Macri sobreseído | La corte sobreseyó a Mauricio Macri tras las acusaciones por las escuchas presuntamente ilegales a los familiares de la tripulación del submarino hundido, ARA San Juan. No hubo delito porque a la AFI le correspondía tomar medidas para la seguridad presidencial.
La sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, integrada por los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, decidió sobreseer a Mauricio Macri, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani y varios agentes de inteligencia, y también dejar sin efecto el embargo que pesaba sobre ellos. Dijeron tener la certeza negativa de que los imputados hayan cometido los actos que se les atribuían. Es decir, están seguros de que no se cometió un delito. A propósito dijeron: «entendemos que no se encuentra verificada la hipótesis expuesta por el juez de grado, en un sentido que amerite la continuidad del proceso».
Como se recordará, el expresidente Macri fue acusado de presunto espionaje ilegal por el juez federal Martín Bava: le achacaba haber espiado a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en 2017. El acusado negaba los cargos, y acusaba a Bava de ser «parcial» y de tener «fines repudiablemente políticos» que favorecían al gobierno actual.
Pero aunque su defensa pidió la recusación del magistrado, la Cámara Federal rechazó el planteo y lo confirmó: además de procesarlo sin prisión preventiva, Bava le impuso a Macri un embargo de US$1 millón y le prohibió salir del país porque lo consideraba «penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal». En la misma causa ya estaban procesados los exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) nombrados por Macri durante su gestión: Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y otros exfuncionarios.
Ahora la Cámara revisa lo actuado, y en su dictamen expone: «El magistrado consideró en su resolución que las acciones supuestamente cometidas —de obtención de información y producción de inteligencia— buscaban en definitiva influir en la situación política e institucional del país, y en especial en la opinión pública y la gestión política del gobierno de ese momento.” Esto es lo que sepropone revisar.
Tres anillos
Rápidamente, la cámara adelanta que las actividades desplegadas tuvieron como único objetivo la seguridad presidencial y la seguridad interior, y por esa razón se encuentran justificadas. Y para probarlo, se propone comenzar por registrar la asignación de funciones que se desprenden de los organigramas de las dependencias oficiales involucradas, así como la prueba testimonial y documental reunida.
Inicialmente aclara que las actividades de inteligencia buscan preservar la vigencia del orden constitucional: «Mediante la recolección, clasificación y análisis de información, los organismos especializados buscan alertar acerca de potenciales riesgos que podrían poner en jaque intereses estatales primordiales, tales como la defensa nacional, la seguridad interior y la seguridad del Estado Nacional». Cuidar personas, lugares o recursos que hacen al normal desenvolvimiento institucional. Para eso existe la ley 25.520 que indica que el Sistema de Inteligencia Nacional procurará contribuir a la toma de decisiones en materia de seguridad exterior e interior de la Nación. Entre los organismos estatales autorizados a la realización de actividades de inteligencia nacional se encuentra la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI.
Hay que proteger el Estado democrático y los distintos poderes del Estado: el presidente, por ejemplo, que es jefe supremo de la Nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país. Su misma investidura lo coloca en una situación prioritaria en su seguridad como titular de uno de los poderes del Estado.
Para probar todos los supuestos se tomaron declaraciones testimoniales a José Luis Yofré —jefe de la Casa Militar al momento de los hechos—, a Alejandro Daniel Guglielmi —segundo jefe de la Casa Militar y jefe de la agrupación Seguridad e Inteligencia de dicho organismo— y Alejandro Cecati —Director General de Protección de Estado al momento de los hechos. Todos dieron cuenta de que constantemente se registraban amenazas y acciones violentas dirigidas al primer mandatario: “«a potencial existencia de un riesgo contra la seguridad del Presidente es un objeto específico de la inteligencia nacional». Su seguridad se halla expresamente comprendida como una de las actividades dependientes de este organismo.
La Cámara se centra entonces en analizar las declaraciones de los testigos Yofré, Guglielmi, Cecati y de Andreis, que coinciden en afirmar que las áreas involucradas en los «tres anillos» realizaban un «adelantado presidencial»: quiere decir que debían tomar las medidas necesarias, coordinar requerimientos para que la visita presidencial se ejecutara de forma segura. Dijeron que la AFI le entregaba un informe socioambiental a la Casa Militar.
Yofré, el jefe del organismo al momento de los hechos, aseguró que la institución actuaba en conjunto con el Ministerio de Seguridad y la AFI en cuanto a los actos que realizaba el presidente en diferentes lugares del país. Incluyó que cada informe trataba sobre los lugares donde iba a realizarse el acto, los caminos de acceso al lugar, las condiciones meteorológicas y si existía la posibilidad de manifestaciones o cortes de calles. Agregó que un reporte era dirigido a Casa Militar, otro a Custodia Presidencial y otro al Secretario General, y se recibían el mismo día que se hacía la visita.
Fernando De Andreis en su declaración refirió las atribuciones conferidas a la Casa Militar (organismo encargado de la custodia del Presidente), y dijo: «… coordinar los aspectos vinculados con las acciones de inteligencia y contrainteligencia necesarias, juntamente con la Agencia Federal de Inteligencia».
Avanzada presidencial
Por esto, la cámara federal afirma: «A diferencia de lo valorado por el a quo, nos encontramos en condiciones de afirmar que los elementos de prueba citados son lo suficientemente claros para tener verificado en el caso que la AFI se encontraba autorizada a intervenir en esta materia».
Al efectuar sus descargos, varios imputados que se desempeñaban en el organismo dijeron que se trabajaban en el Departamento de Enlace con la Casa Militar, llamado también «avanzada presidencial»: su propósito era contribuir antes, durante y después a las necesidades de seguridad del Presidente de la Nación, durante las visitas a sus zonas de responsabilidad.
Por entonces, el delegado a cargo de la base Mar del Plata era I.B. quien afirmó que también colaboraba con la de Avanzada Presidencial. Explicó: «…esta última Dirección se contactaba permanentemente en ocasión de la visita presidencial a cualquier ciudad dentro de la amplia jurisdicción de la Delegación Mar del Plata, debiéndose saber que el ex presidente Macri utilizaba habitualmente la Residencia de Chapadmalal».
Al respecto indicó: «…se verificaba la posible influencia de los casos de conflictividad social habitualmente reportados, ahora sí en relación a la seguridad presidencial» Es decir que —además de las tareas que se desarrollaban en visitas presidenciales— también se cubrían manifestaciones, cortes de ruta, marchas y todo aquello que pudiera afectar la seguridad interior.
A esto se suma que los reportes producidos fueron elaborados siempre en fechas cercanas a la asistencia del presidente a actos públicos, y coincidieron con su estadía en la ciudad de Mar del Plata: por ejemplo los informes de 3 de febrero, 10 de febrero, 2 de abril, 13 de julio, 19 de octubre y 15 de noviembre de 2018. Otros, enmarcados en la seguridad de un objetivo militar, reportan alertas frente a concentraciones en la entrada de la Base Naval de Mar del Plata, como los del 15 de diciembre de 2017 y del 15 de enero, 15 de febrero, 15 de marzo, 15 de mayo, 15 de junio, 15 de septiembre de 2018 y 14 de diciembre de 2018.
También hay informes por controles en virtud de una manifestación frente y dentro del edificio de la Prefectura Naval, en las inmediaciones del ingreso a las terminales 2 y 3 de la zona portuaria marplatense, el 11 de junio de 2018. El informe del 28 de junio de 2018 trató de una congregación llevada a cabo en el monumento al General San Martín, en Mar del Plata, en apoyo a otra que se estaba realizando al mismo tiempo en Plaza de Mayo. Todos se evidencian como actividades normativamente especificadas, que hacían a la seguridad interior.
En resumen, la cámara ha dejado en claro que todos los informes estudiados en el expediente son observaciones de campo absolutamente superficiales: «en ningún momento afectaron la vida privada de particulares». Por eso considera que no pudo verificarse la comisión de un delito, y que todas las medidas que se tomaron estuvieron dentro de las atribuciones de los funcionarios actuantes, y que se tomaron con el fin de preservar la seguridad presidencial, el orden constitucional y los edificios de las fuerzas armadas.