El abogado se refirió a la denuncia que habían presentado en 2016 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que podría prontamente brindar novedades y cambiar el paradigma sobre los delitos de lesa humanidad cometidos por las entidades terroristas durante la década del 70.
El crimen del Capitán Humberto Viola y su hija, perpetrado en San Miguel de Tucumán el 1° de diciembre de 1974 podría tener un inicio de resolución a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que inicialmente el estado argentino le negó a este ataque del Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP), la entidad de crimen de lesa humanidad.
El abogado Javier Vigo Leguizamón es quien lleva la causa adelante y señaló en la 99.9 que “después que la a justicia argentina le negara el derecho de declarar un crimen de lesa humanidad la muerte del capitán Viola y de su hija María Cristina de tres años además de las heridas de María Fernanda de 5 con un balazo en la cabeza; radicamos en 2016 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia contra el estado argentino imputando haber violado distintas normas, principalmente las que impiden atentar contra civiles inocentes en conflictos armados, internacionales o internos”.
Después de 6 años, se ha llegado a dar un paso muy importante para el letrado porque obliga al estado argentino a brindar información sobre ese hecho: “la Comisión siempre se toma muchos años para emitir una opinión o considerar iniciado el proceso. Hay tres etapas, una de estudio que es la de todos estos años, una segunda etapa donde se inicia el proceso de admisibilidad y se ha iniciado, corriendo traslado al Estado Argentino para que dentro del plazo de tres meses se expida respecto de la denuncia. Así, el Estado está en una encrucijada porque la Comisión Interamericana tiene fijado un criterio en este sentido a través del ataque a La Tablada donde se indicó que era un conflicto armado interno y también que tanto los miembros de Todos por la Patria como de las fuerzas armadas, estaban obligados a respetar la Convención de Ginebra”.
Lo que sucederá ahora se tendrá que dar en tiempos más breves que todo lo anterior: “ahora entrará en un proceso más rápido, la Comisión puede llamar a una audiencia de conciliación y si no hay conciliación, puede considerar que hay derechos violados ordenandole al Estado argentino a investigar lo que se negó a hacer. Si el estado Argentino no lo cumpliera, la Comisión Interamericana puede llevar el caso ante la Corte Interamericana cuya sentencia es obligatoria”.
El fallo al cuál se podría llegar puede cambiar la lógica de lo que el discurso sobre lo sucedido en aquellos años, dice: “esto derrumbaría los sofismas que se han vertido en Argentina. Primero que una organización guerrillera no puede por si misma cometer un crimen de lesa humanidad, esto es falso. El segundo es sostener que el terrorismo guerrillero no fue de estado, en el crimen de Rucci hay sospechas de que las armas se llevaron desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo”.