Vigente desde 1985, ahora se podrá interrumpir un embarazo o cambiar de sexo, a partir de los 16 años. Sólo será necesario expresar la voluntad de querer hacerlo.
En un año electoral y con una coalición de gobierno resquebrajada, España aprobó este jueves dos leyes controvertidas que permiten tomar decisiones, como interrumpir un embarazo o cambiar de sexo, a partir de los 16 años. Sólo será necesario expresar la voluntad de querer hacerlo.
Fogoneadas por el Ministerio de Igualdad, que en el reparto de carteras entre el PSOE y Unidas Podemos cuando formaron gobierno en 2020 quedó en manos de Podemos, las dos leyes que este jueves aprobó el Parlamento son dos logros del ministerio de Irene Moreno y avivan la hoguera de la crisis entre los socios de gobierno.
La modificación a la ley del aborto, que la coalición PSOE-Podemos acordó en una reunión de gabinete hace meses, vio este jueves finalmente su aprobación parlamentaria y entrará en vigor apenas se publique en el Boletín Oficial del Estado.
Su principal y polémico foco está en la la libre voluntad femenina para interrumpir el embarazo a partir de los 16 años, sin necesidad de contar con la aprobación de los padres que podrían hasta ni siquiera enterarse.
La nueva ley garantiza el aborto en hospitales públicos y elimina, además, el período de reflexión de tres días que la anterior normativa establecía para que la decisión no fuera fruto de un arrebato.
Crea también un registro de objetores para aquellos médicos y personal sanitario que no estén dispuestos a practicar un aborto.
Y suma, por otra parte, la posibilidad de que las mujeres que padecen menstruaciones dolorosas puedan tomarse días libre en sus empleos.
“Aborto seguro y en la pública para no morir. Anticonceptivos para no abortar y educación sexual integral para decidir, para ser libres y para ser felices”, celebró la ministra de Igualdad, Irene Montero, principal impulsora de la modificación de la ley.
“El camino de esta ley que amplía los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres no acaba con esta votación ni con la publicación de esta ley en el Boletín Oficial del Estado. Va a haber resistencias a la aplicación de esta ley igual que ha habido y habrá resistencias a la aplicación de todas las leyes feministas. Nos toca trabajar”, insistió la ministra.
“Que en todos los hospitales públicos de nuestro país haya personal suficiente para practicar interrupciones voluntarias del embarazo respetando, por supuesto, el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario que decida objetar”, aseguró Montero.
La ley fue aprobada a pesar de los votos en contra de los diputados del Partido Popular (PP) y de Vox.
“Rechazamos este proyecto de ley por inoportuno, por innecesario, por infantilizado, por intolerante, por improcedente, por incongruente”, opinó Marta González Vázquez, del PP.
Aunque contrario a la modificación de la ley, el PP quedó enredado en una telaraña propia sobre si el aborto es o no un derecho a partir de declaraciones de su presidente, Alberto Núñez Feijóo.
Desde que el aborto volvió al debate en España, donde es legal desde 1985, Núñez Feijóo hace equilibrio para no defraudar sensibilidades dentro de su partido, algunas de las cuales defienden “el derecho a la vida” sobre cualquier otro.
“El aborto es un derecho que tiene la mujer dentro de la ley”, dijo hace unos días Núñez Feijóo.
“Es una decisión del a mujer que se puede sólo adoptar de acuerdo con la legislación. No considero que el aborto sea un derecho fundamental porque no está recogido así en la convención de Derechos Humanos. Se puede producir siempre de forma estricta dentro de los términos de la ley”, señaló.
También Vox votó en contra de la modificación que se aprobó este jueves.
“Lo me que escandaliza es que condenen con prisión a quien mate una rata (en referencia a la ley de bienestar animal aprobada también esta semana en el Congreso) mientras se puede matar libremente a un niño en el seno de su madre. Eso es sadismo”, dijo Lourdes Méndez Monasterio, diputada del partido de extrema derecha.
Cambiar de sexo con sólo expresar el deseo
La crispación mayor en el Congreso de los Diputados, sin embargo, llegó cuando fue el turno de debatir otra de las normas que figuraban en la orden del día: la aprobación de la ley trans, una de las propuestas estrellas del Ministerio que dirige Irene Montero.
La ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI -sigla que engloba a lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales- establece que, a partir de los 16 años, se puede cambiar el sexo en el DNI sin requisitos terapéuticos.
Entre los 14 y los 16 también se podrá hacer si los padres están de acuerdo y acompañan la libre autodeterminación de sus hijos.
Sí será necesaria la autorización judicial para los que tienen entre 12 y 14 años.
Este fue uno de los puntos de quiebre dentro de la coalición de gobierno: el PSOE propuso que la autorización judicial fuera un requisito para el cambio de sexo de los menores de 16 años pero no logró que se cambiara la propuesta de Podemos.
Se alzaron voces críticas desde algunos sectores del feminismo pero la ruptura más evidente la protagonizó la ex vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez y actual presidenta de la Comisión de Igualdad el Congreso, la socialista Carmen Calvo, quien este jueves se abstuvo en la votación.
“Estoy de acuerdo con que exista una ley, pero no esta ley”, dijo Calvo hace meses.
“A mí me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que el género se elige sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo, evidentemente, los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles”, fue su argumento.
“Las personas trans no son personas enfermas”
“Esta es una ley que reconoce el derecho a la libre determinación de la identidad de género de las personas trans, despatologiza la identidad trans. Las personas trans no son personas enfermas. Son personas, punto. Son quienes son, punto. Las mujeres trans son mujeres, punto. Y el Estado, a partir de hoy, os los reconoce, punto”, dijo este jueves la ministra Montero mirando hacia las gradas desde donde miembros de los colectivos trans y LGTBI seguían el debate en el hemiciclo del Congreso.
Cuando la ley entre en vigor, se podrá cambiar de sexo en el registro civil a partir de los 16 años sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos que demuestren disforia de género, así como tampoco se tendrá en cuenta si quien solicita el cambio de sexo en sus documentos se está sometiendo a tratamientos hormonales o se hizo cirugías.
La ley contempla, además, que lesbianas, bisexuales y las personas trans que puedan gestar cuenten con el acceso a tratamiento de reproducción asistida. Y que las parejas puedan inscribir a sus hijos como propios sin necesidad de estar casadas.
Los actos discriminatorios serán considerados infracciones. Se creará un régimen de sanciones que pueden llegar a los 150 mil euros.
“Esto no va a servir para acabar con la discriminación ni con el sufrimiento de las personas trans y de las personas LGTBI. Ni los deseos son derechos ni este debate está perdido ni hay un ápice de odio en nuestra oposición a este ley”, dijo la diputada María Ruiz, de Vox, partido que también voto en contra de esta ley.
“Sus tropiezos y empecinamientos dañan a los españoles, especialmente a los niños y a las mujeres. No estamos para experimentar con las personas. No queremos que días después de publicarse en el BOE (Boletín Oficial del Estado) esta ley, comience un nuevo insoportable conteo de víctimas”, dijo la diputada María Jesús Moro Almaraz, del PP.
Moro Almaraz hizo así referencia a la mayor discrepancia que profundiza el desgaste entre el PSOE y Podemos: la reciente aprobación de la ley de libertad sexual -otra de las iniciativas del ministerio de Irene Montero- que, al considerar agresión sexual todo contacto en el que no medie el consentimiento, provocó una modificación en las penas de los delitos sexuales que terminó beneficiando, hasta ahora, a más de medio centenar de agresores sexuales ya condenados.
El presidente Pedro Sánchez apura una modificación que corrija esta sangría y su grupo parlamentario presentó una propuesta sin haberla acordado con Podemos, que no se resigna a soltar una ley que considera otro logro de su gestión y quiere acordar la corrección de la norma con el PSOE.
Este jueves, sin embargo, Podemos celebró lo que considera otro avance progresista propio.
Irene Montero, a quien le tocó escuchar en el hemiciclo los pedidos de renuncia que le hacían el PP y Vox, salió sonriente al patio del Congreso.
Envuelta en una bandera con los colores trans, se fotografió con algunas personas que habían asistido al debate y celebraban la aprobación de la ley.
“Para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Se trataba de una cuestión de derechos humanos”, había dicho la ex diputada socialista de la Asamblea de Madrid -el Parlamento autonómico- Carla Antonelli, la primera parlamentaria trans en España que abandonó el PSOE luego de las disputas dentro de su partido por la ley que finalmente se aprobó este jueves.