El ministro de Seguridad bonaerense volvió a cuestionar a la Justicia y denunció que hubo liberados que no pertenecen a grupos de riesgo.
Luego de que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires haya dado marcha atrás suspendiendo el hábeas corpus que permitía la liberación masiva de presos, el ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni, volvió a cuestionar el accionar judicial: “Nadie sabe a quién se liberó y dónde están”.
El funcionario del Gobierno de Axel Kicillof fue contundente y dijo que el tema de la liberación de presos “ya está cerrado”. “Quedó clara la irresponsabilidad de un sector de los tres poderes que son los dueños de poner preso y sacar a un individuo”, agregó.
Berni sostuvo que el accionar de los jueces involucrados “se llevó a cabo de manera desordenada y hasta violenta para la sociedad y ejemplificó: “Mandar a un violador a prisión domiciliaria a media cuadra de su víctima es un acto de provocación”. En ese sentido criticó que “no hubo ningún tipo de control”. “Nadie sabe a quien se liberó, dónde están, qué hicieron. Muchos de los que se liberaron no pertenecen a grupos de riesgo”, denunció.
Con respecto a la situación del sistema penitenciario, el titular de la cartera de Seguridad provincial, opinó: “El problema penal es muy delicado: es un lugar de encierro, sanitariamente es un lugar de mucho riesgo, están superpoblados, ahora lo que ha irritado a la sociedad es la manera en la que se llevó a cabo el procedimiento. No es lo mismo liberar a una persona que no es un riesgo latente para la sociedad, que liberar porque sí, sin saber siquiera dónde van”.
“Su condición de detenido no le quita su condición de ser humano. Ahora, entre la libertad y otras alternativas, los jueces eligieron el camino más corto. El Poder Ejecutivo por más que quisiera no tiene atribución”, manifestó, quitando responsabilidades tanto al Gobernador como al presidente Alberto Fernández.
En tanto, Berni también respaldó el anuncio de Kicillof para “la construcción de diferentes obras que van a permitir ampliar el sistema penitenciario en 1450 vacantes”. Si bien destacó que “es un avance rápido”, aclaró: “Gobernar es establecer prioridades, en una provincia donde todo falta y nada sobra, está el interrogante: ¿qué hacemos, hospitales o cárceles?, ¿escuelas o cárceles?, ¿obra pública o cárceles?”.
“No tengo dudas de que hay que hacer una fuerte reforma penitenciaria, las cárceles son depósito de detenidos que no cumplen su función de resociabilizar y reinsertar. Los internos tienen que aprender un oficio, la única manera de reinserción social que existe es el trabajo”, concluyó.
La Suprema Corte bonaerense aceptó este martes revisar el hábeas corpus colectivo que impulsó los pedidos de libertad y arrestos domiciliarios de cientos de presos en la Provincia y que había sido concedido por Casación. Por lo pronto, el tribunal ordenó que se suspendan los “efectos de la decisión cuestionada”, mientras estudia el caso en detalle.
El máximo tribunal provincial escuchará a los protagonistas: les pidió su opinión al procurador general, Julio Conte Grand, jefe de los fiscales; y al defensor ante Casación, Mario Luis Coriolano, que representa a las 19 defensorías generales que pidieron el hábeas corpus al que hizo lugar el juez del Tribunal de Casación, Víctor Violini, en un fallo dictado el 9 de abril pasado que quedó en el centro de la polémica.