El Juzgado Nacional de primera instancia del Trabajo N°69, a cargo del juez José Ignacio Ramonet resolvió “desestimar”, por el momento, el pedido del gremio para multar a la pyme láctea por los despidos al personal.
Después de que Atilra solicitara a la Justicia una multa contra Lácteos Vidal por despedir a 29 de sus 46 empleados de la planta de Moctezuma, en Carlos Casares, un juez laboral que tiene a su cargo el caso resolvió “desestimar”, por el momento, el pedido contra la pyme láctea y no proceder hasta que se analicen a cabalidad las pruebas aportadas.
La resolución que se da después de que Atilra pidiera que se le imponga una multa por haber violado una medida cautelar interpuesta por el gremio contra la empresa que tiene también una fábrica en el barrio de Devoto. “El juez laboral resolvió que no nos va a poner la multa porque nosotros no desobedecimos nada. Despedimos el 16 [de septiembre] y el 20 nos llegó la cautelar. No incumplimos nada, no correspondía que nos pongan multa. El juez lo que quiere ahora es tomarse el tiempo para ver las pruebas”, explicó la dueña de la empresa, Alejandra Bada Vázquez, a LA NACION, sobre la notificación que les llegó cuatro días después de que la empresa enviara los telegramas de despidos.
“No nos correspondería, porque hicimos todo conforme a la ley y estuvimos siempre de lado de la ley. No fue lo que hizo el gremio, que nos hizo una embestida y un bloqueo extorsivo, junto con los trabajadores, con quienes se perdió la confianza”, amplió. A mediados de septiembre, la empresa envió telegramas a los trabajadores que se adhirieron a la protesta, para que regresaran a sus tareas. Al ver que no había respuesta, la pyme decidió despedir a 29 de sus 46 empleados.
En el documento, el juez José Ignacio Ramonet resalta: “Desestimar, por el momento, la imposición de astreintes solicitada por la parte actora. Diferir la cuestión relativa al cumplimiento/incumplimiento de la medida cautelar, hasta tanto se cuenten con mayores elementos de prueba para resolver la cuestión. Imponer por su orden las costas de la incidencia, en atención al modo de resolver”.
Y sigue: “Teniendo en cuenta que la emisión de los telegramas de despido fue anterior a la notificación de la medida cautelar dispuesta en autos, no corresponde imponer astreintes, por el momento, por el incumplimiento de una manda judicial de la que no se tenía conocimiento al momento de la toma de decisión de los despidos”.
La respuesta se da después de que el juez, del Juzgado Nacional de 1ra instancia del Trabajo N°69, diera lugar a una cautelar del gremio de la leche contra la empresa, a la que le pedían que “se abstenga de formular despidos, suspensiones y/o modificaciones en las condiciones de contratación, respecto de los trabajadores que se encuentran en ejercicio del legítimo derecho de huelga; debiendo asimismo la accionada abstenerse de practicar y promover esquirolaje, conforme lo normado en art. 70 de Ley 24.013 y 6 b) de Dcto. 1694/06; mientras dure la legítima medida de huelga llevada adelante por los trabajadores”.
Tras la resolución del juez, Juan Beluardo, el abogado que patrocina a la pyme láctea, señaló: “La decisión que están tomando los jueces es la correcta porque ellos no pueden en ningún momento fijar astreintes (sanciones valuadas en dinero contra el deudor que demora el cumplimiento de una orden judicial), sobre algo de lo que no estábamos notificados. La medida cautelar, si bien había quedado firme, no hay un incumplimiento por parte de la empresa”.
Además, Bada Vázquez contó que en la fábrica de Moctezuma están llegando a los 40 empleados, un número de trabajadores que no tenían desde que se desató el conflicto hace más de dos meses. “Retomamos de a poco la producción en la planta de secado y de leche. Estamos intentando recuperarnos para mantener las fuentes de trabajo que tenemos, de casi 100 empleados, contando las dos plantas y la parte agropecuaria. Esto nos da un poco de aliento de seguir, tanto a la familia como a las familias de los empleados. Estamos un poco más tranquilos, con la esperanza de que se haga justicia”, dijo.
Por último, la empresaria fue tajante con la decisión de la empresa tras los conflictos con Atilra en la planta de Devoto. “Agredieron y amenazaron a los compañeros y no los dejaban entrar a trabajar, además de prohibirnos vender. Bloquearon primero en Moctezuma y después en Capital. El ataque fue en simultáneo. Esto [por la decisión del juez] nos permite una bocanada de aire”, narró.
Tanto la empresaria como el abogado de la pyme indicaron que siguen en proceso las dos causas penales que se iniciaron tras los bloqueos. Una que tramita en Trenque Lauquen, por el tema en la planta de Carlos Casares, y otra en Capital Federal. “Hemos aportado pruebas y seguimos aportando y todo sigue en el curso de la justicia penal. En el mientras tanto nosotros nos vamos recuperando en la producción. Es importante defender el trabajo. La única manera de salir adelante, el país y los argentinos es trabajar y producir. Ahora estamos más alivianados, porque queremos trabajar y producir”, resumió Bada Vázquez.