La fiscal anticorrupción de Entre Ríos que fue desplazada de la causa donde se investiga al ex gobernador Sergio Uribarri habló en la 99.9 dando detalles del pedido de juicio político que le hicieron y además de la escandalosa causa donde se encontraron con una organización montada para sacar dinero de la Legislatura.
En Entre Ríos, una vez más la manipulación de la justicia está a la orden de la política. Cuando una causa judicial se elevó a juicio contra el ex gobernador de la provincia Sergio Uribarri, la fiscal anticorrupción actuante recibió un pedido de juicio político y se la apartó del cargo.
Se trata de Cecilia Goyeneche que contó los detalles del escandaloso caso de corrupción que estaba investigando a través de la 99.9: “nos encontramos con algo que sabíamos que se estaba preparando pero no sabíamos que sería tan drástico en la decisión. Quedó todo muy explícito arriba de la mesa. En medio del juicio que se está llevando a cabo contra Sergio Uribarri fui suspendida y estoy en mi casa porque no puedo ejercer mis funciones fruto de un jury de enjuiciamiento que me abrieron sin causa”.
Todo comenzó con una investigación que llegó a la instancia de ser elevada a juicio oral: “a mediados de este año se envió a juicio una causa que denominamos de los contratos de la Legislatura. Se descubrió una organización mafiosa, criminal que venía hace 10 años simulando contratos y que sustrajeron de la Legislatura 53 millones de dólares. Unos días después se pidieron los enjuiciamientos políticos para mí y para el Procurador General. En ese momento, decidimos sumar un fiscal más porque supusimos que la movida vendría fuerte buscando la impunidad y temor en los operadores de justicia para que no se llegue a una sentencia condenatoria”.
Las maniobras como las que sufrió Goyeneche últimamente se tornaron muy habituales, evidenciando la lucha por mantener impunes hechos flagrantes de corrupción: “se observa un patrón muy claro que se aceleró en los últimos días donde se corrompe al sistema judicial o se consiguen sentencias insólitas”, dijo la fiscal anticorrupción.
La trama de corrupción, literalmente se descubrió “por casualidad” como definió Goyeneche. Luego explicó: “un policía que estaba en los cajeros de un banco observa en dos o tres oportunidades a tres personas que iban con varias tarjetas de débito y “ordeñaban” el cajero. Sacaban mucha plata y la metían en bolsas. La tercera vez decide intervenir, llama a sus superiores y los siguieron. Cuando estaban en la puerta de la casa les hacen una requisa, ven que tienen muchas tarjetas de débito, mucho dinero y pidieron un allanamiento. Los fiscales empiezan a intervenir y encuentran infinidad de documentación, talonarios de facturas de terceras personas, muchos cuadernos con anotaciones de 2008 en adelante detallando contrato por contrato todos los contratos falsos que hacían para la legislatura”.
A partir de estos cuadernos y todo lo que estaba asentado es que pudieron llegar a un costo total del dinero que esta banda delincuencial había retirado: “tenían incluso una especie de rendición de cuentas y guardaban las copias mensuales. La suma de cobranzas de la organización criminal nos dieron 53 millones de dólares”.
Ese dinero inclusive en la causa fue rastreado y si bien no se llegó directamente al ex gobernador, si se confirmó que llegaban a una persona de su absoluta confianza: “Uribarri no está directamente imputado todavía. Lo que se pudo comprobar hasta el momento era que la plata llegaba hasta el cuñado de Uribarri que se llama Juan Pablo Aguilera y que es un colaborador estrecho”.
Mar del Plata es parte de esa causa porque en medio de la investigación hay un dinero que se utilizó para generar un parador en nuestra ciudad: “uno de los hechos que se le atribuye a Uribarri en este juicio es el montaje del parador playero en Mar del Plata en enero del 2015 entre otros hechos como la distribución de publicidad oficial que lo hacía a través de una empresa que manejaba su cuñado. Lo que se pudo comprobar en el caso de Mar del Plata fue que se contrató un parador que tenía dibujos de palmeras y cuando lo armaron tenía una gigantografía con la cara del gobernador. También que de los 14 millones y medio de pesos que costó el parador, 4 millones y medio fueron devueltos por la empresa a este cuñado de Uribarri, Juan Pablo Aguilera”.
A partir de toda la evidencia recogida y a pesar de su desplazamiento, Cecilia Goyeneche confía en un fallo que condena una maniobra tan obscena y delincuencial: “tenemos confianza en que se llegue a buen puerto. Es posible que el juicio termine en febrero pero se ha demostrado de forma muy clara las ilicitudes por lo que entendemos que el tribunal dictará sentencia condenatoria”.