El servicio de mensajería quedará con una multa diaria hasta que entregue los datos de los miembros de grupos nazis y neonazis que han protagonizado diversos ataques a escuelas y guarderías.
Un tribunal de segunda instancia de Brasil anuló este sábado (29.04.2023) la sentencia que suspendió desde el miércoles (26.04.2023) el funcionamiento de la aplicación Telegram en Brasil por haberse negado a ofrecer datos sobre grupos neonazis que difunden mensajes de odio en el país, informaron fuentes judiciales.
La medida cautelar dictada por el magistrado federal Flávio Lucas, integrante de la Segunda Sala Especializada del Tribunal Regional Federal de la Segunda Región (TRF2) de Brasil, atendió parcialmente un recurso presentado por Telegram contra la medida que le obligó a suspender sus servicios en el país.
“El magistrado consideró que la orden de suspensión completa del servicio no es proporcional debido a que afecta ampliamente en todo el territorio nacional la libertad de comunicación de miles de personas absolutamente ajenas a los hechos en investigación”, concluyó Lucas, según la sentencia publicada por el TRF2 en su página en internet.
Pese a autorizar la reanudación del servicio, el magistrado mantuvo vigente la multa de un millón de reales (unos 200.000 dólares) que le fue impuesta al servicio de mensajería por cada día en que demore en entregar los datos solicitados por un juez del estado de Espíritu Santo sobre comunidades que divulgan mensajes de odio e ideas nazis en el marco de un proceso que investiga ataques violentos ocurridos en las últimas semanas en diferentes escuelas, siendo el más grave el ocurrido en Blumenau, donde un hombre de 25 años invadió una guardería y asesinó a cuatro niños e hirió a otros cinco.
Según el TRF2, pese a que podrá volver a operar, Telegram está obligado a ofrecer los datos “de todos los usuarios” del perfil “Movimiento Antisemita Brasileño” y del chat “Frente Antisemita”, principalmente los de sus administradores. En su defensa, Telegram afirmó que los datos solicitados son imposibles de obtenery que, así como ocurrió en el pasado en China, Irán y Rusia, puede abandonar Brasil en caso de que las leyes locales amenacen su misión de promover la libertad de comunicación o le impongan exigencias tecnológicamente inviables.