El senador provincial se refirió en la 99.9 a la postura del gobierno nacional ante el fallo de la Corte Suprema y las consecuencias que esto podría tener.
Políticamente, el rechazo por parte del gobierno nacional del fallo de la Corte Suprema respecto de la Coparticipación, es una demostración más del desprecio por el sistema republicano que Argentina ha adoptado históricamente.
El Senador Provincial Andrés De Leo habló en la 99.9 sobre lo que esto significa y lo que podría generar a futuro: “sienta un precedente inédito en Argentina que está próximo al rompimiento del pacto democrático y republicano. No cumplir con el fallo es no cumplir con la Constitución. El gobierno nos ha puesto en una situación extremadamente peligrosa, enmarañada y tendrán que recapacitar porque será difícil de resolver”.
Además, la lectura del fallo que está haciendo el gobierno es incorrecto incurriendo en mentiras para explicar su postura: “hay una falacia en la línea argumental del gobierno diciendo que no fue presupuestado, pero tampoco había sido presupuestado cuando le sacó los fondos a la Capital Federal para dárselo a la provincia. Nosotros somos bonaerenses que defendemos el aumento de la coparticipación para la provincia que siempre fue discriminada, pero en este caso el fallo de la Corte establece que no debe perjudicarse a la Provincia, es decir que los fondos deben salir del gobierno nacional. Esto me parece que debemos resaltarlo porque sino nos quieren poner en un falso dilema de que se favorece a los porteños”.
El país tiene que pensar en una nueva forma de gobernar a partir del 2023 donde el respeto por la Constitución y el Estado Republicano sea lo que reine: “Argentina necesita recuperar el espíritu federal y democrático. Hay que tener en claro que el gobierno debe tener apego a la ley porque si no cumple con eso, se quiebra el estado republicano, el estado de derecho. Esto tendrá un daño directo inmediato. En el mundo estas cosas son claramente percibidas, nadie querrá entablar conversaciones o querer invertir porque no hay seguridad jurídica”, comunicó.