Jorge Gutiérrez fue asesinado de un tiro en la cabeza el 29 de agosto de 1994 cuando viajaba en el tren Roca; uno de los imputados ya había sido juzgado y absuelto, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró vicios en la causa, sancionó a la Argentina y ordenó reabrir el proceso.
Un excabo de la Policía Federal y un exefectivo de la policía bonaerense serán juzgados a partir de mañana por su presunta responsabilidad en el homicidio del subcomisario Jorge Omar Gutiérrez, ocurrido hace casi 28 años, cuando el oficial investigaba el caso de la “Aduana Paralela”.
Será la segunda vez que Alejandro Santillán, alias Chiquito, que revistó como suboficial en a Policía Federal, enfrente un tribunal por el mismo homicidio. Había sido juzgado en 1996 y absuelto por falta de pruebas. En tanto que, Francisco Mostajo, alias Colorado, policía bonaerense, permaneció prófugo hasta 2011 y será la primera vez enfrentará el juicio oral por su presunta responsabilidad en el homicidio del jefe policial que se desempeñaba en la comisaría 2ª de Avellaneda.
Es que, agotadas las vías recursivas ante la Justicia del país, los familiares del subcomisario -entre ellos, su hermano, el exintendente de Quilmes Francisco “Barba” Gutiérrez- llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que sancionó a la Argentina por no garantizar los derechos de la víctima, admitió la participación de “agentes estatales” en el homicidio y la obstrucción de la investigación, y ordenó “reabrir el proceso para sancionar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato”.
Ese nuevo juicio comenzará mañana, a las 9, en la sala de audiencias de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata. Podría extenderse hasta el 13 de mayo.
El de Gutiérrez no fue el único crimen vinculado con el caso de la Aduana Paralala. El comisario Jorge Luis Piazza, que investigaba el homicidio de su colega, fue asesinado en febrero de 2003. Se trató de un homicidio planificado. Los autores siguieron a Piazza desde el locutorio instalado en el supermercado de Rodolfo López y Calchaquí, en Quilmes Oeste. Después lo interceptaron en la esquina de República del Líbano y Calchaquí, lo secuestraron y lo llevaron hasta un descampado en San Francisco Solano, donde lo asesinaron.
Nueve años antes de eso, el 29 de agosto de 1994, Gutiérrez terminó su guardia en la seccional 2ª y abordó una formación del tren Roca para regresar a su casa, en Quilmes. En algún momento del trayecto, el subcomisario fue asesinado de un balazo en la cabeza. El cuerpo fue hallado en el vagón en el que viajaba cuando esa formación llegó a la estación La Plata, una de las terminales de la línea ferroviaria.
No había indicios de robo. El subcomisario tenía su portafolios, el reloj y un anillo. También su arma y el uniforme con la chapa identificatoria. El tren recorrió 14 estaciones sin que ninguno de los pasajeros advirtiera la presencia del cuerpo del subcomisario con un balazo en la cabeza. O, posiblemente, todos hayan huido despavoridos en cuanto vieron la ejecución
En el momento en que fue asesinado, Gutiérrez investigaba una serie de irregularidades con las mercaderías que se guardaban en un conjunto de depósitos instalados en terrenos fiscales adyacentes a las vías del ferrocarril Roca, en Avellaneda.
Dichos movimientos de contenedores con mercaderías formaban parte de un escándalo que involucró a exfuncionarios de la administración del Poder Ejecutivo que encabezaba Carlos Menem, maniobras que fueron atribuidas al funcionamiento de una “Aduana Paralela”.
Según la investigación encarada por Gutiérrez, esos depósitos instalados en terrenos fiscales eran utilizados para guardar cargamentos de droga.
En un artículo publicado en 2013 en LA NACION, Francisco “Barba” Gutiérrez, exintendente de Quilmes y hermano del subcomisario asesinado, expresó: “Detrás de la muerte de mi hermano hubo responsabilidades políticas, policiales y empresariales. El narcotráfico estuvo detrás de la muerte de mi hermano”.
Juicio fallido
El primer juicio oral, realizado en 1996, terminó con la absolución del suboficial federal Santillán. Ese veredicto absolutorio quedó firme después de una apelación extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El otro sospechoso, Mostajo, eludió el juicio oral porque pudo permanecer prófugo durante casi 17 años.
En cambio, Santillán fue detenido un mes después del homicidio. Estuvo preso durante dos años y fue liberado después del veredicto absolutorio.
Tanto Santillán como Mostajo fueron apuntados por los testigos como sospechosos del asesinato del subcomisario Gutiérrez. Los testigos los reconocían porque se aprovechaban de su condición de policías para cobrarles coimas a los vendedores ambulantes que ofrecían sus mercaderías en las formaciones del tren Roca.
Pero, en el caso del juicio contra Santillán, los magistrados consideraron que los aportes de esos testigos no tenían la claridad necesaria para fundar una condena. Además, esas declaraciones, según el tribunal, carecían de elementos que permitieran señalar con certeza la participación del imputado en el homicidio por el que se lo juzgaba.
Las circunstancias que rodearon el asesinato del subcomisario fueron tratadas por una comisión especial de la Cámara de Diputados de la Nación que investigó los delitos vinculados con la instalación de un “sistema de aduana paralela” durante el menemismo, empleado para diversos hechos de tráfico con eventuales complicidades estatales, como ser las ventas ilegales de armas, la llamada “mafia del oro” o embarques de drogas.
Reclamo internacional
En 2013, luego de una presentación realizada por la familia del subcomisario asesinado, acompañada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró a la Argentina responsable por el derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales y protección judicial a favor de Gutiérrez y de su familia.
“En el fallo se resolvió que había suficiente prueba para concluir la participación de agentes estatales en el homicidio del subcomisario y en la obstrucción de la investigación”, indicó el CELS, a través de un comunicado difundido en esa oportunidad.
La CIDH también ordenó reabrir el proceso para sancionar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato. Finalmente, más de ocho después de esa decisión del organismo internacional, los policías sospechosos comenzarán a ser juzgados a partir de mañana.
Según fuentes judiciales, fueron convocados 70 testigos. El tribunal indicó que las audiencias para recibir las pruebas deberán concluir el 10 de mayo. Después se realizarán los alegatos y se dictará la sentencia. Se sabrá, entonces, si el homicidio del subcomisario Jorge Gutiérrez quedará, al menos, parcialmente resuelto o si seguirá como hasta hoy, bajo el manto de la impunidad.
“Es necesario esclarecer por qué mataron a mi viejo”
David Gutiérrez, hijo del subcomisario Jorge Omar Gutiérrez, reafirmó que la reapertura del caso es el resultado de “una larga lucha contra la impunidad”.
”Estamos con mucha ansiedad y expectativa después de 28 años de impunidad, de haber sufrido y visto todo tipo de aprietes, de que esta vez se haga justicia por mi papá y que los autores materiales e intelectuales de su asesinato sean condenados por lo que hicieron”, dijo Gutiérrez a la agencia de noticias Télam.
Celebró el haber “logrado revertir un fallo que estaba completamente viciado” y remarcó que “fue el resultado de una lucha muy grande y casi sin precedentes”, aunque agregó: “Aún es necesario esclarecer por qué lo mataron, para hacer justicia en la memoria de mi viejo y para que dejen de existir en la Argentina estas mafias”.
También enfatizó en que “todo se encuentra documentado” y que hay “testigos que reconocieron y que dieron testimonio de quienes estuvieron involucrados en el asesinato” de su padre.
”Somos conscientes de la mafia a la que nos enfrentamos, hoy estamos más curtidos que años atrás”, expresó y aseveró que “el caso de mi viejo tomó estado público, pero sabemos que casos como el de él hay muchos, pero no salen a la luz”.
Asimismo, denunció que se trata de “una lucha contra todo un Estado impune, contra una mafia que aprieta a jueces, testigos y familiares, que generó otras muertes, además de la de mi viejo”.
La familia Gutiérrez, a su vez, emitió ayer un comunicado dirigido a los jueces de la causa donde reclamaron al Estado argentino y en particular al Poder Judicial “que el tribunal avance imparcialmente en la persecución de los responsables, remueva los obstáculos a la verdad que se han presentado hasta el momento y finalmente, haga justicia”.