Los especialistas consideran que para la expansión del virus fue mucho más relevante el transporte público.
El 7 de marzo de 2020, las autoridades sanitarias pensaban que la situación del coronavirus estaba más o menos bajo control. O al menos eso decían, basándose en los datos que le proporcionaban las comunidades autónomas. El viernes 6 estas reportaban unos centenares de casos (365) localizados sobre todo en tres provincias: Madrid, La Rioja y Álava. De la mayoría se conocía su procedencia y su cadena de transmisión, por lo que se decidió mantener un estado de vigilancia, y no pasar a una contención agresiva. La realidad era otra. La epidemia ya había explotado y estaba oculta por culpa de un diagnóstico insuficiente. Esa realidad no llegó a los informes oficiales hasta el 9 de marzo, el día que cambió oficialmente el escenario.
Ese fin de semana millones de personas se desplazaron en transporte público, acudieron a bares, a restaurantes, a conciertos; miles hicieron oposiciones y fueron a mítines políticos. También a las manifestaciones feministas del 8 de marzo, que desataron una tormenta política y, ahora, también judicial, en la que están en el punto de mira el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y en la que la Guardia Civil ha señalado también a Fernando Simón.
La vida ese fin de semana seguía prácticamente igual que hasta entonces. Se recomendaban medidas de higiene y, más allá de la cancelación del Mobile World Congress, en contra de la opinión del Gobierno nacional y autonómico, tan solo se había tomado una medida drástica preventiva: que los encuentros deportivos con equipos de las zonas más afectadas (por entonces se referían sobre todo al norte de Italia) se disputasen a puerta cerrada.
Pero ya entonces había voces que empezaban a alertar sobre la potencial gravedad de la epidemia. Cada vez más eran las que alertaban de que se estaban escapando casos, algo que quedó de manifiesto cuando se localizó el virus en algún fallecido sin diagnosticar y en enfermos de neumonía grave que no habían sido detectados en primera instancia.
Con estos precedentes, hay dos preguntas clave: la primera es si se actuó con negligencia (o incluso prevaricando) al permitir las manifestaciones. La segunda, si las concentraciones fueron un detonante fundamental en la expansión del virus por España o por Madrid. Los expertos consultados tienen clara la respuesta a esta última: no fue clave y su efecto, si lo tuvo, resultó marginal. Coinciden en esa opinión más de media docena de consultados, algunos de los cuales han preferido no aparecer citados.
“Técnicamente el asunto tiene poco recorrido. No se puede saber qué porcentaje de transmisión hubo, pero sí que fue extremadamente bajo comparado con todas las demás actividades que se venían realizando, especialmente el transporte público”, dice Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. En la misma línea se manifiesta Antoni Trilla, epidemiólogo y uno de los miembros del equipo científico que asesora al Gobierno: “Imposible saber cómo contribuyó la manifestación. Las explicaciones de Fernando Simón [quien dijo que si tuvieron efecto sería “muy marginal”] son razonables. Probablemente no contribuyó significativamente; cada día, antes y después, se movían millones de personas en metro. La manifestación no fue un evento único de gran contagio en una ciudad en la que todo el mundo se quedaba en su casa y no hacía nada. Fue una situación más”.
Responder a la primera pregunta es más complicado. Si hubo prevaricación lo tendrán que resolver los jueces, en el caso de que decidan investigarlo. Sobre si fue una decisión incorrecta, los expertos consultados insisten en recordar lo que se creía entonces: que había solo unos centenares de casos y que la transmisión asintomática era anecdótica. Ambas afirmaciones se han demostrado falsas. “Es muy fácil predecir el pasado, entonces había una enorme incertidumbre”, coinciden varios.
El problema de base fueron los diagnósticos. Aunque muchos médicos ya advertían de que con toda seguridad había muchos más casos de los detectados, los protocolos del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) marcaban que solo había que hacer pruebas a quienes tuvieran síntomas y procedieran de zonas de riesgo (por entonces Italia, China, Irán, Corea, Japón y Singapur), a quienes hubieran estado en contacto cercano con un positivo o aquellos casos de neumonías graves de origen desconocido. Estas restricciones contribuyeron a que se colaran cientos de casos inadvertidos que, como luego se comprobó, desencadenaron una crisis sanitaria de proporciones nunca vistas por varias generaciones. Cientos de personas con síntomas no eran ni siquiera valoradas por especialistas porque no habían viajado ni estado con ningún positivo confirmado. “Con la capacidad de crear PCR que había tampoco se podía hacer otra cosa. Es decir, la fotografía llegaba tarde, pero es que además estábamos mirando solo una parte del mapa”, resume un especialista en salud pública que trabaja en la Administración y prefiere no aparecer citado con su nombre.
Los preceptos del ECDC son los mismos que usó el ministerio para dar sus recomendaciones. En dos informes del 3 y el 6 de marzo aconsejaba cancelar actos multitudinarios, pero solo los que tuvieran previsiblemente implicadas a personas procedentes de zonas de riesgo, como las competiciones deportivas cuya celebración se decretó a puerta cerrada. El propio ECDC ya recomendaba el 2 de marzo no acudir a reuniones masivas innecesarias. Pero, para el escenario 1 (de los cuatro que contemplaba), en el que se encontraba España, decía: “La cancelación de las reuniones masivas en la UE/EEE puede estar justificada en casos excepcionales (por ejemplo, grandes conferencias con un número importante de participantes de una zona afectada). La decisión de cancelar deberá ser coordinada por el organizador y las autoridades de salud pública y otras autoridades nacionales, caso por caso […] se recomienda la cancelación de las reuniones masivas durante los escenarios 3 y 4”.
El 8 de marzo habían muerto en España 17 personas por covid-19. Esa noche todo cambió. Y no por las manifestaciones. La Comunidad de Madrid comenzó a reportar una importante bolsa de casos. Ya no estaban controlados. El goteo de positivos diarios, de unos centenares, se multiplicó en Madrid por ocho de un día para otro. Esa semana se comenzaron a tomar medidas, a cerrar colegios, impedir actos, mientras los positivos crecían día tras día. Estas primeras precauciones fueron efímeras: solo unos días después, el viernes 13 de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció para anunciar un estado de alarma en el que todavía estamos sumidos.