“Era una causa que tenía que quedar nula”

El abogado Jorge Vitale, quien presentó las denuncias en el caso Schoklender, habló en la 99.9 sobre la determinación de dejar sin efecto la causa de Norberto Oyarbide, sobre quien indicó que “hizo un expediente de confabulación para ocultar el accionar de los funcionarios y de la fundación”.

Oyarbide y SchoklenderLa determinación de eximir de toda culpa a Sergio Schoklender y relevar en la causa al juez Norberto Oyarbide, ha causado reacciones disímiles, pero aquellos que iniciaron las denuncias por la labor de la Fundación “Madres de Plaza de Mayo”, piensan que era una cuestión de tiempo para que esto suceda.
En la 99.9, el abogado Jorge Vitale indicó que “todo el expediente de Oyarbide fue una confabulación para ocultar el accionar de los funcionarios y de la fundación. Siempre que hablaba de los Schoklender no me quería poner de su lado, pero era un pequeño eslabón dentro de toda la corrupción que hay en esta cuestión”.
Por otro lado detalló que “el tema concreto es que la primera denuncia que se realiza, que la hago yo ante Martínez Di Giorgi donde imputo a Aníbal Fernández, Julio DeVido, Hebe de Bonafini y quienes puedan ser responsables. Los imputo porque hasta ese momento del contrato de 1.200 millones de pesos, ya se habían pagado 800 millones y sólo se habían entregado de 15.000 viviendas pautadas, sólo 2.500. Eran los funcionarios los que no habían controlado y habían pagado sin certificado de servicio”.
A pesar de ello, todo estaba orientado hacia otro sector en la causa: “cada fallo de esta causa tenía el mismo destinatario: Schoklender. Pero no podía ser responsable, sino no hay una responsabilidad de los funcionarios. No se lo podía imputar también sin hacerlo con los funcionarios. Es una sala complicada la que determinó todo nulo, pero tenía que quedar nulo”.
Mirando hacia adelante, lejos está ahora de volver la causa a foja cero como se indicó en algunos medios, sino que la investigación continúa. “Ahora habrá que ver qué pasa con Martínez Di Giorgi. Tiene que llamar a indagatoria a los funcionarios públicos para que digan por qué pagaron, a esta altura, todo el contrato de 1.200 millones de pesos. Hasta el momento se entregó sólo el 20% de las viviendas, no se necesita más análisis”, detalló Vitale.
En el estudio de las distintas causas que tienen a funcionarios del gobierno como protagonistas, el abogado encontró un mismo procedimiento que quiso destacar. “Esto forma parte de una mecánica para los actos de corrupción que consta de funcionarios corruptos, sobre precios y contratación directa. La única responsabilidad es la del Estado. Oyarbide inventó una causa y no entiendo cómo llegó a esa situación”, destacó.
Es un tema que está lejos de agotarse y no debe ser motivo para abandonar el seguimiento de la causa: “la corrupción no la debemos aceptar como sociedad y menos de los funcionarios públicos”, concluyó.