Mientras él hace fuerza —mucha— para mostrarse como el más mileísta de los intendentes, a Guillermo Montenegro se le desordena la tropa: salud, asfalto, y grandes superficies, en el eje de la tormenta.
Quizás imaginando un futuro político lejos de esta ciudad en la que estuvo durante unos años de visita —tal vez imaginándose en La Plata, a cargo de la gobernación de Buenos Aires— Guillermo Montenegro, leyendo el humor político de la sociedad, viró en sus posiciones y hoy se muestra como el mileísta más devoto: propone, por ejemplo, que el trabajo municipal sea declarado esencial para así ponerle coto a las presiones del STM y limitar la capacidad de los empleados de la administración de hacer paro.
Pero mientras Tristán sueña con sentarse en la silla que hoy ocupa Axel —ya que estamos, saluden a YPF, que se va—, en la ciudad pasan muchas cosas. En este medio hemos hablado bastante sobre la situación del sistema de salud municipal, con CAPS en los que no hay médicos para cubrir las guardias, el desmanejo de recursos y una flota de ambulancias que están a punto de quedar obsoletas, al haberse cumplido el plazo de diez años de su vida útil. Ahora, se suman dos situaciones más: una cuestionada adjudicación de las primeras obras que serán pagadas con el fondo afectado de la tasa a los combustibles, y la llegada de un nuevo emprendimiento en la modalidad de grandes superficies, violando normativas tanto municipales como provinciales.
300 millones
Según la municipalidad, el dinero que se recauda mensualmente a través de la nueva tasa sobre la carga de combustibles en General Pueyrredon, es de aproximadamente unos $400 millones.
En ese contexto, que en la primera adjudicación de obras para recuperar los castigados asfaltos de nuestra urbe, se gasten $300 millones de más, es un escándalo.
Sobre este tema opinó la concejal Mariana Cuesta en una entrevista brindada la FM 99.9. Dijo: «el fondo es de aproximadamente 400 millones de pesos por mes y está afectado al arreglo de calles. Se hizo una licitación por 2 mil millones de pesos y había tres ítems que son fresado, recapado y bacheo. Se presentaron empresas, cada una con su pliego y el gobierno municipal optó por el precio global más barato de los tres ítems. Lo que vemos es que si comparamos por ítem, que se puede hacer, el municipio se ahorraba 300 millones de pesos».
Ante esa situación, pidieron las explicaciones pertinentes por parte del EMVIAL: «lo que hicimos fue presentar un pedido de informes para que nos cuenten porque tomaron la decisión de analizar lo global, en vez de ítem por ítem. Estamos diciendo que se recaudan 400 millones por mes y por eso, 300 millones es mucho dinero».
Sobre el acompañamiento de los bloques restantes, Cuesta señaló que no habría motivos para no hacerlo: «no cierra por ningún lado, es bastante lógico porque estamos hablando de ahorrar 300 millones para hacer más obras. Tiene que ver con una decisión de alguien que se equivocó y presentamos este pedido para que se pueda corregir».
Ante un movimiento de tanto dinero de forma mensual, el control será fundamental. Desde Unión por la Patria además, indican que están a tiempo de corregir si hubo un error: «es una herramienta que no sólo se está utilizando aquí, es algo muy cuestionado porque es la creación de una nueva tasa. Los camiones, por ejemplo, pueden ir a cargar a otro municipio donde la tasa es más barata. También está siempre el tema de que el fondo afectado termine con el dinero que corresponde y que la primera licitación que se hace tenga esa diferencia, no está bueno».
Además, en una reciente presentación judicial —impulsada por una de las empresas que participó sin éxito de la licitación— se indica que existió una maniobra irregular por parte del oferente adjudicado: luego de haber hecho su propuesta, presentaron una nota donde indicaban que los precios que figuraban en la misma sólo eran válidos si les otorgaban a ellos todo el paquete de obras a realizar.
Que ellos hayan hecho esa salvedad, una vez ya iniciado el proceso de licitación, no es tan grave. Lo que sí es escandaloso, es que la municipalidad haya convalidado dicha irregularidad.
Hay un detalle que quizás sea o no importante: la empresa a la que se le adjudicó la obra, es la dueña del edificio alquilado en donde funciona el COM. ¿Cómo estará ese contrato de alquiler? ¿Se habrá ajustado de acuerdo a la inflación? ¿Estará alguien queriendo darles una compensación con ese pago de $300 millones de más?
Por ahora, hechas las presentaciones en la justicia y los pedidos de informes en el HCD hay instancias de sobra para corregir el rumbo.
Disimulando
La UCIP suele dormir bastante la siesta, pero parece que esta semana se despertaron para poner el grito en el cielo ante una avivada fenomenal: la pretensión de la Cooperativa Obrera de avasallar las normativas municipales y provinciales y abrir una nueva sucursal de «La Coope» en el predio conocido como «Único Vértiz», ubicado en en las calles Talcahuano, Azopardo, Dellepiane y Avenida Vértiz.
¿Cuál es el problema? El principal y más claro, es la normativa que regula las grande superficies en la ciudad. Recordemos que, hace tres años, la empresa Carrefour se quedó con las ganas de abrir nuevos locales en Mar del Plata a raíz de esta normativa. Pero parece que a la Cooperativa Obrera, se le permite trabajar bajo otras reglas.
Para empezar, «La Coope» ya cuenta con cuatro locales, cuando sólo debería poder habilitar tres. Que pretendan abrir otro más, ya parece un abuso manifiesto.
¿Qué es lo que se le reclama al recientemente converso mileísta? La falta de controles ante el avance a vista de todo el mundo de las obras en un predio que, en una vana maniobra de distracción, aparece como si aún perteneciera a su dueño anterior.
Pero eso no es todo, ya que tanto desde la UCIP, como de otras empresas que trabajan en el sector, indican que, al funcionar bajo la modalidad de una cooperativa, estos emprendimientos incurren en una competencia desleal, ya que la Cooperativa Obrera está exenta de pagar tanto el impuesto al valor agregado (IVA) como ingresos brutos e impuesto a las ganancias. Mientras que, supuestamente, estos locales sólo le venden a quienes son socios de la cooperativa, los denunciantes pudieron demostrar a través de un escribano que en los cuatro locales les vendieron productos a pesar de no estar asociados. Una avivada total.
Mientras Montenegro se distrae con sus sueños de grandeza y se ve enfundado en la banda de gobernador, en Mar del Plata están pasando muchas cosas a las que es urgente que el intendente y su nutrida cohorte de funcionarios les empiecen a aprestar atención.