Subraya que el “derecho de defensa es sagrado” y una “pieza básica del Estado de derecho”.
Conflicto institucional de primera magnitud entre el colegio de abogados de mayor peso en España y la Fiscalía General del Estado que dirige Álvaro García Ortiz. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha anunciado este lunes que presentará una denuncia por revelar la Fiscalía datos “confidenciales” de las conversaciones entre el letrado del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y el fiscal que lo investiga por presunto fraude fiscal.
Así lo ha acordado la Junta de Gobierno por unanimidad tras la reunión mantenida este lunes y así lo ha comunicado el decano Eugenio Ribón en rueda de prensa posterior a la deliberación. La denuncia se presentará por delitos de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos tipificados en el artículo 417 del Código Penal.
El citado artículo reza lo siguiente: “La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años”.
“UNA PIEZA BÁSICA DEL ESTADO DE DERECHO”
La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid está siendo investigado por un juez de Madrid por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental, tras haber sido denunciado por la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid. En palabras del decano, el “derecho de defensa es sagrado”, una “pieza básica del Estado de derecho” y, con esta filtración, la Fiscalía ha vulnerado el “derecho a la confidencialidad” y ha puesto en riesgo su “neutralidad”.
El ICAM considera que la difusión por parte del Ministerio Fiscal del contenido concreto de comunicaciones, en este caso correos electrónicos, que fueron mantenidas entre el abogado de la pareja de Ayuso, el fiscalista Carlos Neira, y el fiscal del caso, Julián Salto, encaminadas a llegar a un pacto de conformidad, atentan contra el derecho de defensa. El decano ha calificado estos hechos de una “gravedad sin precedentes”.
“El Colegio de la Abogacía de Madrid, como mayor colegio de Europa, en nombre de sus más de 75.000 colegiados y como garante del Derecho de Defensa de toda la sociedad, tiene la obligación de defender a ultranza y con la mayor contundencia el derecho de defensa”, ha señalado el decano en rueda de prensa.
Ribón ha apuntado que la Junta de Gobierno ha acordado “dar instrucciones a los servicios jurídicos del ICAM para la presentación de la correspondiente denuncia por las posibles responsabilidades penales que hubiere podido hacer lugar por razón del comunicado oficial de la Fiscalía Provincial de Madrid, y en su caso, la personación de este colegio en la causa como parte interesada”. El acuerdo se ha adoptado de forma unánime por los 14 miembros que integran la Junta de Gobierno.
OTRO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Por otro lado, la Junta Directiva ha acordado presentar una denuncia formal que “inicia un procedimiento administrativo sancionador contra aquellos que hayan infringido gravemente lo estipulado en el artículo 62 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal”. El decano explicó que dicha normativa sanciona expresamente la divulgación indebida de información por parte de cualquier miembro del Ministerio Fiscal, “de información obtenida durante o por motivo de sus funciones, especialmente cuando dicha revelación perjudica la integridad de los procesos judiciales o afecta a cualquier individuo involucrado”.
El ICAM considera que “la divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes, sin un acuerdo de conformidad formalizado, constituye una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe, y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal”.
Por otro lado, el decano ha informado de que el ICAM, hasta que no se establezcan mecanismo reforzados de confidencialidad, se desvincula del protocolo de conformidades suscrito entre el Ministerio Público y la Abogacía. Eugenio Ribón ha indicado que “desde este momento se insta a una revisión del actual protocolo de conformidades, dada su inadecuación y que, vistos los hechos, el secreto de sus comunicaciones no parece estar garantizado”.
INSTRUCCIÓN DIRECTA DEL FISCAL GENERAL
El pasado jueves el gabinete de prensa de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid -por instrucción directa del fiscal general del Estado, tal y como desveló EL MUNDO- envió a los medios de comunicación la nota de prensa con la negociación mantenida con el letrado del empresario Alberto González Amador.
Horas después, el colegio de letrados se reunió de urgencia y emitió un duro comunicado destacando que la Fiscalía Provincial de Madrid reveló “datos concretos de unas diligencias de investigación” a través de un comunicado y subraya que entre “esas filtraciones figuraban fechas, conversaciones y reuniones que suponían una “ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados”.
Por su parte, el fiscal general ha enviado hoy un comunicado al Consejo General de la Abogacía Española donde sostiene que se salvaguardó el deber de reserva del ministerio público ya que sólo se informó de aquellos aspectos que “resultaron indispensables para despejar cualquier sombra de sospecha de los miembros de la Fiscalía de Madrid y que además ya se conocían en prensa “como consecuencia de una indeseable filtración”, informa Efe.
En este punto, García Ortiz anunció que se revisarán “los sistemas de seguridad” para evitar “filtraciones de datos y archivos que se encuentren” bajo custodia de la Fiscalía, y confía en que la “implantación” de nuevas herramientas informáticas permita “seguir la trazabilidad” de documentos y garantizar la protección de datos reservados.