La recuperación de los símbolos nacionales en las primeras horas del nuevo gobierno —granaderos, el pasaje de aviones de guerra y transporte, la Banda de Patricios ejecutando canciones navideñas mientras desfilaba por calle Florida entre vítores y aplausos— dejó una grata sensación de «patria».
Sin embargo hay ruidos, y no son ni de corceles ni de aceros. En el escenario político-mediático, el graznar de los presentadores que ven afectados sus beneficios es, para los entendidos, motivo de risa. Ninguno de los que protestan desde la pantalla están preocupados por «la gente». Usan a la población como Hamás a los habitantes de la Franja de Gaza: como escudos humanos.
Un caso claro que ilustra el conjunto de las afectaciones que provoca el DNU de la administración Milei, es la que toca a las agencias de turismo. El ordenamiento del sector venía 1970, surgido en el gobierno de Juan Carlos Onganía y estaba pensado como un instrumento de control social.
Dicho ordenamiento —hoy ya caído, ya que rige plenamente el decreto presidencial— prevé que, cuando una agencia de turismo cambia su dirección física, debe proveer, junto a los certificados habilitantes a nivel municipal y provincial, un conjunto de imágenes del local. Y no unas pocas, sino tantas como —por caso— las necesarias para graficar los espacios desde todos los ángulos posibles. En un caso reciente en Mar del Plata, el agente de turismo debió tomar 367 fotos e imprimirlas, porque el Estado no admitía que éstas fueran digitales.
¿Por qué? Porque el decreto ley data del año 1970.Eso sí: cuando llevó las 367 imágenes a la Secretaría de Turismo de la Nación, las escanearon. A las agencias, el mismo decreto ley de Onganía —hoy ya caducado— les imponía un depósito en garantía de $500.000. No era para cubrir posibles fraudes, era para cobrarles multas a las agencias.
La legislación no protegió nunca a los viajeros: cuando quebró Turismo Felgueres, ni uno sólo de los damnificados fue reparado por el daño. El Estado no previno, no acompañó a quienes fueron defraudados y nadie se hizo cargo del daño patrimonial. El rol de los poderes consistía, hasta la entrada en vigencia del actual DNU, en abrir un proceso de mediación. Muy cool, pero para nada efectivo.
Este cambio que se va a llevar enormes aduanas y cabinas de peaje internas, cuenta con la aprobación mayoritaria de la sociedad. Puertas adentro, en el PJ, tienen encuestas que les dan, al gobierno y al presidente, un 75% de aprobación.
¿Cómo es posible? Está claro que parte del electorado que votó a Sergio Massa ha tornado en su posición, dada la dinámica actual, que expone a las tribus del PJ desmembradas y a la deriva, sin conducción, y actuando esperpénticamente.
El votante del PJ, ama el poder. Si no hay poder, se termina el amor.