El fiscal del fuero de Menores habló en la 99.9 sobre la citación a indagatoria para un menor de 17 años señalado como responsable de colocar la bomba que afectó a Azul Zabaleta.
El caso de Azul Zabaleta tomó mucha repercusión en su momento porque una bomba casera en el colegio, había estallado cerca de ella haciéndole perder parte importante de su audición y de su vida cotidiana.
En las últimas horas, el fiscal del fuero de menores, Walter Martínez Soto, citó a indagatoria a quien sería el único responsable de este hecho y, en consecuencia, imputado: “en un primer momento se sospechaba de él porque en el instituto Educativo están los sospechosos de siempre que hacen bromas o actividades no permitidas. Entre las primeras personas se identificó a este joven de 17 años. Con el análisis telefónico que fueron acercados para la investigación, se determinó que sólo una persona había participado y es quien está imputado. Además, había realizado alguna práctica previa y había hecho alusión de que tenía una sorpresa para el grupo”.
Lo que también pudieron dejar en claro a lo largo de la investigación es que no estaba vinculada a acción fruto de un desafío en redes sociales y además, que la situación de Azul ha mejorado: “a veces estas ideas provienen de algunos Challenge que realizan en redes sociales. Esto no fue comprobado en este caso, pero es el mensaje que se manda como que no pasa nada, pero aquí, no sucedió nada peor de milagro. Acá Azul pudo recuperar su vida y su audición pero podría haber terminado con un implante o aparato de por vida para realizar cualquier actividad”.
Creen que la declaración del imputado podrá establecer algunos detalles más, pero no tienen dudas de su participación en los hechos: “hoy la prueba que hemos juntado desde la fiscalía es contundente pero tenemos que esperar al joven. Tiene una pena en expectativa de 10 años de prisión, habitualmente se fija una reducción, pero es una pena que en principio podría quedar en suspenso porque no habría intento de fuga y demás”.
Por otro lado, el Dr. Martínez Soto habló sobre las falencias que tienen en el momento del trabajo y específicamente en el fuero de menores: “para abordar este caso, debimos trabajar con profesionales del CEMA, porque el Poder Judicial no hay un médico especialista de estas características. Tengo 33 años en el Poder Judicial y siempre hay falta de medios, siempre vamos detrás de ciertas necesidades. No advierto una política en este sentido. Hasta en el fuero penal juvenil, la forma de investigar está viejo respecto de las personas que investigamos. Habría que modernizarse y adoptar otros medios. Al principio, la inversión puede parecer cara, pero da sus réditos”.
Incluso han estado trabajando en las consecuencias del trabajo realizado en ese sentido y saben que será fructífero: “en el ámbito de la provincia creamos una asociación de fiscales con colegas de primera instancia y entre las cosas que determinamos es la disminución de casos que antes eran tratados de otra manera. Hoy, sabiendo que uno irá detenido y tendrá sanción penal, ha ayudado a que se tome un poco de conciencia. La etapa preventiva siempre es la más idónea para no correr detrás de los hechos”.