreso a la petrolera, el Grupo Petersen requería de los dólares de los dividendos para cumplir su plan de liquidaciones; lo que quedó trunco con la manera de ejecutar la reestatización; con lo que lo que figura en la letra de la causa en España es que Burford compró una quiebra directamente a la Justicia de ese país, y no a un privado. En todo caso, los abogados de CS&M tendrán que demostrar vínculos entre Burford Capital y Petersen, lo que parecería difícil.
Para esto, los profesionales norteamericanos podrían recurrir a otro mecanismo, también vinculado al “Discovery Process”, en el caso de que este sea aprobado por Preska. La magistrada de primera instancia del segundo distrito sur de Nueva York podría decidir la apertura de los accionistas totales que litigan contra el país, antes de pagar o de rechazar la liquidación que reclaman los demandantes, y que podría llegar a los u$s3.000 millones. Si Preska habilitara el reclamo, se podrían conocer quiénes son, con nombre y apellido, los litigantes contra el país asociados con el fondo Burford que comanda las acciones legales. Y, según las argumentaciones de los abogados de CS&M, podría haber luz sobre la manera en que se realizó la operación de venta del 25% de YPF.
El listado que podría reclamar Preska es explosivo. En ese listado se sospecha tanto en Buenos Aires como en el propio tribunal de Nueva York que los nombres que podrían aparecer serían sorpresivos y podrían incluir, además. apostadores locales en contra del país, en una inversión con potencial de ganancia megamillonaria y cuya suerte dependería de lo que resuelva Preska. En tiempos de especulación se estimaría -incluso- pensar que podría haber en ese listado ex y actuales funcionarios. También empresarios y hombres de negocios en general. En todos los casos se trataría de personas que intentaron especular con que Burford llevaría adelante el caso con éxito y que la Argentina inevitablemente lo perdería.