La normativa otorga a los agentes más margen para la legítima defensa y aumenta las penas para quienes los ataquen. Gran parte de la nueva izquierda de Boric le dio la espalda al artículo más controversial.
El Parlamento chileno ha aprobado este miércoles por una amplia mayoría un proyecto de ley llamado Naín-Retamal, por los apellidos de dos carabineros asesinados en 2020 y 2022, que le otorga más herramientas a las policías frente a los delincuentes en medio de la crisis de seguridad que marca la agenda pública. La iniciativa eleva las penas a quienes cometan delitos contra las policías y establece la legítima defensa privilegiada de los agentes de seguridad y los militares –la presunción de uso justificado de su arma de servicio– cuando su integridad física o la de un tercero esté gravemente en riesgo. El proyecto de ley contó con los votos de la izquierda tradicional y la derecha, mientras que gran parte de la coalición de origen del presidente Gabriel Boric le dio la espalda al artículo más controversial: el que consagra en el Código Penal la legítima defensa privilegiada para funcionarios policiales y de orden público.
Los dos bloques que conforman el Gobierno de Gabriel Boric -Apruebo Dignidad (AD) y Socialismo Democrático (SD)- mostraron su fractura en la votación. La mayoría de los congresistas del Partido Comunista y el Frente Amplio, que forman la coalición original del presidente chileno, rechazaron el proyecto de ley. Mientras, los partidos de la izquierda moderada, las fuerzas que alguna vez conformaron la Concertación (1990-2010), votaron a favor, como quería el Ejecutivo. En el tercer trámite legislativo, votado este miércoles, la derecha apoyó la iniciativa y los representantes del Partido Republicano, de extrema derecha, la rechazó.
Uno de los puntos que mayor fricción generó fue el de la defensa personal de los agentes de Carabineros, la Policía de Investigaciones, PDI, y Gendarmería cuando realicen funciones de orden público y seguridad pública interior. La ministra del Interior, Carolina Tohá, que lideró la negociación por parte del Ejecutivo, logró junto a su equipo que se eliminara la indicación que avalaba la legítima defensa privilegiada cuando se quisiera impedir un delito grave. Cedieron ante la oposición, sin embargo, en la propuesta de enmarcar el estatuto en el Código Penal y no en el Código de Justicia Militar, donde ya existe el principio de la legítima defensa para casos extremos.
“Acordamos dejar fuera algunas ideas francamente aberrantes que se intentaron meter en este proyecto como, por ejemplo, que los mandos no tuvieran responsabilidad de sus subordinados salvo que les ordenaran explícitamente cometer delitos”, sostuvo esta tarde la ministra Tohá. También reiteró la necesidad de apoyo que requieren las fuerzas de seguridad, lo que debe ir “acompañado de exigencias y límites”. “En el proyecto de hoy podemos dar algunos pasos, pero son totalmente insuficientes”, añadió. Está previsto que el Gobierno presente en los próximos días un proyecto para fijar las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) en los procedimientos policiales.
El presidente Boric había emplazado en la víspera a los legisladores a votar “con un alto sentido de responsabilidad”, escuchando a los expertos y organizaciones que habían llamado la atención “sobre los efectos nocivos” que podría generar el proyecto de ley. El mandatario se refería, entre otros, a representantes de la Organización de Naciones Unidas, ONU, que alertaron sobre posibles espacios para violaciones de derechos humanos o impunidad, además de obstáculos en el acceso a la justicia para las víctimas de eventuales abusos.
Más de un centenar de profesionales del derecho penal y de la criminología también mostraron sus reparos a través de una carta, en la que daban cuenta del riesgo de aumentar la confusión en el uso de la fuerza policial y afectar los derechos de las personas y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública. El Grupo Puebla, a su vez, publicó que “la seguridad de las personas no puede hacerse a costa de violar los derechos humanos de las mismas”.
Tras una maratónica jornada de negociaciones el martes en el Senado, la oposición atenuó la redacción del proyecto de ley presentado por Renovación Nacional, partido de centroderecha. Eliminaron la causal de legítima defensa frente a ataques sin armas de dos o más personas, además del ya mencionado para impedir un delito grave.
La discusión sobre la iniciativa se hizo contra reloj y no estuvo exenta de tensiones. El Gobierno le puso suma urgencia para su votación tras el asesinato de una carabinera a finales de marzo, la segunda funcionaria muerta a tiros del mes. Su caso generó conmoción e indignación en la ciudadanía que urge a la clase política controlar la delincuencia. La apuesta original de la Administración de Boric era aprobar el proyecto en la Cámara de Diputados para luego modificarla en el Senado. Pero este lunes en la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado, la ministra Tohá y el ministro de Justicia, Luis Cordero, se levantaron de la mesa de negociación tras un portazo de la derecha a discutir sus indicaciones. Finalmente, ambas partes cedieron en algunos puntos.
Los conflictos por el proyecto de ley no solo se vieron entre oficialismo y oposición. También le supuso un rifirrafe interno al Gobierno de Boric. Primero, el Ejecutivo le pidió a los parlamentarios de sus dos coaliciones que aprobaran la iniciativa en la Cámara de Diputados, donde solo contó con los votos de la centroizquierda y la derecha. Después de su aprobación en esa instancia, la portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, calificó la ampliación del margen para la legítima defensa de las policías de promover “el gatillo fácil”. Sus críticas al texto molestaron a los socialistas, que apoyaron la iniciativa siguiendo las propias órdenes del Ejecutivo.
Tras una intensa semana de negociaciones, el proyecto ya está en condiciones de convertirse en ley de la República una vez que lo firme el presidente Boric.