El Defensor del Pueblo de la Tercera Edad habló en la 99.9 sobre la medida que tomó el gobierno y advirtió que “buscaremos la sanción desde el punto de vista penal porque es un acto criminal sobre el sistema de seguridad social“.
El gobierno nacional tomó la decisión de vender los bonos en dólares de la ANSeS para intentar contener la sangría de las reservas del Banco Central y generó una inmediata respuesta de todas las personas que se sienten afectadas.
Entre ellos están los jubilado, principalmente y el Defensor del Pueblo de la Tercera Edad, Eugenio Semino, comentó su visión al respecto a través de la 99.9 indicando que además, están analizando alguna medida judicial: “vamos a evaluar con la letra del decreto que antes no teníamos. Se reunieron ayer los grandes banqueros que salieron exultantes. Por cada plancha de bono de 100 dólares que se llevan de ANSES, pagan 25 y le dejan pesos a los jubilados. Además, no conocíamos la letra porque no había sido publicada, analizaremos un amparo colectivo contra el decreto que tiene un efecto muy relativo”.
Las experiencias previas de ese tipo de acciones legales no han sido positivas, pero insistirán para frenar una medida que consideran muy grave: “tenemos varios amparos colectivos que están en la Corte, pero tienen tiempos Vaticanos. Haremos todo lo que nos permite el estado de derecho y buscaremos la sanción desde el punto de vista penal porque es un acto criminal sobre el sistema de seguridad social. Tiene como responsables a Massa, Rubinstein y Tombolini que en lugar de haberse reunido con lo banqueros, se tenían que reunir con los jubilados y los trabajadores a ver que opinaban porque es plata nuestra”.
La excusa que puso Sergio Massa para tomar esta decisión, pasa por futuras ganancias a las que nadie prestará atención: “como la mentira fluye con mucha facilidad de la boca de Massa, decía que en el futuro se ganaría dinero para el fondo de garantías, pero la ganarán cuando estemos todo muertos y es inverificable. Son bonos al 2030. Venimos planteando que debían renunciar porque habíamos requerido que se pague con el fondo como garantía, una suma extra de 50 mil pesos porque es insostenible que alguien pueda vivir en Argentina con 50 o 60 mil pesos que es lo que cobran 6 millones de jubilados o con los 40 mil pesos de un millón de personas con discapacidad. En lugar de hacer un negocio con sus amigos los banqueros, al menos ayuden con la necesidad extrema de los jubilados”.