La represión política del régimen al descontento juvenil sólo podría empeorar la situación económica que atraviesa el país asiático.
En agosto, el gobierno chino hizo público un dato estremecedor. Una cifra récord: el 21,3% de los ciudadanos chinos de entre 16 y 24 años de las ciudades estaban desempleados. Inmediatamente decidió suspender la publicación futura de su tasa de desempleo juvenil urbano. Los datos actuales ya son bastante malos; se trata de la misma tasa de desempleo juvenil en todo Oriente Medio en vísperas de la Primavera Árabe.
El Partido Comunista Chino (PCC) sabe muy bien que los jóvenes, educados y desempleados concentrados en las grandes ciudades tienen la capacidad de desafiar a la autoridad. Al fin y al cabo, así es como empezó su propio partido. Durante décadas, la legitimidad del partido-Estado dependió del crecimiento económico y de la mejora del nivel de vida, que ahora están en peligro. En lugar de satisfacer las necesidades de una juventud frustrada generando nuevos puestos de trabajo y oportunidades, los ancianos dirigentes han redoblado la represión autoritaria como principal respuesta política al empeoramiento de la crisis económica.
No es la primera vez que el PCC se enfrenta al desempleo urbano. Desde hace más de 70 años, el problema se ha agravado para ser contenido por la represión política o aliviado por una evolución económica favorable.
Tras la fundación de la República Popular en 1949, los campesinos chinos huyeron del ruinoso campo en busca de trabajo en las grandes ciudades. Para frenar esta migración, el partido impuso nuevas normas que impedían a los ciudadanos acceder a los servicios sociales fuera de sus ciudades de origen registradas. Protegidos de la competencia de los solicitantes de empleo rurales, los habitantes de las ciudades tenían un empleo más seguro.
Nuevas sacudidas de la economía y la demografía volvieron a aumentar la amenaza del desempleo juvenil durante los años cincuenta y sesenta. Con la economía tambaleante tras el desastroso Gran Salto Adelante y la pérdida de la ayuda soviética, una generación de baby boomers urbanos chinos estaba a punto de graduarse en un mercado laboral que empeoraba. En 1966, Mao Zedong lanzó la Revolución Cultural para reconducir en parte a estos jóvenes, que acabaron causando tanta agitación que Mao cambió de rumbo, lanzando un movimiento nacional de “Bajar al campo” para obligar a toda una generación de jóvenes urbanos a labrar los campos rurales.
A finales de los 90, las empresas estatales, pilares de la economía de la era Mao, llevaron a cabo despidos generalizados como parte de las reformas del mercado, amenazando de nuevo el empleo urbano. La crisis financiera asiática agravó la situación, y los trabajadores estatales despedidos y los pensionistas protestaron en las ciudades del cinturón de óxido del noreste de China. La entrada de China en la Organización Mundial del Comercio en 2001, que trajo consigo un aumento de la inversión extranjera y del empleo, salvó la situación.
China está repitiendo una vez más este ciclo, y como era de esperar, el gobierno está respondiendo con represión. Esta vez, el partido no parece tener ningún as en la manga y, una vez superada la época de bonanza, a la economía china le resultará cada vez más difícil salir de sus problemas.
El crecimiento del PIB chino se ha ralentizado drásticamente desde principios de la década de 2010, y el repunte económico tras los bloqueos pandémicos ha sido decepcionante. Al mismo tiempo, un sistema de educación superior en expansión está produciendo un número cada vez mayor de graduados que no se conforman con los tediosos trabajos de fábrica de antaño.
En su lugar, muchos recién licenciados han optado por empleos en los sectores de rápido crecimiento de la tecnología, el sector inmobiliario y las clases particulares. Pero el gobierno chino ha tomado medidas enérgicas contra esas tres industrias desde 2021 para frenar lo que el presidente Xi Jinping llama la “expansión desordenada del capital”. El año pasado, Alibaba, el gigante del comercio electrónico, acabó despidiendo a más de 10.000 empleados. Country Garden, uno de los mayores promotores inmobiliarios del país, recortó su plantilla en más de 30.000 personas. Una importante empresa de educación suprimió 60.000 empleos en 2021.
El gobierno también está recurriendo a un viejo libro de jugadas. Ya en 2018, Xi convocó una campaña para enviar a los jóvenes de las ciudades al campo, con llamamientos renovados cada dos años. Incluso si los jóvenes de la ciudad estuvieran realmente interesados en responder a esa llamada, este no es el campo de la juventud de sus padres: la tierra cultivable se ha ido reduciendo.
Si el gobierno no impulsa el consumo de los hogares o afloja su control sobre el sector privado chino, el elevado desempleo urbano – descontento juvenil – está aquí para quedarse. En los últimos años, muchos jóvenes chinos desilusionados se han unido a un movimiento contra el trabajo conocido como “tumbarse”, holgazaneando como forma de resistencia silenciosa. Un economista de la Universidad de Beijing que estudió este movimiento estimó que, si se tiene en cuenta a los que voluntariamente “se acuestan”, casi la mitad de todos los jóvenes chinos podrían estar desempleados.
Problemas como éstos invitan a especular con que el control del Partido Comunista está amenazado, pero eso es prematuro. Desde finales de la época imperial hasta hoy, las protestas dispersas rara vez suponían un desafío sustantivo al control del gobierno central; las demandas de los manifestantes solían dirigirse a los funcionarios locales. Sólo se convertían en un problema serio en contadas ocasiones, cuando intelectuales desilusionados unían protestas aisladas en un movimiento organizado que exigía un cambio fundamental del sistema, que es lo que hicieron los activistas comunistas a principios del siglo XX.
Hoy no se vislumbra tal amenaza en el horizonte. Consciente de esta dinámica, el PCC ha reprimido duramente a los intelectuales. Abogados defensores de los derechos humanos, feministas, activistas de la LGBT e incluso jóvenes marxistas han sido detenidos o sus organizaciones han sido disueltas. Las nuevas tecnologías, como el reconocimiento facial, las cámaras de seguridad generalizadas y el rastreo de teléfonos móviles, proporcionan al gobierno una mayor capacidad para vigilar los movimientos y pensamientos de las personas. Este giro totalitario ha sido tan completo que cada vez se compara más a China con Corea del Norte. Dada la historia del partido, está claro que estas acciones están dirigidas, al menos en parte, a contener las consecuencias políticas del empeoramiento de la economía.
Gobiernos autocráticos y en apuros económicos como los de Myanmar, Irán, Venezuela y Rusia han conseguido reprimir brutalmente protestas a gran escala. No hay razón para que el régimen de Xi, que ha perfeccionado la infraestructura represiva durante la última década, no pueda hacer lo mismo.
El PCC parece decidido a utilizar la represión como principal respuesta política a la desaceleración económica. Pero si bien esto puede prevenir las amenazas al régimen, pondrá al Partido en un agujero aún más profundo al garantizar un mayor estrangulamiento del dinamismo económico del país.
El tira y afloja entre una juventud cada vez más descontenta y un régimen despiadado e inseguro definirá no sólo la trayectoria política de China, sino también su futuro económico.