Lo dispuso el Consejo de la Magistratura luego de que desconocidos revisaran 24 sobres lacrados con información confidencial en la Oficina de Declaraciones Patrimoniales.
Luego de la misteriosa intrusión de desconocidos en la Oficina de Declaraciones Patrimoniales de jueces del fin de semana largo del Día de la Bandera, el Consejo de la Magistratura dispuso este martes la intervención del área que tiene a su cargo la custodia de esa documentación políticamente sensible.
La decisión se produjo luego de que los intrusos revisaran los sobre con los anexos con información reservada correspondiente a 24 jueces y funcionarios judiciales nacionales, entre ellos tres integrantes del Tribunal Oral Federal 2 que juzga a Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Se trata de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
Los ciudadanos tienen acceso a la declaración jurada con los datos general, pero no a los sobres donde están los número de cuentas bancarias y la dirección de las casas de los jueces, por ejemplo. A estos datos solo se puede acceder con una orden judicial.
Por esa razón, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que preside Marcelo Gallo Tagle, denunció la “extrema gravedad” de la intrusión y afirmó que el casos “afecta la independencia de los jueces”.
Fuentes judiciales consultadas por Clarín opinaron que si bien hay que esperar el resultado de la investigación del juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Ramiro Gonzalez, “no hay dudas que se trató de un mensaje mafioso”.
Desde diciembre de 2019, la vicepresidenta Cristina Kirchner lanzó más de veintena medidas contra los jueces que la investigan. Van desde cambiar su régimen jubilatorio y anular traslados hasta intentar echar al jefe de los fiscales provisorio, Eduardo Casal.
La investigación judicial puede determinar que “no se robaron nada” del contenido de esos sobres con datos confidenciales pero “sí que su contenido pudo haber sido fotografiado” para eventualmente preparar “carpetazos” contra jueces.
En un comunicado, el Consejo de la Magistratura informó que “ha resuelto ratificar todo lo actuado por su Presidente (Horacio Rosatti) y disponer la intervención del área a la que le compete la guarda y registro de las declaraciones juradas. La intervención le ha sido encomendada al señor Secretario General del Consejo”.
El cargo de secretario General lo ocupa Mariano Pérez Roller que deberá ahora controlar y comandar esa oficina clave por la información sensible que maneja. La oficina se encuentra en 8° piso del edificio de la Magistratura ubicado en Sarmiento 877 y hasta ahora estaba a cargo de María Victoria Pérez Bayonso.
Además, determinaron, dentro de un plazo de 30 días, se realizará “el pronto traslado de las estructuras de guardado de las declaraciones juradas a otro edificio del Consejo y robustecer los sistemas de seguridad que las preservan, a la vez que reconducirlos a las tecnologías vigentes”. Ahora es una oficina de Durlock con una cerradura que funciona mal y se le pondrán rejas y acceso biométrico.
En la reunión a puertas cerradas del Consejo de la Magistratura, se habló de que dentro del organismo “existen bandas de funcionarios que responden a distintos sectores políticos y se enfrentan entre sí”. Por esta razón, frente al proceso de transparencia que se puso en marcha, “se espera descubrir más escándalos como éstos”.
En fuentes judiciales llamó la atención que el diputado ultracristinista Rodolfo Tailhade venga haciendo en Twitter “denuncias” contra el patrimonio de jueces que investigan a Cristina Kirchner, aunque nadie lo relacionó con la intrusión.
El ex director de Contrainteligencia de la AFI y denunciante serial contra el macrismo ya hizo un show en las redes sociales con las declaraciones juradas de bienes del fiscal Carlos Stornelli, del miembro de la Corte, Carlos Rosenkrantz, del juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinksy y el camarista federal Pablo Bertuzzi, entre otros.
En una nueva serie, insinuando que habría enriquecimientos ilícitos, también hurgó con la declaración jurada del ex ministro de Justicia de Macri, German Garavano, y del diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, entre otros.
El ingreso al área donde se guardan unas 11.000 declaraciones juradas de bienes, de las cuales aproximadamente la mitad corresponde a magistrados, fue ostensible: la funcionaria que lo descubrió dijo que además de haber hallado cerraduras mal cerradas o puertas entreabiertas, su propio escritorio había sido alterado.
Ese mismo martes 21 de junio, el presidente del Consejo y titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, ordenó hacer la denuncia en Comodoro Py y poner a disposición del juez interviniente -que resultó ser Rafecas- toda la información disponible. Esta semana, además, inició un sumario administrativo que este viernes dejó en manos del director de Auditoría, José Luis Pivetta.
A través de un comunicado, el organismo informó que también “ha resuelto requerir al Cuerpo de Auditores la pronta tramitación de las actuaciones disciplinarias cuya instrucción se le ha encomendado, y la emisión de informes parciales de avance que permitan complementar la intervención ordenada”.
Finalmente, con el objetivo de “armonizar” la recepción de las declaraciones juradas periodo 2021, junto a la puesta en marcha de las medidas de gestión y seguridad a implementarse,” se ha puesto a consideración del Plenario la posibilidad de readecuar su cronograma de presentación”, es decir que los jueces tengan más plazos.
Entre las declaraciones violadas, se destacan la de los tres integrantes del TOF2, que está concluyendo el juicio contra la vicepresidenta, Julio De Vido, José López y Lázaro Báez -entre otros acusados- por el supuesto direccionamiento de contratos de obra pública hacia las empresas del contratista K.
También fueron manipuladas las declaraciones juradas del juez federal porteño Ariel Lijo y a los camaristas de la Casación Federal Penal Gustavo Hornos y Guillermo Yacobucci, otros jueces que investigaron a juzgaron a la vicepresidenta. Rosatti ya habló por teléfono con la mayoría de los jueces afectados para ponerse a su disposición.
El juez Rafecas notificó este viernes a todos los magistrados y secretarios judiciales afectados, y delegó la investigación del caso en el fiscal Ramiro González, quien empezó a tomar declaraciones testimoniales, entre otras medidas de prueba. Entre ellas, solicitó a las empresas teléfonicas los celulares que se activaron en la zona durante ese fin de semana.