El Gobierno de Burkina Faso ha anunciado la apertura de una investigación en torno a las denuncias
sobre la muerte de siete civiles a manos del Ejército en los alrededores de la localidad de
Tanwalbougou, situada en el este del país.
El Ministerio de Defensa burkinés ha confirmado que han sido hallados siete cadáveres con heridas
de bala cerca de la aldea Boumoana, escenario previamente de una “operación militar” contra
supuestos terroristas que operan en la zona.
“Si se determina que hay una responsabilidad por parte de elementos de las fuerzas de defensa y seguridad, los autores responderán por sus actos, en línea con las leyes que rigen a las Fuerzas
Armadas”, ha dicho, según ha recogido el portal burkinés de noticias Burkina24.
El suceso ha tenido lugar menos de dos meses después de la muerte bajo custodia de doce
personas detenidas en Tanwalbougou durante una operación antiterrorista, lo que provocó nuevas
denuncias contra las fuerzas de seguridad por abusos contra la población civil.
A finales de mayo, la Fiscalía de Burkina Faso afirmó que las investigaciones habían revelado que no
fueron ejecutadas en sus celdas, ante las denuncias de las familias y organizaciones civiles del país
por lo sucedido.
Dicho incidente tuvo lugar días después de que Human Rights Watch (HRW) publicara un informe en
el que denunciaba que las fuerzas de seguridad habrían ejecutado a 31 detenidos el pasado 9 de
abril en la localidad de Djibo, situada en el norte del país, tras haberlos arrestado en el marco de una
operación antiterrorista.
En este sentido, Laurent Saugy, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
en el país africano, ha destacado durante la jornada que todas las partes “deben respetar la vida y la
dignidad humana, en todo momento y sin distinción”.
“Estas reglas se aplican también en los arrestos y cuando una persona está bajo control de una
entidad, sea cual sea. El poder de las armas no da un derecho ilimitado sobre las personas. Al
contrario, da una responsabilidad”, ha argumentado, tal y como ha recogido el portal burkinés de
noticias Infowakat.
Saugy ha resaltado además que el respeto a la dignidad de las personas debe trasladarse igualmente
a los fallecidos y ha añadido que los familiares deben poder recuperar los cuerpos y llevar a cabo un
entierro decente de sus seres queridos.
Burkina Faso, al igual que la vecina Malí, ha registrado un fuerte aumento de ataques yihadistas en
los últimos años, obra tanto de la filial de Al Qaeda como de la de Estado Islámico en la región. Los
abusos de las fuerzas de seguridad contra la población han ayudado a estos grupos en sus tareas de
reclutamiento.
Dicha actividad ha contribuido también a incrementar la violencia intercomunitaria y ha hecho que
florecieran grupos de autodefensa, a los que el Gobierno burkinés ha sumado en los últimos meses a
voluntarios para que ayuden en la lucha antiterrorista. Más de 800.000 personas se han visto
desplazadas en el país como resultado de todo ello.