La sentencia del Tribunal Supremo del país es pionera. Varias organizaciones internacionales ya habían advertido que ese requisito era discriminatorio y que infringía los derechos humanos.
El Tribunal Supremo de Japón declaró inconstitucional la normativa a escala nacional que obliga a esterilizar a las personas que se someten a una operación de cambio de sexo y quieran modificar legalmente su género, en una sentencia pionera para el país.
Varias organizaciones internacionales, entre ellas la Corte Europea de Derechos Humanos, la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero y expertos de la ONU habían dicho que el requisito era discriminatorio e infringía los derechos humanos.
Algunos grupos a favor de los derechos humanos acogieron con satisfacción el veredicto. No obstante, la decisión de los jueces de pedir a un tribunal inferior que delibere sobre otra cláusula, la cual requiere que los órganos genitales de las personas que quieren cambiar de cambiar de sexo se asemejen a los del sexo opuesto, fue recibida con decepción.
“Esta decisión fue muy inesperada” dijo el demandante en cuestión en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Reuters, identificada únicamente como una mujer transexual menor de 50 años, en una declaración leída por sus abogados. Y añadió que estaba “decepcionada” por el aplazamiento de la decisión sobre la otra cláusula.
Esta es la duodécima vez desde 1945 que el Tribunal Supremo del país considera inconstitucional una disposición legal, lo que ejercerá presión sobre el Parlamento nacional con vistas a revisar la ley sobre personas transgénero.
Un caso similar en 2019
El Tribunal Supremo de Japón ya falló en un caso similar en 2019, pero en aquel entonces consideró que la normativa vigente no vulneraba la Constitución, aunque dejó abierta la puerta a “cambiar estas disposiciones según cambien las condiciones sociales”.
La normativa nipona al respecto, que entró en vigor en 2004, establece que para poder modificar su género en el registro civil las personas trans deben someterse a una operación completa de cambio de sexo que elimine sus capacidades reproductivas.
Además de obligar a las personas que desean cambiar de género legalmente a esterilizarse, la legislación establece que no pueden estar casadas y deja en un vacío legal a los padres que se cambian de sexo con respecto a la relación legal con sus hijos. Para la operación, la persona interesada debe además someterse a la evaluación de dos o más médicos que la autoricen.
Hasta 2022, unas 11.919 personas habían logrado exitosamente legalizar su cambio de género en Japón, según datos judiciales recogidos por la cadena pública NHK y consultados por varias agencias.
Aunque en años recientes el país asiático ha avanzado en derechos de minorías sexuales a través de normativas locales, todavía se encuentra a la cola entre las potencias desarrolladas en este sentido y Japón sigue siendo el único miembro del G7 (países más desarrollados) que no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo.