Rossana Chahla sostuvo que los desafectados ingresaron en los meses previos a que asuma el cargo el 29 de octubre. Acusó a la oposición de instar a la violencia.
La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, denunció este miércoles haber recibido “amenazas de muerte” y apuntó directamente a exfuncionarios, legisladores y concejales opositores de incitar a un “golpe institucional”, tras dar de baja a más de 2500 personas que fueron ingresadas a planta permanente “de manera irregular” en los meses previos a que tome el cargo, según explicó. Un 60% más del personal que había hasta junio.
La denuncia realizada a través de una conferencia de prensa fue luego de anunciar que dejaba sin efecto las designaciones de personal realizadas por la gestión anterior entre mayo y octubre.
“Es muy preocupante el grado de violencia, y hay personas que instan a esa violencia”, comentó la flamante jefa comunal, y apuntó de forma directa contra “ex funcionarios que alteran la paz social, y concejales y legisladores que han sido elegidos por el pueblo”, dijo.
“Desde el sábado que hay una especie de modus operandi con reuniones varias y hoy quieren dar un golpe institucional”, enfatizó la intendente asumida el 29 de octubre pasado.
En una nota publicada por el diario La Gaceta, la intendente de la capital tucumana reveló que “en Whatsapp dicen que me van a matar y hablan de ir a mi domicilio”. También aclaró que dicha denuncia penal ya fue realizada por esas intimidaciones.
“Tengo pruebas de lo denunciado, las cuales ya están en manos de la fiscal, voy aportando los datos para que se identifique a estas personas que atentan contra la paz social”, alertó.
Chahla, candidata de Luis Manzur, asumió como intendente tras obtener el 44,03% de los votos (25.445), como candidata del Frente de Todos, en las elecciones provinciales que tuvieron lugar el 11 de junio pasado.
En esos comicios Chahla compitió con Beatriz Ávila de Juntos por el Cambio, esposa del mandatario saliente, Alfaro.
Los números de desafectados que desató el conflicto
Según indicó la funcionaria, el conflicto comenzó luego de que el 1° de diciembre, mediante el decreto 6314, se dispuso que 2.529 trabajadores que ingresaron a la planta transitoria y permanente del municipio, mientras ejercía funciones el intendente Germán Alfaro, dejaban de integrar la planta estatal.
De ese total, 590 personas fueron designadas por la gestión precedente entre el 1° de septiembre y el 27 de octubre (dos días antes de que asumiera Chahla): 180 fueron designaciones directas en planta interina y 410 designaciones en planta interina con contratos previos, según publicó el sitio oficial del municipio tucumano.
En tanto, fueron desafectadas 1.107 personas que habían sido nombradas entre el 30 de mayo y 30 de junio de este año a través de 27 decretos, de las cuales sólo 47 contaban con una antigüedad mayor a cinco años.
Por último, 1.422 personas dejarán de formar parte de la planta municipal hasta el 31 de diciembre debido a la caída de contratos que, en promedio, no superan los $ 50.000; personas que se encontraban prestando servicios de forma precaria.
“Esta gente está acostumbrada a avasallar a las instituciones. Quiero decirle a los vecinos que se queden tranquilos porque estoy firme. No estoy sacando gente para poner a los míos – remarcó Chahla -; sino que quiero ser justa con los que estuvieron en la calle solucionando problemas y que hoy no está reconocida con muchos años de antigüedad”, explicó.
Y puntualizó: “La planta de San Miguel de Tucumán era de 4300 personas, y el presupuesto que se envió el ex intendente para ser aprobado para el año que viene es para esa cantidad de personal. Pero, luego se agregaron más de 2500 personas más. Eso habla de la irresponsabilidad, porque tampoco se amplió el presupuesto para pagarle a estas personas”, contó la intendente.
Entre las irregularidades detectadas que denunció la mandataria comunal, hizo hincapié en varias de las personas que fueron favorecidas en los últimos meses: “Hemos encontrado parientes en distintos lugares del municipio, son más de 41 parientes de ex funcionarios. Están con nombre y apellido, y esto no nos parece que sea correcto”, cerró.