El abogado interviene en la denuncia sobre las organizaciones que extorsionaban a las personas con los planes sociales y los alimentos que entregaba el estado.
Los allanamientos e imputaciones que se realizaron contra las organizaciones denominadas sociales que administraban espuriamente los recursos que el Estado otorga para ayudar las personas que más lo necesitan; dejan en evidencia un perverso sistema que usa a la pobreza.
El abogado Fernando Soto forma parte del equipo que, desde el Ministerio de Seguridad, está trabajando en estos temas y contó en la 99.9 que “es la primera vez que se avanza en la investigación con allanamientos e imputaciones contra este tipo de organizaciones que parecen más sociedades anónimas que organizaciones sociales”. Sobre el origen de esta causa indicó que “cuando la ministra Bullrich habilitó la línea 134 un día antes al 20 de diciembre para ver si la gente recibía presiones para ir a la movilización; el primer día recibimos 3.600 llamadas, luego 8 mil, después 10 mil, 12 mil y ahora estamos arriba de 130 mil llamados de gente a los que los amenazaban para ir a la marcha con sacarle el plan. De hecho a muchos le sacaron el plan por no ir”.
Las denuncias que recibieron eran diversas y había pruebas de todo que se fueron volcando en los expedientes para luego proceder a los allanamientos: “muchos denunciaron que le cobraban un porcentaje por mes que llegaba a un 20% del plan. Todo esto denunciado, notificado y ampliado en la fiscalía. Están los chats donde lo decían y los comprobantes de las transferencias. Además los castigaban a un nivel jerárquico donde si no concurrían a la marcha, le sacaban el plan o la ración de comida que le daba el Estado, en ese momento Desarrollo Social. Los ponía en la categoría de castigados, pasaban a una lista de espera y tenían que hacer méritos para volver a cobrarlo. Ese dinero y mercadería se la daba el estado para ayudar a los más pobres”.
La única defensa que públicamente hizo Belliboni, uno de los principales responsables de este delito, no tiene que ver con negar los hechos, sino en cuestionar la forma en que se hicieron los allanamientos: “Belliboni en vez de decir que ellos no estafaron, extorsionaron ni robaron, dicen que el allanamiento se hizo sin lo que establece el código procesal; es un reconocimiento casi tácito. Ahora el juez Casanello no ordenó las detenciones a pesar de que el fiscal las pidió porque cree que hay peligro de fuga u obstaculización de la investigación. Seguramente se ocultarán pruebas, pero se llamará a indagatoria y se ampliará la investigación. Se secuestraron dispositivos electrónicos y se hará una pericia urgente. Se levantó el secreto bancario asique se pedirá informes de movimiento de todas las cuentas porque ese dinero seguramente iba a otros lugares más arriba”.