El presidente del Instituto de Cooperativas de la provincia de Buenos Aires habló en la 99.9 sobre las acusaciones contra distintas organizaciones y señaló que “hay desconocimiento del gobierno nacional”.
Días atrás se llevó adelante en Mar del Plata el Segundo Congreso Productivo Bonaerense que fue organizado por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y donde estuvo presente el presidente del Instituto de Cooperativas de la Provincia, Gildo Onorato.
En declaraciones a la 99.9, dio su definición del trabajo que realizan: “a través de la decisión de crear el organismo, la perspectiva es integrar al cooperativismo al modelo productivo de la provincia. Tenemos más de 7 mil cooperativas, el cooperativismo junto con las mutuales genera casi el 15% de nuestro PBI”.
Al ser consultado sobre las denuncias que cursan en la justica tanto de cooperativas que estaban constituidas pero no existían en la realidad y otras que se apropiaron de dinero del estado sin contraprestación alguna, hizo una acusación política: “hay desconocimiento del gobierno nacional. Independientemente de su actitud de gestión sobre las cooperativas, hay una intención de desarticular los valores comunitarios que se ve en el ataque sobre la clase trabajadora, la pyme, la producción, el mundo de la industria que vive una situación muy compleja. Hay una perspectiva de la crueldad y queremos reparar lo que el gobierno está rompiendo”, indicó respaldando el discurso del gobernador Kicillof.
En el caso específico de las cooperativas indicó que harán lo posible para transparentar el trabajo que realizan las cooperativas, pero que parecen no haber hecho los cuatro años anteriores de gobierno: “hay una intención de estigmatizar y perseguir. Hay que buscar las respuestas en la justicia y tenemos que trabajar por la transparencia y la eficiencia del modelo cooperativo. No podemos generalizar situaciones absolutamente marginales cuando hay un movimiento que nuclea más de 500 mil personas en la provincia”.
Nunca terminó de hacerse cargo de la parte en la que el estado debe controlar donde va el dinero que envía y que las cooperativas que están cometiendo delitos sean efectivamente denunciadas como hizo el gobierno nacional con sólo echar un vistazo en lo administrativo: “las personas que cometieron ilícitos deben dar respuestas en la justicia y tienen que ser sancionadas en caso de comprobarse, lo que no puede pasar es que se generalice. Nosotros no hacemos la vista gorda y vamos a trabajar en un código de transparencia para la claridad en la gestión pública”, finalizó.