El Ministerio del Interior decidió intervenir y pedir la nulidad de las actuaciones que permitieron en 1996 que el magnate inglés se quede con una extensa propiedad en una zona de seguridad de frontera.
El Gobierno nacional decidió intervenir con una actuación administrativa para avanzar en la nulidad de las autorizaciones otorgadas por el Estado en 1996 cuando se permitió la compra de tierras que incluyen el lago Escondido, en una zona de frontera, a una empresa de propiedad del magnate inglés Joe Lewis.
Resolución 1603 firmada por el secretario de Interior, José Lepere, señala en su artículo 1 “decláranse lesivas al interés general las autorizaciones de previa conformidad otorgadas en el marco de los Expedientes Nros. S02-21662/96 y S02-21702/96 del Ministerio de Defensa a la actual sociedad Hidden Lake S.A” y en el artículo 2 instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del ministerio a que “inicie acción judicial de lesividad contra Hidden Lake S.A a fin de obtener la declaración de nulidad de las autorizaciones de previa conformidad otorgadas a la citada sociedad”.
Según los fundamentos de la resolución adoptada por el Ministerio del Interior, a dos meses del cambio de gobierno, indica que la venta de tierras en la zona del lago Escondido se originó a la empresa H.R Properties Buenos Aires S.A, que luego pasó a manos de Hidden Lake S.A, cuyos accionistas eran Lago Corp y Charles Barrington Lewis, “ciudadano inglés recientemente arribado a la República Argentina”. Luego se autorizó una compra mayor de tierras. En total fueron 8.063 hectáreas y 2.760 hectáreas.
En aquel entonces, durante la presidencia de Carlos Menem, la autorización de estas transacciones estaba bajo la órbita del Ministerio de Defensa. En 1996 casualmente se produce un cambio de ministro, estuvo Oscar Camilión hasta agosto de ese año y posteriormente Jorge Domínguez.
El Ministerio del Interior es ahora el organismo competente en estas cuestiones vinculadas a la transacción de tierras y control de zonas de frontera, por eso se relata en los fundamentos la larga trayectoria de reclamos que se iniciaron ante una presentación en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas por parte de la actual legisladora electa rionegrina, Magdalena Odarda, a través de sus abogados Juan Ernesto Montecino Odarda y Juan Martín Palumbo.
La base del reproche es que el Decreto Ley N°15.385/44 que fue reemplazado por la Ley N°23.554 “declara la conveniencia nacional de que los bienes ubicados en zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos y establece que la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad ejercerá en las zonas de seguridad la facultad de ejercer la policía de radicación con relación a las trasmisiones de dominio, arrendamientos o locaciones o cualquier otra forma de constitución de derechos reales o personales, en virtud de las cuales deba entregarse la posesión o tenencia de inmuebles, a cuyo efecto acordará o denegará las autorizaciones correspondientes”.
Señala además que por disposición de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas se propició investigar posibles irregularidades en los trámites de compra de propiedades por parte de extranjeros en Zonas de Seguridad de Fronteras y entre ellos se encontraba la transacción de Lewis en el área del lago Escondido, en la provincia de Río Negro.
El derrotero de trámites administrativos citados en la resolución del Ministerio del Interior menciona que desde el origen la transacción de la compra de tierras debía ser rechazada y que el Ministerio de Defensa del Gobierno menemista lo autorizó en base a “información inexacta” porque Hidden Lake compró la empresa original que tenía en su presidencia a un argentino. Por eso, indica que se debía iniciar una denuncia penal.
En el ámbito judicial existió una causa que el año pasado se conoció que fue cerrada por prescribir. En paralelo, sigue pendiente otro expediente judicial vinculado al libre acceso al lago Escondido, que debe definir la Corte Suprema.
En 2017, ya en el Gobierno de Mauricio Macri, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas envía un informe a la Procuración del Tesoro de la Nación ampliando los fundamentos y detallando las irregularidades de las autorizaciones otorgadas en la década del ’90. Pero en 2018 este organismo informó que debía analizarse la oportunidad y los criterios para iniciar acciones.
Ahora el Gobierno, bajo la presidencia de Alberto Fernández, repasa toda la trayectoria administrativa de las presuntas irregularidades de la venta de tierras que quedaron en manos de Lewis y considera que “es correcto velar por que los actos ilegales sean declarados nulos de nulidad absoluta e insanable y en consecuencia dejen de tener vigencia para lo cual resulta procedente recurrir ante el Poder Judicial a fin de que así lo declare”.