Abogada falsa | Denuncian penalmente a una falsa abogada que estuvo cobrando altas sumas para tramitar supuestas ciudadanías italianas a familiares descendientes. La denunciada se promovía, no sólo como especialista titulada, sino también como traductora de italiano.
Dos damnificados por sus estafas son quienes la denuncian hoy de haber actuado bajo un modus operandi similar. Son sólo dos de las personas que requirieron asesoramiento para tramitar la ciudadanía europea, y entregaron las cifras en euros que les fueron requeridas. Bibiana Martiarena entregó 2500 euros sin la contraentrega de ningún recibo, creyendo que iba a recibir la ciudadanía italiana para que su hijo pudiera ir a jugar al futbol en la liga italiana. Juan Marcelo Domínguez pagó 1000 euros porque esperaba poder tener la ciudadanía para mudarse a Italia y trabajar allí.
Los cargos que se le reclaman son las figuras de estafa, usurpación de autoridad, títulos y honores e, hipotéticamente, fueron cometidos por Rosa María Dettori. Ella es quien captaba a sus clientes en su buena fe: todos confiaban en ella, porque se desempeñaba como empleada en la Fiscalía General de Mar del Plata. ¿Cómo iba a ser mentira?
Dettori, inexplicablemente, era oficial mayor de la Procuraduría General de la Nación, y prestaba funciones en la oficina de ATAJO de Mar de Plata. Pero no sólo tenía esa estrategia de legitimidad: Dettori aseguró que trabajaba en conjunto con el estudio jurídico Studio Puoti Longobardi e Associati, radicado en Roma.
La denunciante Martiarena entregó el dinero solicitado junto con las actas nacimiento y muerte de miembros de su familia, pero no se percató de que la supuesta abogada no le estaba haciendo firmar un poder para actuar en su nombre. Este acto, demuestra que el delito fue planeado, porque nada podía hacer la abogada sin una autorización de puño y letra.
Casi un año después del pago, y luego de varios reclamos, Dettori le envió por mail una supuesta resolución de la Corte D’Apello de Roma, con la cual la damnificada ya estaría en condiciones de sacar turno en el consulado italiano de la ciudad. Ella sacó el turno —como puede hacerlo cualquier otra persona, sin ninguna resolución previa— y allí se enteró de que no le darían nada, y de que el acta enviada era falsa.
Por supuesto que Martiarena reclamó inmediatamente y, entonces, Dettori la llevó a la Casa de Italia de calle Edison, aparentemente llamó a una oficina en aquel país, y le dijo que hablaría personalmente con el cónsul. Allí adujo que las cosas se habían complicado, y que debería haber otro juicio, por lo que necesitaba, por supuesto, más dinero. En euros.
Las investigaciones
Cuando la denunciante empezó a darse cuenta de la estafa, llamó por teléfono al supuesto estudio jurídico de Italia para preguntar por la abogada, y allí respondieron que no la conocen. No tuvo que indagar mucho para encontrar un artículo de un medio de prensa italiano, L’Unione Sarda, fechado en el año 2014, donde consta que Dettori se hizo pasar por abogada y que se fugó a Sudamérica con sueldos de sus clientes.
¿Se podría haber evitado? Por supuesto. Desde 2016, este medio viene dando información expresa de varias personas que cobran sueldos en el poder judicial, pero que no accedieron a sus cargos por los carriles democráticos. Rosa María Dettori, esposa de Juan Manuel (a El Toro) Aiello, ex número dos del EMDER, es uno de esos casos: ella ingresó a la fiscalía por obra del ex integrante de la SIDE Juan Martín Mena, quien habría solicitado su nombramiento al ex jefe de la PROCELAC, Carlos Gonella.
En aquel momento, se decía que Dettorino no era abogada, sino criminóloga. Ella tiene un escaso dominio del idioma español, y menos aún de las leyes argentinas, pero ya en ese año se hablaba de un sueldo de más de $45.000.
El año pasado, la Procuración General de la Nación tuvo que reconocer lo que este medio había advertido: la italiana no tenía título. Mal que nos pese, todo explotó cuando, descaradamente, Dettori solicitó que se le reconociera la bonificación por título de abogada, y el retroactivo correspondiente desde que asumió. El título que presentó consistía en una reválida de la Universidad Nacional del Nordeste, sobre el que fuera expedido por la Facultad de Jurisprudencia de Sassari de la Universidad de Sassari, Italia. En ese expediente de reconocimiento académico consta cierta documentación remitida por las autoridades de la universidad nacional sobre el trámite de reválida de título extranjero, y otra gestionada por la Secretaría de Coordinación Institucional en el marco del Convenio de Cooperación Institucional suscripto con la Guardia de Finanzas de Sassari, República Italiana.
De esta última, surge que Dettori no concluyó su licenciatura en Derecho y que su condición de estudiante caducó el 28 de febrero de 2018. No es abogada. También se desprende que el trámite de legalización N°16266/11, del 24 de octubre de 2011 del gobierno de Sassari, pertenecería a un trámite diferente, que no es el del título de Dettori. Como si fuera poco, la funcionaria nombrada presentó unas fotocopias certificadas de dos ejemplares diferentes del título a su nombre, expedido por la Universidad de Sassari el 20 de julio de 1998. En ese agregado, más precisamente en la hoja 4, presenta tres firmas con sus aclaraciones debajo. En otro documento, que se encuentra agregado en su legajo personal en la hoja número 42, el título aparece emitido el 20 de julio de 1998/99 y presenta sólo una firma con su aclaración. Las apostillas de La Haya —requerimiento de legalización internacional imprescindible de cualquier documentación— que aparecen en el reverso de ambos documentos, llevan el mismo número: el 16266/2011, y la misma fecha de legalización, 24 de octubre de 2011. Aparecen suscriptos por la misma persona, pero difieren a simple vista en la firma y en su estructura.
Cuando se detectaron todas estas irregularidades, se remitieron las copias de los documentos al Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Germán Moldes, quien radicó la denuncia penal. La causa vino a dar al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 10 y a la Fiscalía 12 del fuero correspondiente. La resolución firmada por el Procurador General de la Nación Interino, Eduardo Ezequiel Casal, indica: “En resumen, la situación descripta permite presumir que se está ante la posible existencia de faltas disciplinarias, por lo que se dispondrá la formación de un sumario administrativo, que comprenda los hechos aquí descriptos y se designará como instructor al doctor Norberto Alejandro Baldanza, secretario de fiscalía general”. Obviamente, si no hubiera reclamado su sobresueldo de abogada, nunca se hubieran dado cuenta de que no tenía título.
Pobre gente
El otro denunciante es Domínguez, el joven que pretendía trabajar en Europa, y su caso quizá sea peor. El entregó sus 1000 euros por los trámites pertinentes en junio de 2018, y la supuesta abogada le dijo —dos meses después— que lo mejor era que se mudara directamente a Italia, que la ciudadanía le llegaría allí. “Yo obedecía inmediatamente sus consejos”, declara Domínguez, “dejando todo lo que tenía en este país, malvendí mis cosas, renuncié a mi trabajo viajando el 7 de noviembre del año 2018 a Italia”. Se instaló en la ciudad de Torino y comenzó a esperar su supuesta ciudadanía. Fijó su residencia en la comuna donde se encontraba, y presentó la carpeta con su trámite tal como la abogada falsa le había indicado.
Por supuesto que, al poco tiempo, empezó a sospechar, porque las buenas noticias no llegaban nunca, hasta que Dettori le pasó por mail una supuesta denuncia que lo habilitaría por fin para obtener la ciudadanía. Claro que, cuando la exhibió ante las autoridades italianas, le explicaron que tal documento era una falsificación.
Domínguez acudió entonces a la supuesta letrada, y ella le explicó que había habido un error, que había que hacer un “nuevo juicio”, porque “no le habían entendido bien”. Que iba a viajar a Italia a resolverlo, y que por esa razón Domínguez debía entregarle más dinero. Cuando el cliente, harto de la situación, exigió la devolución del adelanto en euros, ella le hizo un depósito y envió un comprobante de la operación donde constan números de incorrectos. Dice el damnificado: “a esa altura, mi estadía en Italia se tornaba imposible, sin ningún tipo de documentación que haga legal mi estadía, y habiendo agotado la totalidad de mis ahorros”. Por supuesto que, después de esto, Rosa María simplemente desapareció.
Hecha la denuncia, y advertidas las autoridades del Poder Judicial de la Nación que la tienen como empleada, queda claro que no tiene título profesional, ni homologado ni sin homologar. Quizá sería oportuno verificar cuántos más son los señores y señoras que gozan de los privilegios de sus cargos vitalicios en la justicia, y sin embargo están tan flojos de papeles como la italiana en cuestión.