El presidente del Colegio de Abogados habló en la 99.9 sobre la compra de dos casonas por valor de 2 millones de dólares donde se trasladarían inicialmente las Cámaras de Apelaciones: “hablamos de trascendidos porque no hubo una comunicación oficial“.
La Corte provincial, según se dio a conocer extraoficialmente en las últimas horas, ha comprado dos casonas para mudar la Cámara de Apelaciones. Ambas están cerca de Tribunales y son la Villa Devoto y Villa de Bary.
El presidente del Colegio de Abogados en Mar del Plata, Leandro Gabas, dio su punto de vista al respecto a través de la 99.9: “una parte no me gusta porque seguimos hablando de lo mismo, son edificios que no están construidos para tal fin. Por otro lado, la Corte se movió y escuchó los reclamos. Seguimos con la idea de la coyuntura pero no encontramos una solución de fondo”. Esta decisión se tomó de manera unilateral y sin un análisis consensuados con los actores de la justicia: “la Corte no consulta, directamente impone. Me parece que estos inmuebles son para las Cámaras de Apelaciones Penales, creo que se hará un enroque entre todas las dependencias con necesidades. El reclamo ha generado alguna acción al menos”.
Lo que dejó a la luz esta información que comenzó a circular es la completa discrecionalidad que tienen para manejar grandes sumas de dinero sin tener ningún tipo de control. “Tienen un departamento de Arquitectura que evalúa los bienes disponibles a la venta en la zona, ve si son adaptables, si están en zona de tribunales y después dispone como quiere porque tiene un presupuesto propio. Hablamos de trascendidos porque no hubo una comunicación oficial. Lo que debería suceder es reflotar el proyecto de la Ciudad Judicial”, aclaró Gabas.
Mientras esperan que alguna vez el problema sea abordado con la seriedad que tiene, también reclama que la política ponga en el centro del debate las necesidades del sistema judicial: “la intención del gobierno de turno es darle el rol a la justicia que realmente debe tener. No se le dio antes de la pandemia, durante la misma y menos ahora. Se dejan de lado fueros que son tan importantes como el penal porque se dejan a un costado lo civil y comercial, familia y laboral. Hay que asignar recursos porque significa seguridad jurídica para todos”.
Por último, indicó que la inconsulta resulta ofensiva porque tanto jueces como abogados son los que terminan transitando esos lugares: “la Corte no tiene ningún tipo de control ciudadano, disponen del dinero como quieren sin siquiera consultar y preguntar. Nos hubiera gustado que nos pregunten para saber si lo que están haciendo es lo que requiere la ciudad”.