Tanto en la gestión de Macri como en la de Fernández, hubo recortes en las partidas previsionales; en los últimos seis años resignaron el equivalente a 114 millones de jubilaciones mínimas.
Los jubilados y pensionados nacionales fueron los que más perdieron en pesos en el ajuste del gasto público realizado entre 2017 y 2022, un período de seis años que involucró tanto al gobierno de Mauricio Macri como al de Alberto Fernández. En ese lapso, perdieron el equivalente a 114 millones de jubilaciones mínimas, tomando como base los $50.125 del haber mínimo de diciembre.
El número equivale a una resignación, el año pasado, de $1.608.000 millones, explicada básicamente por la caída del poder adquisitivo respecto a 2017. La magnitud en pesos se explica porque representa un 34% en el gasto total del Estado, ya que en porcentaje la baja es de 17,5% en términos reales.
El dato se desprende de un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), dirigido por el economista Nadín Argañaraz, y la tendencia se mantuvo en las dos últimas gestiones presidenciales en la Casa Rosada. El trabajo hace foco en la redistribución del gasto entre 2017 y 2022.
Detrás de los jubilados, por magnitud del recorte en pesos, siguen los asalariados públicos ($701.771 millones por caída de poder de compra del 2022 respecto de 2017) y las transferencias totales a provincias que perdieron $554.079 millones entre las dos puntas del período.
En una Argentina en la que la norma, desde hace varios períodos de gobierno, es el déficit fiscal, siempre existen peleas dentro de un propio gobierno y cruce con anteriores respecto de qué y cómo se ajusta.
Gasto máximo y mínimo
En los seis años analizados, el gasto máximo se ejecutó en 2017 y el mínimo, en 2019. En la gestión de Juntos por el Cambio hay una caída constante del gasto primario del 18,7%. Con el comienzo de la administración del Frente de Todos, hay un salto -debido a la pandemia de Covid-19- del 15%, con la particularidad de que el nivel del gasto se mantuvo en el resto del lapso.
Así, el gasto primario anual entre 2017 y 2022 cayó 6,5% ($1.560.000 millones). Es prácticamente el mismo desde 2020 y menor que el de 2017. El Iaraf grafica la situación con una torta: si pesaba 100 kilos en el 2017, pesó 93,5 kilos en l 2022.
Claro que no todos los componentes del gasto cayeron en forma proporcional. El análisis identifica 15, de los que 12 bajaron en términos reales en los seis años determinados. A la cabeza de los que crecieron está Programas Sociales con 400%; el segmento incluye Potenciar trabajo, Progresar, Sumar, Primera Infancia, Tarjeta Alimentar, asistencia a comedores escolares, Comisión Nacional del Microcrédito, Jóvenes con Más y Mejor trabajo, Programa de Inserción Laboral, Recuperación Productiva y programas nacionales de empleo.
Le siguen los subsidios a la energía (84%) y la inversión real directa (9,3%). Entre los rubros que más cayeron en términos porcentuales se destaca la categoría “otros subsidios económicos” (69%), las transferencias de capital a provincias (54,8%) y los subsidios al transporte (31,2%).
Si se analizan las transferencias a provincias en su conjunto, la caída se ve reducida al 32,7%, debido al comportamiento de las corrientes que perdieron menos que las de capital, apenas 8,9%.
Respecto de los programas sociales, el Iaraf señala que no se puede recortar “mientras no se tenga un esquema claro y sostenible de sustitución por trabajo formal y mientras los índices de pobreza no bajen”.
Sobre los subsidios a la energía. el informe plantea que si bajaran hasta llegar al mismo nivel que en 2017, se liberaría $1 billón, pero aun así ese dinero “no alcanzaría siquiera para financiar lo que jubilados y pensionados perdieron en 2022 respecto de 2017, $1,6 billones”.
Si el año pasado el Estado hubiese gastado en jubilaciones y pensiones contributivas lo mismo que en 2017, el aumento porcentual sobre el gasto efectivamente realizado hubiera sido del 7%. En el caso de asalariados y universidades, 11%. Eso implica que el déficit primario se habría duplicado.
Los gobiernos en años electorales echan mano a la obra pública para “mostrar” actividad y, cuando hay necesidad de ajuste, suele ser el primer rubro que se frena. Entre 2017 y 2022, el gasto de capital (inversión real directa y transferencias de capital a las provincias) registró una reducción real del 17,5% ($368.000 millones).
Por administración
Al tomar las variaciones generales del gasto público en los seis años esconde las diferencias que se registraron, por lo que el Iaraf divide el período en dos etapas que coinciden con las gestiones de Macri y de Fernández.
Entre 2017 y 2019, con excepción de los programas sociales, todas las demás partidas cayeron en términos reales. Las más afectadas fueron otros subsidios económicos (80,8%) y transferencias de capital a provincias (71,2%), mientras que la que menos bajó fue Asignaciones familiares y universales (8,9%).
En la etapa que corresponde al actual gobierno fueron varios los rubros que exhibieron crecimiento real respecto al último año de Macri, acompañando el aumento del gasto primario del 15%. Están, por ejemplo, los programas sociales (208%), subsidios a la energía (119%), otros gastos corrientes (109%) y transferencias corrientes y de capital a provincias (20% y 56,9%, respectivamente).
En los dos períodos hubo recortes reales a las partidas de bienes y servicios; pensiones no contributivas; prestaciones del INSSJP (Pami); jubilaciones y transferencias a universidades.
La estructura del gasto en el inicio de la gestión de JxC marca que lo destinado a jubilaciones y pensiones contributivas representó el 38%; junto a asignaciones familiares y universales; pensiones no contributivas; Pami y programas sociales fueron 54% del gasto ejecutado ese año.
Le siguieron, los gastos de funcionamiento (salarios, 14% y bienes y servicios, 4%); gasto de capital (9%); subsidios económicos, 9,5% (incluye energía, transporte y otros sectores); transferencias corrientes a provincias (3%), a las universidades (4%).
Con Fernández el gasto en prestaciones sociales es del 54% pero con cambios internos en la composición: jubilaciones cayeron a 34% y los programas sociales escalaron a 9%. Otro cambio significativo es el de los subsidios económicos ganan peso y equivalen a 13% (el congelamiento de tarifas buena parte de la gestión disparó la asistencia del Estado).
“Resulta crítico que el sector pasivo sea al que más se le ajustó el gasto -dice Argañaraz- Es consecuencia de la pérdida real de las jubilaciones luego del salto inflacionario del 2018. Y más crítico aún, es que todos los años se les redujo el gasto. Si se piensa en recortar gastos, y se considera a la obra pública total, ya tuvo un recorte de $368.000 millones. Recortarla más bajaría los niveles de inversión económica y social”.