La jueza Loretta Preska admitió que el Estado tendría que haber lanzado una oferta sobre el total de las acciones de la empresa. Pero deja libre de culpa a la empresa estatizada.
La Argentina recibió un revés en la Justicia de Estados Unidos en el proceso por la expropiación de la petrolera YPF. La jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, falló a favor de los fondos Burford Capital y Eton Park y en contra del Estado nacional.
Ambos fondos reclamaban que -al momento de la estatización del 51% de la empresa en 2012- el país tendría que haber hecho una oferta de adquisición por toda la empresa (como fijaba el estatuto). Los fondos pudieron hacer este planteo porque compraron los derechos para litigar contra el Estado en nombre de la quiebra de Petersen Energía, el holding de la familia Eskenazi que había comprado hasta un 25% de la petrolera y con el impulso del ex presidente Néstor Kirchner.
La Preska dictaminó que Argentina es responsable, pero accedió a la petición de YPF de desestimar los reclamos en su contra. De esta forma, obligará al Estado nacional a resarcir a los fondos, pero liberó a YPF de esa obligación.
La jueza también denegó la solicitud de Burford de fijar la indemnización por daños y perjuicios que deberá pagar la Argentina. Ese monto es dificil de predecir: puede ir en una franja de los US$ 4.000 millones hacia los USS$ 20.000 millones.
Expertos legales creen que Argentina irá a la corte de Apelaciones. En caso que confirmen la sentencia, el Estado nacional tendrá que realizar desembolsos de millones de dólares, pero eso recién sucedería hacia marzo de 2024. El pago de este juicio quedaría para el próximo Gobierno.
“El Tribunal (de Nueva York) considera que los demandantes fueron perjudicados por la República porque ellos tenían derecho a recibir una oferta pública de adquisición que les hubiera proporcionado una salida compensada (de la empresa) pero no lo hizo”, dice el fallo.
Cuando el Estado expropió el 51% de YPF, para tomar el control de la petrolera, los accionistas minoritarios también perdieron sus participaciones. Petersen -de la familia Eskenazi- tenía hasta un cuarto de la propiedad de la petrolera. Pero su tenencia estaba vinculada a un préstamo que le había otorgado la española Repsol, dueña del 51% de la empresa.
Ese préstamo de Repsol a Petersen Energía (un “préstamo de vendedor”) se iba repagando con los mismos dividendos obtenidos por YPF. Aunque la operación se concretó hacia fines de 2008, al kirchnerismo no le molestó la operación y hasta la bendijo. Recién en el verano de 2012, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner comenzó a criticar la política de dividendos de la petrolera, a la que acusaba de escasas inversiones.
Al quitarle las acciones a Repsol, Petersen Energía no pudo pagarle más y fue a la quiebra. Su derecho a juicio lo compró el fondo Burford. En caso de cobrar, esa firma se alzará con un 70% de lo ganado y repartirá el 30% con otros acreedores, que no identificó. En el mercado se cree que la familia Eskenazi (la dueña de Petersen Energía antes de la quiebra) está entre los beneficiarios, algo que los voceros de Petersen niegan.
“Los demandantes tienen el derecho a reclamar daños y perjuicios como el derecho a elegir la indemnización por daños y perjuicios como su remedio en lugar del cumplimiento específico”, según la jueza Preska.
La medida para esa compensación podría ser el precio de la oferta pública que el Estado nacional hubiera tenido que hacer en 2012, en cumplimiento de los estatutos. El país resarció a Repsol con US$ 5.000 millones por haberle quitado sus acciones (ver aparte).
En el fallo, Preska esquiva poner una cifra, porque no puede precisar la fecha exacta en que se activó la obligación de Argentina de lanzar la oferta.
“Argentina puede apelar. Burford puede apelar, pero no creo que lo haga, porque ganaron, aunque los activos de YPF quedaron fuera de su alcance y quizás eso les moleste”, explica Sebastián Maril, que conoce el caso como nadie.
Argentina tendrá dos instancias de apelación de la decisión de Preska, pero para hacerlo deberá presentar una garantía.
“Es un fallo positivo para YPF porque la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad y no es garante del Estado nacional, así que sus activos están fuera de riesgo. Por otro lado, hay que destacar que no se hace lugar a todos los pedidos de los demandantes” (como que se fije el valor de la compensación), indicaron cerca de la petrolera.
“Hay una fórmula para pagar, que la presenta YPF en sus estatutos, hay que llegar a un acuerdo en las variables de esa fórmula. Preska ya incorporó que algunas variables sean incorporadas, pero otras variables las tienen que decidir Argentina y los demandantes”, especifica.
La privatización más cara de la historia
El juicio que perdió Argentina en primera instancia en Estados Unidos es un coletazo de la política que siguieron Néstor y Cristina Kirchner respecto de YPF y que no comenzó con la expropiación de la petrolera en 2012, sino mucho antes. El kirchnerismo se tomó varios años para conseguir el control de la petrolera argentina y, en el proceso le costó miles de millones al Estado.
En 2008, por impulso de Néstor Kirchner, la familia Eskenazi -dueña del Banco de Santa Cruz- compra en 2008 el 14% de YPF por unos US$ 2.000 millones. Para esa operación usan dos sociedades que arman en España: Petersen Energía y Peterson Inversora.
La mitad del monto se paga con un crédito de un consorcio de bancos encabezado por el Credit Suisse y garantizado sólo con las acciones de la petrolera. Los otros 1.000 millones de dólares los presta la propia Repsol a los Eskenazi, quienes se plantean solventarlo con los dividendos que consiguieran de la explotación de YPF. En resumen, sin aportar fondos propios.
En mayo de 2011, los Eskenazi ampliaron otro 10% su participación en YPF, con lo cual llegan a tener el 25,46%. Por ese 10% pagan US$ 1.304 millones con un esquema similar a la adquisición anterior: US$ 700 millones de un crédito de bancos y los otros US$ 600 millones de un crédito de la propia Repsol.
La española se queda en ese momento con el 58% de la empresa. Otro 16% está en manos de fondos e inversores internacionales, y el resto quedó repartido entre el Estado Nacional, las provincias de Chubut y Formosa y el Programa de Propiedad Participada.
Necesitado de dinero, el Gobierno de Cristina Kirchner expropia en abril de 2012 el 51% de las acciones de YPF pero sin tocar la parte de los Eskenazi. Sólo toma las acciones que pertenecían a Repsol. Previamente, hace caer el precio de las acciones congelando el valor de los combustibles y quitándole a YPF áreas de exploración en el interior del país.
En febrero de 2014, el gobierno de Cristina le pagó US$ 6.000 millones a Repsol por el 51% de la compañía que había expropiado. Apenas un año y medio después, el valor bursátil de la empresa era menos de la mitad del que tenía en la fecha de ese pago.
Las dos sociedades españolas que los Eskenazi habían usado para comprar su parte de YPF dejan de pagar a los bancos y se declaran en quiebra. El síndico de la quiebra española subastó las acciones de los Eskenazi en Nueva York y el derecho a litigar contra el Estado argentino e YPF por el perjuicio que significó la expropiación.
Allí entra el fondo buitre Burford Capital LLC, que se queda con el juicio. Acuerdan que se quedará con el 70% del eventual beneficio y el 30% restante quedará para los acreedores de la quiebra. Ahora, habrá que esperar que la Justicia de Estados Unidos fije el costo de esta otra deuda por la expropiación.