La vicepresidenta era investigada en Santa Cruz, pero Marcó del Pont dijo que no tenía deudas y contradijo un informe previo que advertía un déficit de $8 millones.
El juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, sobreseyó a Cristina Kirchner en una causa por presunta evasión tributaria que se instruyó durante los últimos años en los tribunales de la capital santacruceña. La vicepresidenta cosechó así otro triunfo judicial que se suma a los sobreseimientos que ya obtuvo en las causas “dólar futuro”, “Memorándum con Irán” y “Hotesur-Los Sauces”.
La causa se instruyó sin demasiada repercusión, pero no quedó exenta de contradicciones. El resultado es vital para los intereses de la vicepresidenta, que cierra así un año en el que la Justicia falló a su favor desde Comodoro Py hasta la Patagonia. ¿Por qué? Porque en el expediente que tramitó Río Gallegos, la líder del Frente de Todos primero fue considerada deudora millonaria del fisco, pero luego se sostuvo la inexistencia de deudas.
El juez federal Vázquez, -quien asumió frente al juzgado en febrero de 2021- dispuso el sobreseimiento en un expediente penal que dejó registrado en sus fojas las idas y vueltas asociadas a los cambios de gestión en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la mano de los resultados electorales.
Al disponer el sobreseimiento de la vicepresidenta, según reconstruyó LA NACION, el juez Vázquez convalidó el pedido de la Fiscalía Federal con asiento en la capital santacruceña, que con la firma del fiscal subrogante Julio Zárate, concluyó que debía cerrarse la investigación.
Zárate arribó a esa conclusión tras recibir un informe de la AFIP que contradijo otro del propio organismo. Es decir, que el organismo que preside Mercedes Marcó del Pont reportó que Fernández de Kirchner no arrastra deudas con el fisco, cuando antes había determinado que adeudaba $8,1 millones en impuestos, multas e intereses.
La trama comenzó hace años, cuando Mauricio Macri era presidente. A través del expediente 9958, la Justicia Federal con asiento en Río Gallegos comenzó a tramitar una investigación contra Cristina de Kirchner por la presunta infracción del Régimen Penal Tributario. En octubre de 2017 la Fiscalía Federal requirió la colaboración de la AFIP para analizar las declaraciones tributarias de Cristina y de su hijo Máximo, y el origen y declaración de los US$ 4,6 millones descubiertos en una caja de seguridad a nombre de su hija Florencia.
La requisitoria judicial se tramitó bajo el control de la Delegación Comodoro Rivadavia de la AFIP, que requirió la asistencia de técnicos de Neuquén y Bahía Blanca, en tanto que la Fiscalía también solicitó el apoyo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Así fue como en diciembre de 2017 se libró la “Orden de Intervención” de la AFIP OI-1644231, con la participación de la inspectora Samantha Militello, el supervisor José Luis Fernández y el jefe de División de Fiscalización, Juan Alejandro Ahrtz.
En octubre de 2018, en tanto, la Fiscalía dio otro paso. Le prohibió a la AFIP “tomar contacto con el contribuyente fiscalizado”, ya que podía obstaculizar la pesquisa. Pero la por entonces expresidenta estaba al tanto de posibles inconvenientes en las declaraciones tributarias que presentó su contador histórico, Víctor Manzanares, en particular, en relación a los impuestos al Valor Agregado (IVA), Ganancias y Bienes Personales, según reconstruyó LA NACION. Un año antes, Manzanares había quedado detenido en su estudio contable de Río Gallegos, por “obstrucción a la justicia” en el marco de la causa Los Sauces.
Tiempo después el equipo de la AFIP presentó sus conclusiones. Estimó que Cristina Kirchner registraba problemas en sus declaraciones juradas correspondientes al Impuesto a las Ganancias 2011, 2012 y 2016 por $ 2,1 millones, más otros $ 3,6 millones en intereses y $ 2,4 millones adicionales en multa. Total: $ 8,1 millones. Es decir, que superaba el umbral mínimo de punibilidad, por lo que correspondía avanzar con una causa penal, además de una ejecución fiscal que tramitó por separado con el expediente “Fisco Nacional AFIP c/ Fernández, Cristina Elsabet s/ Ejecución Fiscal”.
Sin embargo, los vientos políticos cambiaron al ritmo de las elecciones. En diciembre de 2019, Alberto Fernández asumió la Presidencia y Cristina Kirchner volvió al poder, y presentó dos escritos –uno ante la Justicia; el otro ante la AFIP-, denunciando “hostigamiento fiscal”, procedimientos administrativos “clandestinos” en su contra y la conformación de un “grupo de tareas” dentro de la AFIP para perseguir a ella y sus hijos. Apoyada en esos planteos, pidió la nulidad de todo lo actuado.
En el primero de esos escritos, de 23 carillas y dirigido a Marcó del Pont, Cristina Kirchner cargó contra la actuación administrativa 11.494-3-2018, la resolución determinativa de deuda 26/2019 y pidió la nulidad de los sumarios S/431/018/2018 y S/431/021/2018 y de los títulos ejecutivos derivados de esos procedimientos.
“No se plantea la nulidad por la nulidad misma”, argumentó la vicepresidenta en ese escrito, “sino que el actuar de la AFIP ha impedido en forma concreta el ejercicio de derechos constitucionales básicos y elementales, como es el derecho de defensa y el debido proceso, privándola de demostrar ante la AFIP, el Tribunal Fiscal de la Nación y eventualmente ante la justicia federal en lo contencioso administrativo la manifiesta inexistencia de la deuda en ejecución”, abundó.
¿Qué planteó Cristina Kirchner, en particular? Entre otros puntos, que la AFIP debió notificarla a otro domicilio distinto a su “domicilio fiscal”, que durante décadas fijó en la calle Alcorta número 76 de Río Gallegos. Planteó que dado que su contador, Víctor Manzanares, se encontraba detenido, ella jamás pudo realmente defenderse. Lo cierto es que ya en 2017, aun siendo contador de los Kirchner, Manzanares había cambiado el domicilio para la calle 9 de Julio 161 donde finalmente quedó detenido.
Para la AFIP, el planteo de Cristina Kirchner fue válido. ¿Por qué? Porque consideró que debió cursarse la notificación a otros domicilios ya que el sentido de esa notificación es que el contribuyente pueda defenderse, aportar precisiones y argumentar lo que considere necesario.
Pero la líder del Frente de Todos fue más allá. “Además de exigir la declaración de nulidad de todo lo actuado”, reclamó, “solicito especialmente que, en su carácter de Administradora Federal, ordene la realización inmediata de una investigación administrativa, a los fines de determinar la totalidad de los funcionarios intervinientes en las presentes actuaciones y el resultado y fundamentos de su intervención”.
Sus planteos tuvieron eco. Provocaron la apertura de una investigación penal en los tribunales porteños de Comodoro Py. Continúa en trámite ante el juez federal Julián Ercolini y la fiscal Paloma Ochoa, y el inicio de sumarios y auditorías dentro de la AFIP que, -ya en la gestión de Marcó del Pont-, detectó presuntas irregularidades y supuestos delitos por parte de funcionarios del organismo, a los que se aplicarían sanciones.
En esa línea, los funcionarios de la AFIP que participaron en el análisis tributario de la familia Kirchner fueron desplazados dentro del organismo, junto a otros contadores, abogados y auditores que investigaron a –o testificaron en tribunales sobre- Lázaro Báez, Cristóbal López o Ricardo Echegaray, como parte de la purga que se desarrolló durante el último año y medio, según reveló LA NACION semanas atrás.
Pero eso no fue todo. La AFIP se movió en dos frentes. Por un lado, en el Juzgado Federal de Río Gallegos presentó un escrito conjunto con Cristina Kirchner requiriendo la suspensión de las actuaciones destinadas a la ejecución fiscal, según indicaron fuentes judiciales a LA NACION. Por el otro, emprendió un nuevo análisis sobre los impuestos de la familia Kirchner.
Deudas con el fisco
Ese nuevo análisis trajo alivio a la familia Kirchner, según confiaron fuentes de la AFIP a LA NACION. Determinó que la referente del Frente de Todos no adeudaría impuestos –por el contrario, tendría un crédito fiscal- y que su hijo Máximo solo registraría una deuda por menos de $ 10.000, por lo que no superaría el umbral mínimo de punibilidad penal.
Con esas nuevas conclusiones, la AFIP dio el siguiente paso. Se presentó otra vez en los tribunales de Río Gallegos, levantó la ejecución fiscal y desistió de su reclamo, dejando a la Fiscalía sin basamento para proseguir con la causa penal, por lo que Zárate, como subrogante, pidió su sobreseimiento, que el Juzgado refrendó.
En el caso de Máximo Kirchner, en tanto, acumuló otros expedientes de ejecución fiscal. Se registraron con los números 17038/17 y 2506/18 en el Juzgado Federal de Río Gallegos, por montos adeudados durante 2016, 2017, 2018 y 2019. Y en septiembre de 2020, el Tribunal Oral Federal N° 5, con sede en los tribunales de Comodoro Py, ordenó a la intervención judicial que tenía a cargo la administración de parte de las propiedades de Máximo y Florencia Kirchner, que pagara los impuestos adeudados del actual diputado nacional. En ese momento ascendían a más de cuatro millones de pesos.