El parlamento enmendó un proyecto para castigar a quienes incurran en la subrogación, una práctica de fertilidad asistida ya prohibida en el país, ahora fuera de las fronteras.
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, avanza con su proyecto para penalizar a los ciudadanos que recurran al alquiler de vientres fuera del país. Desde hace una década, la práctica es considerada un delito dentro de las fronteras. Ahora, el Parlamento de Italia le dio un nuevo espaldarazo a la carpeta para castigar también a quienes subroguen vientres en el extranjero.
“Delito universal”, es la categoría con la que la coalición de derechas busca extender la prohibición de esta práctica, que consiste en que una mujer lleve en su vientre al hijo de otra pareja.
Así quedó registrado en la serie de enmiendas que la Comisión de Justicia de la Cámara de los Diputados introdujo este miércoles a un proyecto de ley aprobado en febrero por el gobierno que lidera la ultraderechista y conservadora Meloni.
La nueva enmienda prohíbe a “los ciudadanos italianos” hacer uso de los “vientres de alquiler” también en el exterior. Buscan así, según la letra oficial, “obstaculizar toda práctica que pueda configurarse como un tráfico comercial de niños”.
La aprobación de este miércoles es el primer apoyo parlamentario al proyecto de ley de Meloni. Los partidos en la oposición, como el socialdemócrata Partido Demócrata (PD) o el populista Movimiento 5 Estrellas, votaron en contra. Alegaron que el proyecto es contrario a la Constitución y no tiene en cuenta a los niños, entre otros argumentos.
“Italia está en manos de un gobierno irresponsable y que, para seguir su furia ideológica, arremete contra los derechos de las personas”, expresaron desde 5 Estrellas.
Sin embargo, la postura gubernamental es firme. La ministra para la Familia, la Natalidad y la Igualdad de Oportunidades, Eugenia Roccella, sostuvo la “clara y absoluta condena a toda forma de maternidad subrogada por ser lesiva de la dignidad de las mujeres y los derechos de los niños”.
Matteo Salvini, ex vicepresidente y actual ministro de Infraestructura, manifestó: “Fue nuestra batalla y la estamos llevando adelante: ahora el siguiente paso en el recinto, por el visto bueno definitivo a una medida de sentido común y humanidad. Las mujeres no se alquilan, los niños no se compran: de las palabras a los hechos”.
En tanto, la secretaria del Partido Democrático, Elly Schlein, generó debate dentro de su fuerza política: si bien defendió la maternidad subrogada, reconoció que se trata de un tema “delicado y denso” que requiere de un debate profundo en el seno de la formación.
Subrogación de vientre: multas, cárcel y el recurso al exterior
Se espera que el proyecto de ley llegue al pleno de la Cámara de los Diputados el 19 de junio. Luego debería pasar al Senado para su aprobación definitiva, que se da por descontada por la mayoría de la derecha.
La maternidad subrogada es delito en Italia por una ley de 2004 que castiga con penas que oscilan entre los tres meses y los dos años de prisión y multas de entre entre 600 mil y 1 millón de euros a “quien, en cualquier modo, realice, organice o patrocine la comercialización de gametos o embriones”.
Sin derecho a la adopción ni a los tratamientos de reproducción asistida, las parejas del mismo sexo italianas suelen acudir a las clínicas de fertilidad en el extranjero para cumplir su sueño de maternidad y paternidad, mediante la donación de gametos o la gestación subrogada.
“La urgencia del gobierno es atacar a las familias arcoiris y a sus hijos: lo demuestra esta carrera frenética de la Comisión de Justicia por una ley loca. Nos seguiremos oponiendo”, dijo Alessandro Zan, diputado del Partido Democrático, a través de su cuenta de Twitter.
Por su parte, Hermanos de Italia (FDI), el partido de Meloni, ya tildó a esta práctica como “peor que la pedofilia”.