El integrante de la Red de Jueces Penales Bonaerenses habló en la 99.9 sobre un comunicado que emitieron respecto del caso de Alejandro Ochoa.
La Red de Jueces Penales Bonaerenses emitió en las últimas horas un comunicado vinculado al fallo del Juez Riquert que permitió la libertad condicional para Alejandro Ochoa que terminó matando a María Rosa Daglio en un caso que todavía sigue teniendo sus repercusiones.
Lo que se expone es la idea de que se quiere echar la culpa al Poder Judicial de lo que sucede con la inseguridad en Argentina cuando consideran que no es de esa manera. Así lo indicó uno de sus integrantes, Pedro Rodríguez a través de la 99.9: “hace años que advertimos que en materia seguridad, se cargan las tintas contra el Poder Judicial que puede tener sus defectos, pero muchas veces y en este caso en particular, el ángulo es equivocado. Nosotros no queremos defender a los jueces pero su fallo está dentro de los parámetros legales y constitucionales. Queremos llamar la atención indicando que los problemas de seguridad no están en el Poder Judicial aunque a veces contribuyen”.
También señaló que las prisiones domiciliarias o libertades condicionales, son una herramienta utilizada globalmente y siempre hay problemas para el control de las mismas: “este caso es un reflejo de esa problemática que no tiene que ver con el Poder Judicial. No es nuevo que no haya recursos para controlar las prisiones domiciliarias y pasa en muchos países. El punto es hasta que punto se llevó el extremo de responsabilizar a los jueces por la problemática de seguridad. Se nos impone la obligación de resolver libertades anticipadas que no es algo caprichoso, sino a un proceso de reinserción social progresiva que se usa por ejemplo en USA”.
En cuanto a la falta de recursos, Rodríguez aprovechó para hacer una fuerte crítica acerca de como se está trabajando en estos momentos y desde hace un tiempo a esta parte: “las cámaras gesell que son de primera magnitud para atender a víctima de violencia contra menores. La que está en Morón se construyó con el aporte de un juez de su bolsillo, no hay otra. Los elementos para establecer estupefacientes con pericias química, teníamos turnos de dos o tres meses de espera en causas. Las fallas son muy graves en materia de seguridad e inciden en los procesos con malas legislaciones, en falta de provisión de recursos y también en una cantidad escandalosa de vacantes sin cubrirse”.