Consejo conflictivo. La conflictividad en el Consejo Escolar de General Pueyrredón ya es un clásico. La consejera Eva Fernández quedó expuesta por un escrito que elevó su par Claudia Piccolo a la presidenta del organismo, Carina Cermesoni. Para estupor de Piccolo, el escrito —que era un documento interno sin otro propósito que pedir correcciones en los contratos— apareció publicado en La Tecla entre potenciales —“habría”, “sería”, “podría”—. El articulo de marras pasó del escritorio de Cermesoni al medio propiedad de Marcos Baudry, a quien se lo suele sumar al clan Balcedo, del cual él jura estar muy alejado. Sí integra hoy el equipo de Sergio Berni en seguridad, lo que permite hacer la lectura de que se trata de una serie de enfrentamientos en el Frente de —algunos— Todos, ya que la consejera señalada pertenece a al mismo campamento político.
Consejo conflictivo II. Eva Fernández, al ser requerida al respecto, declinó dar explicaciones aseverando que Piccolo ya había aclarado las cosas. Un tanto raro todo, dado que ambas han sido en años pasados fuertes actoras en el sistema y tienen funciones de competencia cierta. Fernández está a cargo de infraestructura, ya lo estaba en la pasada gestión, y daba cuerda a diario con los problemas edilicios en todo el ámbito de competencia. Claudia Piccolo fue quien armó el informe que desató la infame intervención al Consejo en el gobierno de María Eugenia Vidal. Qué tufillo.
Consejo conflictivo III. En nada quedaron los fastos de la denuncia de corrupción —por no ser parte del sistema de contratos— al respecto del servicio de comedores escolares —crucial hoy en pandemia—, el cual quedó en manos de Blu Catering. En una reciente encuesta de calidad, la empresa obtuvo altos resultados de satisfacción entre responsables del sistema. El servicio alimentario escolar fue evaluado con 9.4 sobre 10. Este ejercicio, realizado entre 71 establecimientos, evaluó entre marzo y mayo la calidad productos entregados (cantidades, tipo, marcas), fechas y horarios, limpieza, trato, atención de consultas y reclamos, entre otros. Que algo funcione bien en tremendo gallinero, no es poca cosa.
Insólito y cruel. Lo que le ocurrió a la abogada Gabriela Baruffaldi, quien realizó una presentación digital ante el juzgado civil 12, en manos de la jueza Garcia Marcote. Para que la presentación procediera, la magistrada le exigió entregar la presentación en un plazo de 24 hs con la firma del cliente representado. Cumplido que fue, la jueza la denunció penalmente ante una fiscalía de la justicia federal por quebrar la cuarentena. El estupor que provocó el hecho corre como reguero de pólvora en Twitter entre abogados y actores del plano judicial de la ciudad, quienes aguardan con expectativa la encendida defensa del colegio local, cuando menos.
Cierres y crisis. Un estudio crítica el modelo del impacto del coronavirus elaborado por el Imperial College por no contar con un análisis de las consecuencias de aconsejar la cuarentena como único método para enfrentar la pandemia. Señala: “El artículo del Imperial College no fue revisado por pares. La simulación y programación en la que se basa aún no se ha publicado en el dominio público. Dado que sus recomendaciones estaban en desacuerdo con la política vigente en el Reino Unido, la comunidad científica internacional parece haber establecido un nivel muy bajo en su amplia aceptación. En retrospectiva, las situaciones de emergencia como esta pandemia deberían requerir un nivel de escrutinio mucho más alto, y no más bajo, ya que las respuestas políticas sobre la base de dichos documentos pueden tener enormes impactos financieros y de salud”. Alguien debiera prestar atención a estos conceptos.