El analista internacional que estuvo presente en las audiencias por el caso que se realizaron en Estados Unidos, analizó el fallo de la jueza Loretta Preska. Además, advirtió que la cifra es más elevado de lo que se informó.
El fallo de la jueza Loretta Preska que obligará a la Argentina a pagar 16 mil millones de dólares por las decisiones que tomó en su momento el actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
El analista internacional Sebastián Maril que estuvo presente en las audiencias que se hicieron en Estados Unidos, habló en la 99.9 respecto de esta decisión que tomó la magistrada: “el fallo es donde se decide el monto del otro fallo que publicó en marzo donde decía que Argentina expropió incorrectamente a YPF pero absolvió a YPF en ese fallo. En ningún momento estuvo en disputa el derecho constitucional y soberano de expropiar YPF sino cómo lo hizo, que finalmente fue violentando los estatutos de la empresa”.
Si bien la cifras que se expusieron suenan realmente fuera de la realidad, no es el número final: “la jueza puso un monto, ya lo fijó. El monto de 16.096 millones de dólares fue acordado entre las partes, ahora lo que dijo es que tienen un tiempo específico las partes para escribir el fallo firme que ella firmará. Ahí sabremos con exactitud cuando tendrá que pagar Argentina”.
La respuesta del propio Kicillof y del gobierno nacional fue atacar a Loretta Preska sin citar que esta misma jueza falló hace poco a favor del país: “todos los que critican a la jueza Preska por su parcialidad, hay que decirles que la semana pasada falló a favor de Argentina en contra de un fondo que buscaba embargar activos del estado. La misma jueza lee la ley y falla, a veces a favor de Argentina y luego no. Hay que recordar que entre 2012 y 2014, el juez Griesa comenzó fallando a favor de Argentina en los Holdouts, pero luego se cansó de la irresponsabilidad de nuestros dirigentes y empezó a fallar en contra”.
El pago no recaerá en los hombros del gobierno, sino que será para quien gane las próximas elecciones de octubre. En ese sentido, Maril advirtió que “si el gobierno siguiente quiere patear la pelota puede hacerlo legalmente hasta la Corte Suprema pero estará sumando costos legales e intereses punitorios que son 1.400 millones de dólares anuales. Sea quien sea el próximo presidente, tiene que pensar bien lo que hará”.