Así decía mi papa: “una vuelta más”. Era habitual en los 70’s, o aún en los 80’s —cuando el parque de colectivos de Mar del Plata tenía en promedio 15 años de antigüedad y la rotura de unidades algo muy habitual e incordioso para el pasajero—, obligar a extender las horas de trabajo de los vehículos en condiciones y, por consecuencia, la carga de trabajo de los choferes.
Es curioso el grado de ignorancia y ausencia de respeto de los ediles en general hacia el servicio de transporte de la ciudad, a su historia, y al esfuerzo de generaciones para darle a General Pueyrredón una flota de vehículos, y una calidad de servicio, sólo comparable con grandes urbes en el mundo.
En el año 2001, junto a la caída de la convertibilidad, el Estado metió la mano y programó el reparto en bolsos del retorno de los multimillonarios subsidios que deformaron la actividad que, hasta ese momento, había crecido virtuosamente en todo el país. Y digo virtuosamente, porque el estado estaba en su rol, regulando la tarifa que se establece bajo parámetros universales aplicando la formula conocida como “pasajero-kilometro”.
Han retornado, con el debate por la renovación de la concesión, figuras de claro corte castro chavista, inspirados en la ideología soviética del control de los medios de producción y de los servicios. Tanto la municipalización, como el desarrollo de una línea denominada “testigo”, ignoran la historia, el desarrollo del sistema, y la cultura de trabajo e inversión del sector. Ni hablar de aquellos que pretenden la municipalización integral del servicio: un automotor de patrulla de la bonaerense tiene un tiempo óptimo en funcionamiento de ocho meses. Es de imaginar lo que ocurriría con medios de transporte masivo en manos de una estructura municipal que es parte de la cultura de depredación clásica de los efectores estaduales.
Tal como ocurre con la urgente necesidad de vacunar a la población, y como ocurrió en el centro de Control y Monitoreo (COM), municipalizar no es productivo para la sociedad. Sensibles cuestiones, tales como contratación de personal o la escala de compras de repuestos y equipo en general, quedarán al arbitrio de gestores políticos de circunstancia.
En este tremendo contexto de pandemia con idas y venidas —la más de la veces, muy cuestionables— un éxito, uno por mínimo que fuera, abrió las puertas a un mejor clima en la ciudad: es el caso de los “decks”, que han proliferado en varios corredores urbanos. ¿Alguien podría creer que el impacto que esta opción está creando en la ciudad se daría en manos de actores públicos? Obvio que la respuesta es rotunda: no. Traigo el ejemplo a colación, porque todo lo que se sube a este debate carece de lógica alguna. Los medios de control de la frecuencia de las unidades, están. Cada unidad posee un GPS que alimenta el sistema “Cuando llega”. La metodología de valor del tramo transportable está establecida desde hace décadas. Es un desarrollo que podrá merecer variaciones, por el cambio de la tecnología en las unidades. Para decirlo en criollo: nadie va a inventar la pólvora.
Un último concepto: hablan de “competencia”. Los servicios públicos son monopólicos por definición. Aquí, en EEUU, en Europa, o en la China. Pagamos los contribuyentes.
Tantos ignorantes sentados en sus bancas como si luminarias fueren, dan pena, y crean espanto.