Por diez votos a uno, el tribunal decidió impedir la asunción de Aryeh Deri, aliado clave en el gobierno de Netanyahu y condenado por corrupción.
En un fallo que eleva al máximo la tensión con el gabinete de Benjamín Netanyahu, la Corte Suprema anuló el nombramiento del líder de Shas, Aryeh Deri, para los cargos de ministro del Interior y ministro de Salud en el nuevo gobierno, con 10 jueces a favor de la decisión y uno en desacuerdo.
Los jueces señalaron en su sentencia que el nombramiento de Deri es “extremadamente irrazonable” debido a sus múltiples condenas por cargos de corrupción.
La presidenta de la corte, Esther Hayut, votó para revocar el nombramiento de Deri. Hace una semana, Hayut dio un fortísimo discurso contra la agenda judicial del gobierno de Netanyahu, que le valió una crítica de parte del ejecutivo.
El único disidente es el juez Yosef Elron, quien dice que Deri debería verse obligado a apelar al Comité Electoral Central para que determine el asunto.
Queda por ver cómo reaccionará el gobierno, luego de las amenazas veladas de que una decisión judicial para descalificar a Deri podría llevar a la coalición a acelerar sus esfuerzos para limitar severamente el poder de la corte.
Un alto miembro de Shas había dicho que si Deri es descalificado, el primer ministro Benjamin Netanyahu entendería que “la existencia continua de su gobierno estará en peligro“.
Shas es uno de los socios tradicionales de Benjamín Netanyahu. En este gobierno, Deri ocuparía el cargo de vice primer ministro, además de ser titular de Interior y Sanidad en la primera mitad de la legislatura y de Finanzas en la segunda, según lo pactado en las negociaciones.
Sin embargo, el apoyo de Deri al sexto gobierno de Netanyahu en Israel estaba supeditado a que la Knéset aprobara una ley, finalmente aprobada, denominada Ley Deri, que permitiera su rehabilitación para ocupar altos cargos públicos y solo se inhabilite a aquellos que hayan entrado en la cárcel, ya que su sentencia a prisión fue suspendida tras lograr un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía.
Las primeras reacciones no se hicieron esperar. “Si no despiden a Aryeh Deri, el gobierno estará violando la ley”, dijo el líder opositor Yair Lapid. “Tal gobierno perdería el derecho a exigir que los ciudadanos obedezcan la ley e Israel se verá empujado a una crisis constitucional sin precedentes y ya no será una democracia”.