Aunque las uniones de pareja están prohibidas por ley antes de los 18 años, el último censo muestra que son un hecho frecuente en muchas regiones. Unicef las considera una violación a los derechos humanos.
En Ecuador, 5.217 adolescentes entre 12 y 14 años que fueron censados dijeron que su estado civil es de unión libre o matrimonio; mientras que 742, en el mismo rango etario, aseguraron ser separados, divorciados o viudos. El último censo se realizó durante el 2022 y el año pasado se publicaron los resultados. Las cifras indican, según expertos, una oscura realidad de uniones tempranas ilegales en el país.
Según la información oficial, 100.957 niñas, niños, adolescentes y jóvenes comprendidos entre 12 y 19 años registran algún tipo de unión de hecho o de derecho. De estos casos, más de 5.000 se encuentra en la población entre 12 y 14 años.
A mediados de febrero se publicó un análisis situacional sobre los derechos de la niñez y adolescencia denominado Ecuador: niñez y adolescencia en 360°: Estado de Situación sobre Niñez y Adolescencia en el Ecuador. El documento fue elaborado por tres organizaciones: ChildFund, Kindernothilfe KNH y World Vision. En este se abordaron temáticas como: violencia sexual, tránsito irregular de menores de edad por la selva de Darién, trabajo infantil, consumo de alcohol en niños y adolescentes; casos de suicidios registrados; abandono del sistema educativo, entre otras.
Uno de los puntos analizados por las fundaciones fue el estado conyugal de los niños y adolescentes. En el documento resaltan que: “Las estadísticas nacionales sobre matrimonios y divorcios publicadas previo al Censo 2022 ya no señalaban estos casos antes de los 18 años; sin embargo, la información publicada por el VIII Censo de Población y VII de Vivienda (2022) por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) da cuenta de la Población de 12 años o más por estado conyugal”.
Estos datos son sorprendentes pues en Ecuador las uniones tempranas están prohibidas. Además, todo caso de relación sexual entre un mayor de edad y un menor es delito.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha explicado que: “El matrimonio infantil es una violación de los derechos humanos. Cada niño y niña tiene el derecho a ser protegido de esta práctica nociva que tiene consecuencias devastadoras para las personas y para la sociedad en su conjunto… Independientemente del género, el matrimonio celebrado antes de haber llegado a la edad adulta es una violación de los derechos de las niñas y los niños”. De acuerdo con la oficina de las Naciones Unidas, América Latina “es la única región del mundo donde los matrimonios infantiles no han disminuido en los últimos 25 años y ocupa el segundo lugar del mundo en número de embarazos adolescentes”.
Las uniones tempranas ilegales
Los expertos Juan Francisco Oña, especialista de World Vision Ecuador y Sybel Martínez, directora de Grupo Rescate Escolar, explicaron a Infobae cuán alarmante es que el censo haya registrado estos casos, donde los menores son especialmente vulnerables.
Oña se refirió a la prohibición de las uniones tempranas, incluido en la modificación al artículo 89 del Código Civil. Esta reforma, realizada en el 2015, estableció que los menores de 18 años no pueden contraer ninguna relación estable y monogámica como el matrimonio o la unión libre. A pesar de esta medida, Oña señala que aún persisten casos de uniones tempranas debido a problemas arraigados en la pobreza y en la falta de respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La reforma no tuvo el impacto deseado, indicó el especialista: “Al contrario de de eliminar de de plano las uniones tempranas, las facilitó, ya que el censo muestra que todavía hay personas en esta situación. En lugar de eliminar estos matrimonios prematuros, parece haber facilitado las uniones informales al no contar con un registro oficial”. Según Oña, aunque los niños censados entre 12 y 14 años hayan dicho que están “casados” esto sería una referencia a alguna unión de hecho ilegal. Pues si alguien a esa edad acude al registro civil para casarse, con un mayor de edad, por ejemplo, el adulto sería detenido por incurrir en un delito.
Además, las uniones tempranas tienen correlación con el embarazo adolescente. Desde 2021 hasta agosto de 2023, se registraron 11.390 embarazos de menores de 14 años en Ecuador. Martínez indica que los niños nacidos de estas uniones tempranas ilegales no pueden ser legalizados, lo que los deja en una situación de vulnerabilidad al no poder acceder a los beneficios del matrimonio.
Por su parte, Martínez resaltó en la importancia urgente de proteger a los niños y niñas contra las graves repercusiones del matrimonio infantil y explicó que estas uniones obligan, principalmente, a las niñas a dejar la escuela, enfrentarse a embarazos prematuros y ser víctimas de violencia sexual y emocional. Para la experta, es importante la implementación de una educación sexual integral y el empoderamiento femenino para prevenir tales situaciones.
Aunque podrían existir relaciones de este tipo “consensuadas entre adolescentes”, Martínez indicó que: “(Esas uniones) siempre son traducidas en diferencias de poder en donde las niñas llevan la peor parte, no se sabe que las mujeres unidas sufren, por ejemplo, mayores niveles de violencia emocionales físicas sexual que aquellas que están casadas y más aún si son niñas o son adolescentes”.
La pandemia agravó el problema
Durante la pandemia del coronavirus, explicó Oña, las uniones tempranas se hicieron más frecuentes: “Esta práctica se exacerbó porque se veía como una respuesta o una posible solución (económica) en los territorios más pobres. Las familias no tenían trabajo, no podían salir a trabajar, etc. y muchas decidieron decir a sus hijos: ‘Bueno, cásense y y resuelvan su vida’”. En este sentido, la Unicef ya ha advertido que: “El matrimonio infantil y las uniones tempranas son un fenómeno complejo relacionado con desigualdades de género, pobreza, abandono escolar, violencia y embarazo adolescente”.
Martínez, coincide con Oña en que la época más crítica de la pandemia agravó esta situación: “Muchos niños, sobre todo niñas, fueron entregados por las familias a personas que les llevaban más edad, a mayores de edad para saltar deudas, para que les den dinero para subsistencia de esas familias, o sea, para que dejen de ser una carga en casa”, contó.
Pero el problema no solo es económico. También puede tratarse de redes de trata, prostitución, pornografía o trabajo forzado. Entre 2015 y julio de 2022, la Fiscalía General del Estado ha recibido un total de 997 denuncias por trata de personas. De estas denuncias, aproximadamente el 43% corresponden a adolescentes de entre 13 y 17 años, mientras que el 15% involucra a niños y niñas de 0 a 12 años. Según un informe global de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 30% de las víctimas de trata a nivel mundial son menores de edad.