La periodista española habló en la 99.9 sobre lo que significa la Ley aprobada en el parlamento español y señaló que “es un grupo de políticos indultando delitos a otros políticos a cambio de seguir todos en el poder“.
Luego de la aprobación de la discutida Ley de Amnistía en España, lejos de terminarse un proceso se abrirá otro porque se buscará a través de la vía legal que no se pueda aplicar.
La periodista española María Jamardo habló en la 99.9 sobre lo que significa este acuerdo político traducido en una ley: “como estaba previsto por la mayoría que se dice progresista pero no lo es, porque no hay nada menos progresista que aprobar una ley que hace diferencias y desigualdades entre ciudadanos, salió la Ley de Amnistía donde el gobierno de Pedro Sánchez y sus socios de investidura se aseguran la continuidad en sus puestos. La ley que se aprobó en el parlamento es un grupo de políticos indultando delitos a otros políticos a cambio de seguir todos en el poder”.
Si bien sabían que esto podía suceder, los españoles en líneas generales no están de acuerdo con esta medida, pero no pueden desde el parlamento modificarlo: “lo que nos sorprende a los que creemos en la libertad es que un gobierno se preste como colaborador necesario para que efectivamente dos formaciones minoritarias en el Congreso, que es de todos los españoles, impongan su voluntad a través de un proceso que es legal, pero en contra del sentir general de la sociedad. Viene de la mano de un presidente que no ganó las elecciones que se celebraron el pasado verano. Se está imponiendo la tiranía de una minoría para quebrantar el orden institucional establecido”.
Habrá procesos para iniciar a partir de la sanción de la ley y por eso cree que no será de aplicación inmediata: “hay dos vías legales para discutir la constitucionalidad de la norma. Una es lo que plantean las comunidades autónomas como la de Madrid presentándose ante el Tribunal de Garantías español y, en paralelo, los propios jueces que deban aplicar esa norma si tienen dudas pueden ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que puede decir si la Unión admite que un país miembro perdone no sólo el delito cometido, sino los importes que se desviaron para una finalidad ilegal. El camino es tedioso y esto no tendrá los efectos deseados de manera inmediata”.
Paralelamente la sociedad sigue atentamente lo que sucede con la causa contra Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez como parte de un mismo combo de corrupción: “hay un astío importante porque todo tiene que ver con la corrupción de la política. También está la corrupción de quien se cree que, por ser la mujer del presidente, puede hacer y deshacer lo que considera oportuno en el ámbito de su negocio aún cuando se está conociendo que intervenían entidades, organismos y administraciones públicas y que presuntamente se beneficiaron algunas empresas sobre las que el Consejo de Ministros que preside su marido, tenía que tomar decisiones”.