Cuando lanzó su blitz para estatizar compulsivamente YPF —a la sazón, en mans de Repsol—, Axel Kicillof —en ese momento ministro de Economía del gobierno de Cristina Elisabeth Fernández—, desarrajó: «No les vamos a pagar lo que ellos dicen, sino el costo real de la empresa. Dicen que son 10.000 millones de dólares. ¿Y eso en dónde está? Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según el estatuto de YPF».
No se quedó allí, y fue por más: «No es contra Repsol ni contra los capitales españoles. Cuando una empresa diverge tanto de los intereses del pueblo de la Argentina hay que pedirle primero amistosamente, después menos amistosamente, y después hay que actuar». El diario El Mundo de Madrid señalaba en esa época: «Finalmente, el criterio —para algunos la falta de criterio— del impetuoso viceministro de Economía se impuso al de su tímido colega. Axel sacó la calculadora del bolsillo y le demostró a Cristina que restando los dividendos que Repsol había obtenido en Argentina, de lo que había pagado en 1999 por adquirir el 97,8% del capital accionario de YPF, la operación daba cero. Hasta un niño podía entenderlo: la empresa que dirige Antonio Brufau pagó 13.200 millones de dólares por su ingreso a la petrolera y a partir del año 2.000 giró 15.700 millones de dólares en dividendos. La aritmética del gurú económico fue el empujoncito que necesitaba Cristina para saltar a las quietas aguas (según Kicillof) de ese remanso».
El fallo de la jueza Loretta Preska dice: «El Tribunal —de Nueva York— considera que los demandantes fueron perjudicados por la República porque ellos tenían derecho a recibir una oferta pública de adquisición que les hubiera proporcionado una salida compensada —de la empresa— pero no lo hizo».
Cuando el Estado expropió el 51% de YPF, para tomar el control de la petrolera, los accionistas minoritarios también perdieron sus participaciones. Petersen —de la familia Eskenazi— tenía hasta un cuarto de la propiedad de la petrolera. Pero su tenencia estaba vinculada a un préstamo que le había otorgado la española Repsol, dueña del 51% de la empresa.
Ese préstamo de Repsol a Petersen Energía (un «préstamo de vendedor») se iba repagando con los mismos dividendos obtenidos por YPF. Aunque la operación se concretó hacia fines de 2008, al kirchnerismo no le molestó la operación y hasta la bendijo. Recién en el verano de 2012, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner comenzó a criticar la política de dividendos de la petrolera, a la que acusaba de escasas inversiones.
Al quitarle las acciones a Repsol, Petersen Energía no pudo pagarle más y fue a la quiebra. Su derecho a juicio lo compró el fondo Burford. En caso de cobrar, esa firma se alzará con un 70% de lo ganado y repartirá el 30% con otros acreedores, que no identificó. En el mercado se cree que la familia Eskenazi —la dueña de Petersen Energía antes de la quiebra— está entre los beneficiarios, algo que los voceros de Petersen niegan. En esta historia aun faltan varios capítulos, a escribirse quizá recién luego del 2024. En tanto, para agotar el relato, Kicillof dice que «los buitres han decidido jugar en el año eleccionario de Argentina».