Las graves falencias en materia de seguridad crearon en la sociedad un estado de zozobra constitutivo de una situación de emergencia. La apelación social a medidas duras, la exigencia reiterada de incremento de penas, son muestras de que el “garantismo” (y los “garantistas”) son ideas foráneas e inaplicables a nuestra realidad.
Por eso decimos “Explicar no justifica”: porque no justifica pero permite entender. Días pasados en nuestra ciudad se vivieron dos episodios simultáneos, violentos, más propios de una comunidad embrutecida que se mueve por instinto animal, que de ciudadanos de una orgullosa capital del turismo y de congresos internacionales.
Por un lado, un individuo aberrante quiso llevar a cabo una acción subhumana como lo es violar en un terreno descampado a una menor de cinco (5) años; un hecho incalificable desde cualquier punto de vista. La familia y los amigos de la víctima salieron en su búsqueda, y cuando encontraron al sujeto poco menos que in fraganti, le propinaron una golpiza feroz que produjo su muerte.
Escenario uno: la sociedad enardecida que se manejó de forma abrupta, primitiva, donde de golpe se equiparan quienes reclaman justo castigo con quien ha cometido el daño original. El concepto de justicia por propia mano es inadmisible e “injustificable”. Pero veamos el escenario dos: todos quienes participaron lo hicieron con esa sensación de horror ante la violación, y convencidos como estaban de que la Justicia operaría de forma lenta, protegiendo más al victimario que a una criatura que posiblemente quede marcada de por vida. Entonces, aún siendo injustificable, se “entiende” la indignación aunque se rechace el método utilizado.
Pero no perdamos de vista que, acá, hay un tercer culpable: el violador es el primero, quienes lo lincharon fueron los segundos, y la caterva de jueces “progre” que se llaman a sí mismos “garantistas”, pero no de la población en su totalidad sino sólo de los delincuentes, a los que considera víctimas de la injusticia social. Una falacia que ha provocado hasta muertes -al liberar homicidas y reincidentes-, sin que se les mueva un pelo. Del tema hablamos con Diana Cohen Agrest, magister en Bioética y doctora en Filosofía de la UBA.
Noticias & Protagonistas: ¿Cómo explicarse esto que sucedió?
Diana Cohen Agrest: Es como en Fuenteovejuna, pero deberíamos preguntarnos: ¿qué pasa cuando la justicia no cumple con sus obligaciones? Bueno, sucede esto: que la única opción terrible, aberrante, que nos hace volver al estado de naturaleza, es ver a una sociedad caer en la justicia por mano propia.
N&P: A esto nos han llevado los garanticidas, con Zaffaroni a la cabeza, desde hace décadas, en esa idea establecida de que lo suyo es superioridad cultural e ideológica…
DCA: Cuando lo que hacen en realidad es practicar una justicia desviada, hemipléjica, que mira con un solo ojo, y ese ojo ve mal. Porque afirman que van a defender las garantías y derechos de los menos beneficiados en la lotería de la vida. Pero es un error, porque por lo general la víctima es tan pobre, tan marginal y ha ganado tan poco como sus asesinos. Es una falacia donde se intenta defender al que menos tiene pero se ataca en el mismo gesto a la víctima, que suele ser de igual condición.
N&P: En Mar del Plata son muchos los afectos a esta línea jurídica…
DCA: Convengamos que las tres últimas generaciones de juristas fueron formadas con ese ideario. Todos los abogados de menos de 40 años tienen a Zaffaroni como el máximo referente.
N&P: El problema es que, como un hijo mal nacido del Proceso, se desvirtuaron las cosas: el concepto de autoridad, de responsabilidad. Se puso patas arriba la idea el bien y del mal.
DCA: Hay una inversión respecto de quién es el culpable y quién la víctima. Volvemos a caer en el “por algo habrá sido”. Si una chica es violada “será su culpa por llevar la pollera tan corta”. Se criticó esa frase pero se la repite en un contexto democrático para culpar a la víctima. Estamos frente a un desquicio.
N&P: En dos artículos, usted desglosa las expresiones de Zaffaroni cuando explicó el mapa de la violencia y la inseguridad en Capital Federal.
DCA: Ese informe salió en Infobae pero enmascara muchos errores, falencias, creo que se puede leer de muchas formas. Esto lo digo desde el sentido común, más allá de las consideraciones profesionales que pueden caberle.
N&P: Muchos compartirán su idea, pero usted puede ponerlo en contexto con los sofismas que tanto utiliza Zaffaroni en su lenguaje.
DCA: Hasta nos “entrampa”, porque uno se cubre usando la misma retórica que él creó, y al final se corre el riesgo de terminar haciéndole el juego, por eso hay que ser muy cuidadoso. Yo terminaba una nota del diario La Nación con una frase de Sabina que dice “hay que llamar a las cosas por su nombre, al pan pan, al vino vino, al sobaco sobaco, y al delincuente delincuente”. Con esta retórica se lo llama “prisionerizado”, que no es el nombre correcto.
N&P: Es que la teoría sociologizante del crimen que utilizan los garantistas presenta enormes huecos, ¿verdad?
DCA: Observemos el caso de Etchecopar. Ahí tenemos un caso en el que quienes lo asaltan y agreden llevaban una vida espléndida a costa del delito. Tenían un departamento con equipos de audio que costaban fortunas, usaban autos caros, en fin, no eran sujetos desesperados por el hambre que salían a tomar lo que pudieran.
N&P: Son hedonistas que no quieren trabajar, lo único que les importa es el dinero fácil, independientemente del daño que se le haga a otro, al que no consideran.
DCA: Concuerdo. Uno no debe hacerle el juego a Zaffaroni cuando sale a decir que hay crímenes de primera y de segunda. Porque si bien hay delincuentes que lo hacen sin necesidad, hay que aclarar que los de “segunda” como los llama él, son casos de los que hay cientos: chicos como el que va con su moto llevando empanadas en un delivery, y el que lo asalta o mata es de su misma extracción social. Hay un inocente que trata de ganarse la vida, y el otro también es víctima de la sociedad, pero lo resuelve con violencia. La necesidad puede ser la misma, la manera de enfrentarla es lo diferente.
INDEC penal
Un muerto en la periferia vale lo mismo que uno de barrio rico. Esto no merecería ni siquiera dos líneas de aclaración y, sin embargo, a veces pareciera que hay categorías a la hora de convertirse en víctimas. A veces da la sensación de que hasta existe una puja entre el poder y los medios por ganar control, espacios e imagen entre los sectores marginales.
O como dice Diana Cohen, hasta surgen falacias vergonzosas con clara manipulación discursiva. “Zaffaroni dice que aumentaron los asesinatos en riña –explica la entrevistada-, y yo a esto le respondo que, en primer lugar, vale tanto un muerto en riña como otro en otra circunstancia violenta. Y si no lo entiende así, el que discrimina es él”, señala con contundencia. Agregando: “La estadística se manipula: ¿cómo se califica una riña? Si una persona entra a una casa y el propietario resiste, ¿cómo se caratula? Es un concepto mendaz, variable, uno puede poner “riña” casi en cualquier muerte salvo accidentes”.
Incluso aporta que el concepto estuvo avalado por datos del Ministerio de Salud; en efecto, se creó un casillero en las actas de defunción de los hospitales: se llena con las muertes por causa externa intencional no determinada. Cualquier muerto que viene de zonas marginales, cae en ese casillero automáticamente, entonces eso baja la tasa de homicidios. “Lo de riña es otra maniobra, porque no hay manera de identificar tan específicamente esa causa. El chico que defiende la moto con la que lleva empanadas, ¿también está en riña? Hay una gran imprecisión manipuladora, es como el INDEC del sistema penal”, comparó.
Para aclararlo conviene distinguir entre inseguridad material y seguridad jurídica. Lo que la Argentina vive hoy es una situación pública de inseguridad material. Salir de noche es peligroso. Pero también lo es ya salir de día. Los asaltos a mano armada, los robos en banda, el cuatrerismo, los secuestros, los múltiples ataques con violencia a la propiedad y a la libertad de los habitantes, y la persistencia en el tiempo de tal estado de cosas, constituyen ese estado público de inseguridad material.
La seguridad material se logra mediante una más eficiente prevención, antes de que el delito se cometa, y una más eficaz e inmediata represión una vez cometido, mientras que la seguridad jurídica se obtiene controlando la legalidad constitucional en cada una de esas etapas, todo ello con una adecuada descentralización por distritos, y un funcionariado jerarquizado y dignamente remunerado.