La consejera escolar de la Unión Cívica Radical (UCR) denunció una cantidad de disposiciones por contrataciones directas en el Consejo Escolar que estarían destinadas a emergencias o urgencia imprevisible. Las mismas superarían el millón de pesos en lo que va del año. “Espero que me demuestren que estoy equivocada”, indicó en la 99.9, y pidió que se intervenga la Auditoría General del municipio.
El Consejo Escolar del Partido de General Pueyrredón sigue bajo sospecha contínua. A tal punto, que la consejera de la Unión Cívica Radical, Claudia Píccolo, pidió la intervención de la Auditoría General del Municipio para controlar las cuentas de la entidad ante supuestas irregularidades que se agregan a las ya denunciadas.
Esta mañana en la 99.9, la propia consejera indicó que “el tema viene de largo tiempo. He solicitado en sesión a la tesorera la revisión de cuentas detallada que debe hacerse de forma mensual y trimestral, que también debe realizar con el secretario técnico del Consejo Escolar. Esto nunca fue entregado desde que asumió María Eugenia Prada como Tesorera”.
Al no recibir respuestas, Píccolo realizó una investigación y expuso los resultados: “como lo he pedido insistentemente y no hubo informes, me tomé el trabajo de agarrar una carpeta de disposiciones firmadas por contrataciones directas del presidente del Concejo. Estas disposiciones tienen que se avaladas en la sesión inmediata posterior a la contratación directa. Hace aproximadamente un año que no aprobamos las disposiciones por emergencia-urgencia porque no entregaron los informes. No se puede avalar algo que no se ha visto”. Luego abundó: “al sumar las disposiciones por contratación directa, me encuentro con que el presidente ha hecho desde enero a mayo disposiciones por más de un millón de pesos; al menos, en las que tengo a la vista. Es tan organizado el funcionamiento que no están foliadas”.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, expuso la situación en el recinto, donde todos los consejeros podían opinar: “en el cuerpo deliberativo indiqué que me llamaba la atención que se haya gastado más de un millón de pesos, poniendo a disposición que se solicite la Auditoría General. En forma mayoritaria, el resto de los 9 consejeros votaron por el ‘no’, entonces pedí el voto nominal”.
Si uno piensa en la lógica de esta reflexión, está clara la necesidad de una explicación oficial: “entiendo que lo imprevisible no puede ser más de un millón de pesos. El presidente indica que caen 250.000 pesos por mes hasta mayo y no puede ser que se vayan 200.000 por hechos imprevisibles. Me dicen que ‘no’ a un pedido de emergencia educativa en el ámbito de infraestructura, pero tenemos un millón de pesos en contrataciones directas hechas por el presidente. La justificación en la disposición se ajusta a la Ley de Contabilidad, que es emergencia o urgencia imprevisible. Yo entiendo por eso, por ejemplo, la caída del granizo hace unos meses”.
Aprovechando la oportunidad, Claudia Piccolo pidió que se planifiquen obras para no llegar a una emergencia: “no llegamos a las tomas porque sí. La necesidad es real, los establecimientos necesitan reparación. Pero si seguimos atrás de la supuesta emergencia, no vamos a lograr nunca planificar un trabajo. No puedo creer que haya un fundamento válido”.
A medida que transcurren los días, se pueden interceder algunas medidas para pedir claridad en situaciones donde el destino del dinero no es claro. Por eso, la Consejera destacó que “la Auditoría General es una herramienta para verificar si realmente es transparente ante la sociedad su organización y fundamentos. Sirve para saber si la gestión está trabajando como corresponde. Me sorprendió que el resto de los consejeros no lo hayan visto así”.
A pesar del revés que sus propios colegas le propinaron con el voto negativo, Píccolo anticipó que esperará una respuesta oficial: “espero que me demuestren que estoy equivocada”.