El Observatorio de femicidios de la Multisectorial de la Mujer de Mar del Plata presentó un nuevo informe en donde se revela que entre el 1° de septiembre y el 31 de octubre se registraron en todo el país 36 femicidios , 4 femicidios vinculados y otros 13 intentos de femicidios.
El 70% de los femicidios fueron cometidos en viviendas familiares, mientras que el 30% restante tuvo lugar en la vía pública. Una vez perpetrados los crímenes, el 32% de los asesinos se quitó la vida, como el último caso conocido en la ciudad de Balcarce.
“El aumento de los femicidios, los vinculados y los intentos de un mes a otro ha sido del 50% y dentro de ellos una vez más señalamos el incremento en adultas mayores que están en situación de violencia y llegan al extremo del femicidio, es de temer, porque en esa franja etaria padecen mayor vulnerabilidad, discriminadas por viejas y por ser mujer, en su mayoría sin independencia económica por las jubilaciones tan bajas, agravándose cuando se requiere asistencia para las actividades básica de la vida cotidiana y ni que hablar si se padece algún tipo de discapacidad. Por eso el Estado debe garantizar políticas integrales de cuidados para que estas personas no estén desamparadas y puedan animarse a cortar con esa vida llena de violencia y malos tratos”, aseguran desde el Observatorio.
En el 36% de los casos, las mujeres murieron con armas de fuego, el 25% fue apuñalada y el 17% fue asfixiada. Más de la mitad de las víctimas (53%) tenía entre 26 y 56 años, 25% eran mayores de 50 y el 22% tenían hasta 22 años.
En cuanto al vínculo que unía a las víctimas con sus agresores, se pudo precisar que el 39% eran parejas, 28% exparejas y 25% tenían algún tipo de relación familiar. Sobre el restante 8%, no hay datos disponibles.
“Volvemos a pedir que se los monitoree eficazmente a los victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que impone la Justicia, garantizar el acceso de las víctimas a la Justicia eliminando las barreras judiciales que hoy existen, atención de personal judicial y policial capacitado, la perspectiva de género es la mirada que deben tener estos operadores para tratar con un grupo tan vulnerado. El Estado debe tomar decisiones más eficaces creando un plan de intervención de la violencia con respuestas y servicios más adecuados, donde haya verdadera protección a las personas en situación de violencia y programas con el adecuado presupuesto para que resulten efectivos”, manifestaron desde el observatorio que trabaja bajo el lema: “Si tocan a una, nos tocan a todas”.