La abogada que representa a la familia de Azul Zabaleta brindó en la 99.9 detalles sobre el avance en las últimas horas de una causa que va contra los responsables y también las autoridades del colegio.
El caso de Azul Zabaleta está empezando a tomar forma ante la justicia luego del explosivo que le produjo una sordera bilateral prácticamente absoluta en el Colegio Don Bosco. La familia de la afectada está reclamando justicia y lo está haciendo por los carriles legales correspondientes.
La abogada que los representa es la Dra. Adelina Martorella que contó los detalles en la 99.9: “junto con la fiscalía lo que trataremos de acreditar es, no solamente la autoría de las lesiones que sufrió la menor, sino también la responsabilidad penal que surge de una simple lectura de lo actuado, respecto de las autoridades del Colegio Don Bosco. Los padres fueron constituidos como particular damnificado, los recibió el viernes el fiscal Pellegrinelli y minutos antes de que termine el horario judicial del viernes, se presentaron los elementos que desde el 8 de julio deberían haber puesto a disposición de la policía y luego de la fiscalía”.
A partir de allí, el fiscal trató de ser lo más diligente posible para que se ejecutaran las pericias de los elementos: “ayer, el Dr. Pellegrinelli resolvió remitir el cesto de basura, las bolsas y una botella plástica al cuerpo de bomberos para que lo periten y se determinen el tipo de material utilizado, el poder explosivo y otros objetos de interés. Se pidió al Colegio Don Bosco el listado del personal, directivo docente y no docente presentes el día del evento y la nómina completa de alumnos de 4°, 5° y 6° año presentes ese día a horas del mediodía. Atento a un escrito presentado por la propia institución donde dicen que un alumno habría recibido amenazas y dijo quien podría haber sido el autor pero sin nombrarlo, le pidieron al colegio que acompañen una copia del acta labrada con el posible menor responsable de este evento. Hay que esperar que todo eso se agregue a la investigación”.
El hecho de hacerlo público por parte de la familia, luego de que se confirmara la pérdida de la capacidad auditiva de Azul en un 96.8% para sus dos oídos, la causa dio un vuelco significativo: “a partir de que los padres hicieron público el hecho, el 17 de agosto, ese mismo día ante lo preocupante de la situación y la repercusión que tuvo, la fiscalía de delitos culposos determinó que la calificación del hecho tiene que ser estrago doloso, omisión de auxilio y lesiones graves. Como particular damnificado creemos que existe un encubrimiento por parte de las autoridades institucionales y pediremos que se les impute ese delito”.
Mientras se trata de avanzar en todas estas cuestiones de la causa, la abogada se detuvo en la forma en que el colegio abordó el tema: “es llamativa la liviandad con la que las autoridades de los colegios toman este tipo de hechos, omiten, esconden y no denuncian. No creo que la lectura sea que esto es una travesura, no se puede ser tan ingenuo, acá pretenden no mostrar lo que sucede dentro de las instituciones educativas, quizás por perder el prestigio educativo o perder alumnado”.