La abogada de la familia de Azul Zabaleta habló en la 99.9 sobre los allanamientos que se llevaron adelante en las últimas horas y la identificación de tres jóvenes que habrían sido los autores de la bomba que le generó la pérdida de audición a la joven.
El caso de la bomba que estalló en el Colegio Don Bosco y que le quitó la capacidad de audición a Azul Zabaleta ha dado pasos importantes en las últimas horas luego de una serie de allanamientos que se llevaron adelante.
La abogada de la familia Zabaleta, Dra. Adelina Martorella, dio detalles de las convulsionadas últimas horas a través de la 99.9: “una mamá fue citada a prestar declaración testimonial bajo reserva de identidad y brindó el nombre de tres alumnos. Cotejado con una intimación que se le hizo a la autoridad escolar respecto del escrito que presentaron donde no brindaban el nombre del alumno que podría haber sido, cuando lo dieron; coincidía con el nombre que daba la mamá”.
A partir de ahí, se cambió de fiscalía interviniente teniendo en cuenta que las tres personas señaladas eran menores de edad: “el fiscal Pellegrinelli pasó la investigación al fuero de responsabilidad penal juvenil y lo toma el Dr. Walter Martínez Soto que, atinadamente, solicitó una orden de allanamiento, registro y secuestro que fue otorgada por el juez Daniel De Marco. Ayer se realizó el mismo, se secuestraron algunas actuaciones del colegio y los tres celulares de las personas que fueron indicadas por esta mamá y otra que se comunicó por las redes sociales. Intervino personal de la DDI Mar del Plata y Policía Científica porque tenían que ver el lugar donde ocurrieron los hechos para ver si había algún elemento de interés”.
Mientras todo esto sucedía, también se avanzó en la posibilidad de que Azul pudiera brindar ante la justicia su versión de los hechos: “fue entrevistada por un perito psiquiatra y una perito psicóloga para que determinen si está en condiciones de prestar declaración testimonial. Determinaron que si y por lo tanto se la tomará próximamente para que cuente todo lo que sucedió ese 8 de julio donde le modificaron la vida”.
A medida que se avanza en la causa, todo indica que había hechos de descontrol dentro de la propia institución, algo que socialmente parece un problema mayúsculo y es cotidiano, pero no parece advertirse hasta que suceden hechos de estas características: “socialmente se ha perdido concepto de lo que es la autoridad en el más amplio sentido de la palabra. Se perdió la debida comprensión y no existen los límites desde la casa y las instituciones. En la formación de los chicos, que ya son adolescentes, algo ha fallado para que el límite sea impuesto por el derecho penal que debería ser el última intervención que debería intervenir en la vida de una persona”.
En el caso de los tres jóvenes señalados como autores del hecho, para Martorella hay ciertas sensaciones que la llevan a sacar conclusiones: “viendo la cara de estos chicos será lo único que permitirá que recapaciten. Tengo la plena certeza de que al menos uno de ellos es el autor, de los otros dos no, pero saldrá de las pericias que realizarán”. También destacó la reacción de los padres de estos menores: “en particular, los padres de un menor tuvieron una forma de actuar que fue lastimoso. Había una provocación continúa y la preocupación de ellos era el tiempo que su hijo iba a estar sin el celular. Ahí uno empieza a entender porque las cosas están como están”.
Por último, la Dra. Martorella señaló que el colegio tendría que haber brindado información sobre la manera en la cuál se comportaron estos menores durante sus años de escolaridad: “hay que analizar que conducta mantuvieron los menores durante el año y ver como se desenvolvieron en los últimos años dentro de la institución. Los directivos del colegio ni siquiera le han dicho al fiscal si son o no problemáticos”.