Sebastián Maril: “Los beneficiarios quieren demostrar que el estado actúa como si YPF fuera propiedad suya”

El analista internacional habló en la 99.9 sobre la intención de la jueza Preska de avanzar sobre bienes de YPF y las reservas del Banco Central.

La causa por la expropiación de YPF sigue teniendo distintos capítulos ante la falta de respuesta del estado nacional a los beneficiarios del fallo de la juez Loretta Preska. Ahora lo que están reclamando es avanzar sobre bienes de YPF y reservas del Banco Central.

El analista internacional Sebastián Maril habló a través de la 99.9 sobre lo que esto significa: “cuando perdés un juicio, podés apelar y Argentina está apelando pero si no depositas una garantía, los beneficiarios pueden actuar contra tus activos. Argentina no presentó garantía, no está hablando con los beneficiarios y se hartaron. Por eso fueron contra activos del país como las acciones de YPF y al mismo tiempo buscan, ya que el estado argentino como perdedor del fallo no está haciendo nada, empresas del estado que actúen como el estado en sí. Quieren mostrar que YPF, el Banco Central y el gobierno no es independiente del estado argentino”.

La manera en la que los gobernantes se han expresado siempre públicamente, es un arma hoy de doble filo porque lo están utilizando los beneficiarios como prueba ante la jueza: “no se puede actuar como si fuera propiedad tuya, hay que ser responsable en como la manejas. Preska dijo solamente iremos a buscar información de los últimos dos años. Los beneficiarios presentaron artículos, audios y videos de ambos gobiernos demostrando que usan YPF como si fuera propiedad propia. Quieren convencer a Preska que si Argentina no paga, lo haga YPF o el Banco Central con sus activos”.

Lo cierto es que, mientras tanto, día a día a la Argentina le cuesta millones de dólares en intereses no dar respuesta alguna o sentarse a negociar: “de los 16 mil millones de la sentencia original, estamos sumando 2 millones y medio de dólares por día. Desde el 8 de septiembre del año pasado son unos 450 millones de dólares adicionales. Hay que sentarse a dialogar porque los beneficiarios del fallo de YPF son nuestro segundo mayor acreedor después del FMI y los estamos ignorando. Entonces empiezan los embargos”.