La decisión lleva la firma unánime de todos los jueces del tribunal internacional de derechos humanos, incluido Raúl Zaffaroni
Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Nicaragua la “liberación inmediata” de los candidatos presidenciales y opositores presos desde hace 15 días por el régimen de Daniel Ortega de los que no se tiene ninguna noticia sobre su salud y lugar de detención y lo exhortó a que se protejan “sus vidas, integridad y libertad personal”. La decisión, conocida tras una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lleva la firma de todos los jueces de la Corte, incluido el argentino Raúl Zaffaroni.
La parte resolutiva del máximo tribunal internacional en materia de derechos humanos emplaza a Nicaragua a que informe a más tardar el 8 de julio qué medidas tomó para cumplir con esta resolución y la emplazó a que mes a mes eleve un informe sobre la situación de las personas protegidas.
El fallo del tribunal internacional señala: “Requerir al Estado [Nicaragua] que proceda a la liberación inmediata de los señores Juan Sebastián Chamorro García, José Adán Aguerri Chamorro, Félix Alejandro Maradiaga Blandón y Violeta Mercedes Granera Padilla”.
Y agrega que debe adoptar medidas “necesarias para proteger eficazmente la vida, la integridad y libertad personal de los señores Juan Sebastián Chamorro García, José Adán Aguerri Chamorro, Félix Alejandro Maradiaga Blandón y Violeta Mercedes Granera Padilla y de sus núcleos familiares”.
Asimismo, le requiere que informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “a más tardar el 8 de julio de 2021, sobre las medidas urgentes adoptadas para dar cumplimiento a esta decisión”. Y agregaron “con posterioridad, el Estado deberá presentar un informe periódico cada mes respecto de las medidas adoptadas de conformidad con esta decisión”.
En la Casa Rosada reaccionaron ante la decisión con esta afirmación: “Está en línea con lo que siempre pidió el Gobierno”, dijo a LA NACION uno de los hombres de máxima confianza del presidente Alberto Fernández.
Sin embargo, el martes de la semana pasada, la Argentina, junto con México se abstuvieron de votar un pronunciamiento de la Organización Estados Americanos (OEA) contra Nicaragua, condenando estas violaciones a los derechos humanos y el arresto de los opositores.
Luego de las fuertes críticas que recibió la Casa Rosada en nival local e internacional, este lunes la Cancillería decidió llamar al embajador argentino en Managua, Daniel Capitanich. México hizo lo propio. Más allá de ese gesto de protesta, al día siguiente, la Argentina rechazó firmar un documento en la ONU en el que se exige la realización de elecciones libres y justas y se condenan las violaciones a los derechos humanos y políticos en Nicaragua. Esos pronunciamientos de la OEA y la ONU que la Argentina no acompañó fueron tomados en cuenta en este fallo de la CIDH que el Gobierno dice apoyar.
La resolución de la Corte Interamericana fue firmada por los jueces Elizabeth Odio Benito, L. Patricio Pazmiño Freire, Eduardo Vio Grossi, Humberto Antonio Sierra Porto, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Eugenio Raúl Zaffaroni y Ricardo C. Pérez Manrique.
La resolución de la Corte Internacional es de las llamadas “medidas provisionales” y se tomó de manera excepcional y urgente aún cuando no hay un caso a estudio del máximo tribunal regional de derechos humanos. Le siguió a una recomendación supercrítica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte Interamericana escribió en 16 carillas que constató con preocupación que “el Estado no ha proporcionado información alguna respecto del paradero y condiciones de detención de estas cuatro personas”, presas desde hace 15 días sin que se sepa nada de ellas. Sus “familiares no han sido informados sobre su paradero”.
“La Corte considera que hay suficientes elementos para determinar la existencia de una situación de extrema gravedad, y, por lo tanto, la necesidad urgente de adopción de las medidas que fuesen necesarias para evitar daños irreparables a los derechos a la vida e integridad personal de los señores Chamorro García, Aguerri Chamorro, Maradiaga Blandón y de la señora Granera Padilla”, escribieron los jueces.
La Comisión Interamericana ya venía advirtiendo que tras las protestas ocurridas en abril de 2018, como resultado de la acción represiva del Estado, se había producido, al menos, la muerte de 212 personas, que otras 1337 personas habrían resultado heridas y 507 privadas de la libertad. La Comisión señaló que en los años siguientes se instauró “un estado policial en Nicaragua tendiente a evitar cualquier movilización social” y que se intensificaron los hechos de hostigamiento y amedrentamiento para impedir actos que pudieran derivar en acciones de protesta
“En Nicaragua hay una falta de independencia del poder legislativo, la cual se ha manifestado, por ejemplo, en la cancelación, por parte de la Asamblea Nacional, de la personería jurídica de diez organizaciones desde el inicio de la crisis de derechos humanos, así como en la aprobación de un conjunto de leyes orientadas a restringir el espacio democrático de cara a las elecciones de 2021 orientadas a restringir el espacio democrático de cara a las elecciones de 2021″.
La Comisión también encontró un contexto de impunidad generalizada respecto de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en la represión estatal desde abril de 2018. Se contabilizaron las muertes impunes de 328 personas, las heridas causadas a más de 2000 personas y más de 1600 detenciones.
La Comisión también señaló, citando cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que más de 103.600 personas se habrían visto forzadas a huir de Nicaragua y a buscar asilo a causa de la persecución y las violaciones de derechos humanos ocurridas en el país, y que, desde enero de 2021, se han intensificado los actos de hostigamiento contra personas identificadas como opositoras al Gobierno, defensoras y defensores de derechos humanos, así como víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares.
Estas cuatro personas Chamorro García, Aguerri Chamorro, Maradiaga Blandón y Granera Padilla han sido víctimas desde 2018 de amenazas, persecución, hostigamiento y amedrentamiento, situación que se habría recrudecido desde el inicio de 2021, llegando a su punto más álgido en junio de este año con la detención de ellos en circunstancias irregulares.
Los cuatro son integrantes de organizaciones políticas de oposición al Gobierno de Nicaragua. “Estas detenciones se enmarcan en un contexto de hostigamiento a la oposición política en Nicaragua, el cual se ha visto exacerbado este año ante la inminencia de las elecciones generales que tendrán lugar en noviembre”.
“En efecto, esta serie de detenciones de personas pertenecientes a la oposición en Nicaragua durante el mes de junio de 2021 ha sido ampliamente recogida y rechazada por organismos internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos y la Comisión Interamericana. También ha sido reportada por la prensa internacional”, dijo el tribunal internacional.